Tegucigalpa- Tras concluir la audiencia inicial, el juez que lleva la causa dictó auto de formal procesamiento a cinco personas imputadas en varios delitos vinculados a la explotación laboral.
La portavoz de los tribunales, Bárbara Castillo, detalló que de los cinco imputados en la Operación Libertad, tres de ellos se defenderán en libertad y dos fueron enviados a prisión.
En ese sentido, dijo que los propietarios de la cadena de restaurantes Típicos de la Costa, María Margarita Flores y Martín Rolando Izaguirre, continuarán recluidos en las cárceles de mujeres en Támara y Siria en El Porvenir, Francisco Morazán, respectivamente.
A ambas personas se les acusa de los delitos de explotación laboral ilícita, explotación laboral infantil y explotación en condiciones de servidumbre agravada como autores.
Asimismo, dijo que a María Margarita Flores, se le acusa por el delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras.
Mientras que a los otros tres involucrados en este caso, se les dictó un auto de formal procesamiento, pero se defenderán en libertad, los imputados Dennis Edgardo Castillo, empleado de la Secretaría de Trabajo, señalado por el delito de revelación de secretos en perjuicio de la administración pública.
Mientras que por el delito de explotación en condiciones de servidumbre agravada en calidad de cómplices continuarán en este proceso judicial, Martín Izaguirre Flores y Carmen Patricia Izaguirre, hijo y sobrina de los dueños respectivamente.
El 23 de septiembre, el Ministerio Público ejecutó la “Operación Libertad”, en la que además se realizaron allanamientos, rescates de esclavos y aprehensiones en los restaurantes ubicados en Altos de Toncontín, Miraflores y El Hato de Enmedio.
Las investigaciones surgen de la denuncia que fue interpuesta hace aproximadamente tres meses ante la Unidad contra la Trata, Explotación Sexual, Comercial y Tráfico de Personas de la Fiscalía por una organización no gubernamental que dio a conocer la esclavitud ejercida en varios restaurantes y en viviendas.
Los resultados mostraron que los ciudadanos explotados son traídos del interior del país aprovechándose de su vulnerabilidad y necesidad haciéndolos trabajar sin respetar el Código de Trabajo (sin Seguro Social ni vacaciones) y pagándoles sueldos miserables.
Además, la investigación reveló que la mayoría de estas personas son obligadas a vivir en condiciones infrahumanas, en cuartos con literas donde tenían que compartir dos personas una misma cama y bajo amenazas.
En el momento del operativo, la Fiscalía rescató a los 32 esclavos víctimas de los dueños y familiares del restaurante entre los cuales se encuentran tres menores de edad.
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