Tegucigalpa – Nuevamente la lucha anticorrupción se pone en duda, lo que desató la reacción de los sectores que claman por una política limpia en el gobierno y en especial en el uso de los dineros públicos, tras aprobarse en el Congreso Nacional una reforma a la Ley de Administración Pública que le daría la exclusividad de la investigación al tribunal Superior de Cuentas (TSC) en detrimento del Ministerio Público (MP).
-La noche del pasado martes, el Poder Legislativo, aprobó en primera lectura la reforma al artículo 115 de la Ley General de la Administración Pública y decidió iniciar un proceso de consultas para proceder al segundo y tercer debate.
En ese orden, mientras el diputado proyectista, Marcos Paz, defiende que el objetivo de su propuesta no es quitar facultades al Ministerio Público, sino fortalecer el proceso de fiscalización y auditoría que tiene que llevar el TSC, otros sectores de la sociedad civil como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), arguyen que se trata de un blindaje para las personas que han actuado al margen de la ley.
Tras el alboroto creado en diversos sectores, incluyendo diputados, el Congreso Nacional decidió suspender la discusión y aprobación en segundo y tercer debate de la reforma, a la espera de consensuar con los críticos de la misma.
El artículo 115 de la normativa de administración pública, textualmente indica que “incurrirán en responsabilidad criminal y civil aquellos miembros de los órganos colegiados que participen en la deliberación o en la votación de asuntos en que tenga interés o lo tuviere su cónyuge, sus parientes en el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad”.
Y añade que “también incurrirán en responsabilidad, cuando las decisiones del órgano colegiado lesionaren los intereses del organismo al que pertenezca, exceptuando aquellos que hubieren razonado su voto en contra”.
La Comisión de Dictamen de la reforma al artículo 115 de la Ley General de Administración Pública, que se aprobó en primer debate, decidió iniciar un proceso de consultas con los sectores obreros y empresariales.
La Comisión de Dictamen nombrada por el Congreso Nacional, está conformada por los parlamentarios Marcos Velásquez, Raúl Bulnes, Abigail Ramos y Carlos Ledezma.
Introducción de la propuesta de reforma
Marcos PazSegún el diputado Marcos Paz, el encargado de introducir el proyecto de reforma, el objetivo de su propuesta no es quitar facultades al Ministerio Público, sino fortalecer el proceso de fiscalización y auditoría que tiene que llevar el TSC sobre los órganos colegiados que integran sectores fuera del Gobierno.
Consideró que con las nuevas atribuciones al TSC se pretende crear una alarma o figura encargada de actuar inmediatamente con la emisión de dictámenes civiles, a la Procuraduría General de la República o si es de carácter penal enviarlo a la Fiscalía, ya que en ningún momento se le está quitando la responsabilidad de actuar a los entes contralores.
En ese sentido dijo que quienes cuestionan su propuesta, deberían analizar el dictamen a fondo, pues lo que se pretende es fortalecer el debido proceso, en el agotamiento de las instancias con el fin de evitar que se sigan cometiendo daños al Estado en el tema presupuestario que es donde se han tenido serios problemas.
Se quiere blindar la corrupción
Gabriela CastellanosDe su parte, Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), señaló que con la presentación de este proyecto de decreto se quiere blindar la corrupción desde el Congreso Nacional.
“Ha sido uno de los planteamientos más terribles, el primer planteamiento de este año con el que básicamente se blindan algunas personas”, declaró la directora del CNA.
Adelantó que el CNA se pronunciará en el algún momento sobre este proyecto promovido en la Cámara Legislativa.
“Creo que hay que darle el análisis necesario para que la población sepa que se está haciendo nuevamente desde el Congreso Nacional para la corrupción”, enfatizó Castellanos.
De forma enfática reiteró que se quiere blindar la corrupción y algunas personas que han actuado al margen de la ley.
Indicó que es preocupante que esto se esté dando “nuevamente” desde el Congreso Nacional.
“Tampoco es nuevo, desde el año pasado se vieron un sinnúmero de acciones por parte de ciertos diputados y diputadas para blindar la corrupción”, externó.
“Los diputados quieren blindar a los corruptos, nosotros los hemos encontrados en todas partes… la corrupción campea en todos los poderes del Estado”, zanjó.
Cuestionamientos en el Legislativo
Jari DixonPara el parlamentario de Libertad y Refundación, Jari Dixon, la propuesta de su compañero de cámara, solo busca quitar la exclusividad de la investigación y decidir quiénes son responsables de delitos civiles, administrativos y penales, en detrimento del Ministerio Público.
Por lo que indicó que la reforma al artículo 115 de la Ley General de Administración, aprobada en primer debate, se otorga potestad única al TSC definir quién tiene responsabilidad civil, administrativo y penal en casos de corrupción que investigue y luego lo traslada al Ministerio Público.
Dixon afirmó que no “pueden amarrar” al Ministerio Público a las decisiones del TSC, ya que este organismo “siempre ha hecho informes y los ha remitido a la Fiscalía General, pero eso no es un obstáculo a la acción de los fiscales”.
Por lo que asegura que esas acciones solo “siguen poniendo obstáculos al MP y a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) para que no sigan investigando (…) asimismo lamentó que dicho proyecto en el Poder Legislativo promociona la impunidad.
Un nuevo pacto de impunidad
Doris GutiérrezY para la jefa de la bancada del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD), Doris Gutiérrez, estas reformas avizoran la gestación de un nuevo pacto de impunidad en Honduras, porque solo buscan debilitar las facultades del MP.
Gutiérrez, señaló que el proyecto de reformas a la Ley de Administración Pública, “se presentó de manera intempestiva, como dicen a ojos de buen cubero, podría ser un nuevo pacto de impunidad, orientado a quitarle funciones al MP y a los mismos tribunales de justicia”.
Según la parlamentaria se le quitaría funciones a la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y la Corrupción (Ufecic) y a la Procuraduría General, por lo que asegura que no es necesario dar funciones de este carácter al TSC, sino de trámite administrativo.
Consultas
Mario SeguraPor otro lado, el jefe de la Bancada Liberal, Mario Segura, manifestó que se reunirá con la junta directiva para realizar las consultas necesarias sobre el alcance de esta reforma.
“Consultándoles a las personas que saben para tener un criterio claro y responsable para el momento de votar y opinar en la cámara legislativa”, dijo Segura.
El diputado liberal indicó que el primer debate de la reforma fue ilustrativo, porque conocieron el parecer de la comisión de dictamen.
Señaló que, el ambiente en el Congreso Legislativo sobre la reforma es que las bancadas realizan debates para tener un mejor criterio a la hora de fortalecer el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
Segura aseveró que la intención de la Bancada Liberal es ser respetuosos con la institucionalidad.
Sociedad Civil pide participación
Omar RiveraDesde la óptica del representante de la Sociedad Civil, Omar Rivera, las fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo “deben discutir a profundidad las reformas al reglamento administrativo, pues a todas luces debilita y limita la acción anticorrupción del Ministerio Público.
En ese contexto, Rivera cree que se deben “generar amplios espacios de participación para socializar estas reformas legales a instancias de la sociedad civil, entidades contraloras del Estado, instancias operadoras de justicia y la MACCIH, para que den su opinión respecto a las mismas y evitar errores”.
A criterio del representante de Sociedad Civil “así no se fortalece la institucionalidad”, misma que está llamada a enfrentar las redes de corrupción en Honduras”, asimismo percibe que “disminuir facultades del MP, es quitarle dientes a quien lidera lucha contra la corrupción en el país”.
La Constitución establece que se debe hacer
Melissa ElvirDe su lado, la abogada Melissa Elvir, representante de la Fundación Democracia sin Fronteras (FDsF), destacó que estos casos la Constitución de la República ya establece que atribuciones corresponden a cada dependencia.
“Ya la Constitución establece cuales son las funciones del Tribunal Superior de Cuentas y cuáles son las funciones del Ministerio Público”, exteriorizó la representante de FDsF.
Consideró que no basta con la reforma a una Ley de Administración Pública para reformar el tipo de funciones de las instituciones en mención.
“Entonces deberíamos estar planteando también una reforma a la Constitución de la República en dado caso que la reforma realmente sea sustentable, debería también estarse cambiando los artículos constitucionales de las funciones del Tribunal Superior de Cuentas y del Ministerio Publico así como sus leyes orgánicas respectivas”, apostilló la letrada.
Consideró que se está proponiendo cambiar las normas sin ver las normas que ya hablan sobre el tema.
