Tegucigalpa – Ocho años, seis meses, dos semanas y cuatro días pasaron desde el asesinato del Fiscal de Oro, Orlan Arturo Chávez, para que la justicia hondureña decretara la pena concreta contra los responsables de quitarle la vida al jefe de la Unidad de Lavado de Activos de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado.
– Queda pendiente la acción penal contra el ex oficial policial Mario Mejía Vargas, quien guarda prisión en EEUU por delitos de narcotráfico.
Su asesinato conmocionó al país entero y rápidamente la zozobra se apoderó de la sociedad bajo condiciones difíciles producto de la inseguridad que ponía al país en de cabeza.
Por aquellos años se ejecutaron varios asesinatos selectivos por parte de la criminalidad organizada que mostraba su músculo y dejaba entrever su colusión con cuerpos de seguridad, desde donde se cometían los hechos criminales.
Fue así que con el paso de los años se comprobó que dos elementos de la Policía Nacional tuvieron participación directa en el asesinato del “Fiscal de Oro”. Entonces el cuerpo policial era objeto de un proceso de depuración que aún continúa y que ha dejado en el camino el costo de muchas vidas y que aún se mantiene en pie, dejando respuestas pendientes y mostrando que falta mucho por sanear.
Políticos, zares antidrogas, periodistas y personas de todos los estratos de la sociedad pagaron con sus vidas esa agitada temporada de violencia en el país, uno de ellos fue Orlan Arturo Chávez.
Fiscal de altos quilates
A Orlan Arturo Chávez se le conocía como “El Fiscal de Oro”, un profesor universitario y principal hacedor de las leyes contra el lavado de activos y otras normativas anticrímenes. Era originario de Salamá, Olancho y tenía 52 años cuando fue asesinado.
Lo mataron poco después de las ocho de la noche, en las cercanías del Estadio Nacional, los sicarios, se indicó durante la reconstrucción del crimen, se trasladaban en moto y lo atacaron a tiros. Fueron auxiliados por “banderas” (informantes del crimen), cuando una camioneta se le cruzó por el frente.
Orlan tenía grandes conocimientos como economista y abogado litigante de los tribunales de la República, se apasionaba con los casos que conocía o tenía que dirigir al momento de presentar las acusaciones respectivas, condición que lo volvió en un blanco que estorbaba al crimen organizado.
Orlan Chávez era egresado del posgrado en Derecho Penal y Procesal Penal, además de tener formación especializada en Derecho Constitucional. Su formación de grado era en Economía y en Ciencias Jurídicas y Sociales. También se formó en la Escuela de Investigación Criminal de la Academia Nacional de la Policía en Guatemala.
Su muerte significó una pérdida para la academia y la justicia, pero en especial para la sociedad hondureña.
Reportes oficiales, brindados en su momento, indicaron que solo en 2012, poco antes de su asesinato, la unidad fiscal que él dirigía redituó a Honduras 197 millones de lempiras, mediante sentencias favorables por lavado de activos.
Chávez y su equipo habían logrado judicializar 27 denuncias vinculadas a lavado de activos. Hacía mucho y era silencioso, nunca hizo aspavientos de los éxitos que alcanzó en favor de la sociedad.
Uno de sus logros profesionales más destacados es que fue el creador de la Ley de Lavado de Activos. Además de trabajar directamente y como principal académico en otras normas relativas. Trabajó por 18 años para la Fiscalía hondureña.
Hace unos años -2018- la viuda Reina Margarita Morales, denunció que, tras la muerte de su esposo, fue abandonada, incluso denunció que un abogado que le fue asignado a la familia, al final salió cobrándole una cantidad millonaria para honrar sus honorarios y estuvo a punto de vender la vivienda para saldar la deuda.
Morales reveló que el MP, que en ese momento era encabezado por el fiscal Luis Rubí, apenas le pagó el seguro de vida, no así otros derechos laborales que le correspondían.
El fiscal general Oscar Chinchilla tomó el caso de Orlan Chávez como una prioridad en la búsqueda de la justicia y aparte de darle seguimiento investigando a fondo el crimen, también honró el nombre del “Fiscal de oro” bautizando con el nombre de Orlan Arturo Chávez la escuela de formación de fiscales del ministerio Público.
Condenas de este viernes
Este viernes, el portavoz de la Fiscalía hondureña, Carlos Morazán, citó que finalmente se logró justicia en memoria del exjefe de la Unidad de Lavado de Activos de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado.
Recordó que al malogrado fiscal Orlan Arturo Chávez se le reconoce su lucha contra los grupos criminales, ya que fue él quien creó todo el estamento jurídico en el tema de lavado de activos que ahora cobra especial importancia en Honduras.
“Su muerte conmocionó a la sociedad hondureña y desde que comenzaron las investigaciones los fiscales del delito contra la vida con apoyo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), lograron esclarecer los hechos y acusar a tres personas”, desglosó el oficial de comunicaciones del MP.
Detallo que para el expolicía Wilmer Samuel Álvarez Pagoada la pena alcanza 24 años y seis meses de reclusión, mientras para su cuñado Luis Alejandro Castro Núñez la misma fue de 28 años y seis meses de cárcel, al sumarle a este último el cargo de portación o posesión ilegal de arma de fuego comercial.
(LEER) Civil y expolicía culpables por asesinato del Fiscal de Oro
Tercer implicado
La tercera persona implicada en el asesinato del Fiscal de Oro, es el comisario Mario Guillermo Mejía Vargas, quien guarda prisión en EEUU acusado por delitos de narcotráfico. Se declaró culpable de los cargos ante un juez norteamericano y está a la espera de su condena.
A Mejía Vargas se le considera el autor intelectual del asesinato de Orlan Chávez, es por ello que la Fiscalía mantiene vigente una orden de captura contra el exoficial en Honduras.
“Una vez que cumpla su condena en Estados Unidos, Mario Guillermo Mejía Vargas deberá responder por los cargos que se le imputan ante la justicia de Honduras”, dijo Morazán.
Remató que “para nosotros este es un caso emblemático porque Orlan Arturo Chávez en el ejercicio de su cargo fue asesinado, ya que su trabajo contra la narcoactividad y lavado de activos lo pusieron en la mira de estructuras criminales”.
Detalló que fue el MP que reactivó las investigaciones en este caso específico cuando se creó la unidad de apoyo al proceso de depuración policial y mediante acciones de la ATIC se logró aportar 37 medios de pruebas que demostraban la participación de los tres implicados en el vil asesinato de Chávez.
Entre las pruebas se aportaron dictámenes médicos legales, comparativos de balística forense, vaciados telefónicos y otras pruebas documentales técnico-científicas.
Los hechos
El crimen contra el fiscal ocurrió el 18 de abril de 2013, a eso de las 8:15 de la noche, cuando el funcionario regresaba de impartir cátedra en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) a bordo de un vehículo Mazda BT-50, cuando fue interceptado por dos sujetos a 60 metros del puente Juan Ramón Molina, quienes sin mediar palabra abrieron fuego en contra de su humanidad.
Los asesinos identificados posteriormente como Wilmer Samuel Álvarez Pagoada y Luis Alejandro Castro Núñez fueron capturados por la ATIC en el marco de la Operación Dignidad que se ejecutó el 13 de febrero de 2017.
Esa misma fecha fue acusado el comisario de policía, Mario Guillermo Mejía Vargas (47), considerado autor intelectual del asesinato y a quien también se le giró orden de captura, por lo que tendrá que responder ante la justicia hondureña una vez que culmine su proceso y condena por narcotráfico en Estados Unidos.
El expediente, la Sección de Investigación de Muerte de Personas Pertenecientes a Grupos Sociales Vulnerables de la FEDCV lo logró judicializar luego de la efectiva labor de agentes de la ATIC, asignados a la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial (UF ADPOL) que retomaron la investigación del caso, pudiéndose así acreditar la participación de las tres personas acusadas, dos de ellos miembros de la Policía Nacional. (JS)
