Tegucigalpa. – Las elecciones presidenciales a efectuarse este domingo en El Salvador y las de Guatemala, en junio de este año, plantean sin duda una reconfiguración del poder político en el Triángulo Norte de Centroamérica, donde crece la posibilidad de que un outsider triunfe en San Salvador, mientras en Guatemala, el desgaste de la élite política no tiene clara las opciones presidenciales y los guatemaltecos parecen no estar dispuestos a repetir la experiencia con Jimmy Morales.
La subregión está frente así a una reconfiguración del poder político que marcará de una u otra forma el rumbo de las relaciones entre Honduras, Guatemala y El Salvador en aspectos comunes como la violencia, la inseguridad, el crimen organizado, la migración y la integración económica.
Este domingo, 3 de febrero los salvadoreños se abocarán a las urnas para elegir un nuevo gobierno por un período de cinco años. Las elecciones serán históricas porque es probable que marquen también el fin del bipartidismo político en ese país liderado por el derechista partido ARENA y el izquierdista FMLN.
Las elecciones son las octavas desde que se promulgó su Constitución en 1983 y las sextas desde que se firmaron los acuerdos de paz en 1992 que puso fin al conflicto interno bélico que vivió esa nación en el siglo pasado.
Hasta ahora, el reparto político del poder había estado en manos de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) que gobernó por 20 años consecutivos y luego vino el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que ya lleva 10 años consecutivos en el poder. Pero esta tendencia puede cambiar según los últimos sondeos de opinión pública en ese país centroamericano.
Tres son los aspirantes con mayor intención de voto que se disputan a los electores salvadoreños: Carlos Calleja por ARENA y en alianza con otros tres partidos políticos, por el FMLN, en el poder, se encuentra Hugo Martínez que había venido fungiendo como canciller, y Nayib Bukele por el partido de derecha GANA, cuyo máximo líder y fundador fue el expresidente Elías Antonio Saca, en prisión por corrupción.
Nayib Bukele, la sorpresa política
Los sondeos dan como favorito a Nayib Bukele, quien fuera alcalde de San Salvador por el FMLN y aspiraba a ser el candidato presidencial por ese partido político, pero no fue así, salió enemistado y expulsado del mismo. Bukele buscó cobijo en el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), un hecho que sorprendió a los salvadoreños.
Bukele es un empresario y una incógnita para los analistas salvadoreños pues intenta venderse como el personaje que impulsará la ruptura con el statu quo salvadoreño, pero nadie sabe a ciencia cierta lo que hará, pues ha rehusado participar en los debates presidenciales, lo han acusado de plagiar muchas de las propuestas de su plan de gobierno, está procesado en los tribunales y ha sido señalado de impulsar hackers y falsas noticias hacia importantes medios de comunicación.
Investigaciones del diario digital salvadoreño El Faro, lo asocian con personajes muy ligados al FMLN con quien presuntamente tiene sociedad en medios de comunicación por medio de terceras personas. Él ha negado estos aspectos, pero el diario le ha demostrado lo contrario. Nayib Bukele es un enigma, pero encarna en este momento el descontento de la mayoría de los salvadoreños con sus elites políticas representadas en el FMLN y en ARENA.
Su discurso anti sistema ha gustado a los electores y es probable que si triunfa, lo haga en una sola vuelta, sin necesidad de acudir al balotaje como ha sido una de las tendencias en El Salvador. Los comicios salvadoreños serán históricos por cómo pinta la oferta electoral.
En el caso de ARENA, su candidato Carlo Calleja, un acaudalado empresario, lideraba hasta mediados del año pasado la intención de voto, pero la irrupción de Bukele y los escándalos de corrupción golpearon fuertemente a su partido y según las proyecciones revertir la ventaja de Bukele es complejo.
En tanto el candidato del FMLN, Hugo Martínez, enfrenta la factura del desgaste y también de la corrupción. Se suma a ello todo el tema de la inseguridad y el destape de las negociaciones ocultas que el gobierno del expresidente Mauricio Funes tuvo con las maras o pandillas para lograr estabilidad a cambio de prebendas generadoras de impunidad.
El 3 de febrero, el escenario político salvadoreño será despejado e independientemente de quien gane, los desafíos de lucha contra la corrupción e impunidad, combate a la inseguridad, el tema migratorio y el del narcotráfico son agendas pendientes para quien asuma el poder en una nación que está entre las más violentas del mundo.
Guatemala también a elecciones
Guatemala, es el otro país del Triángulo Norte con escenarios inciertos. En medio de la disolución unilateral del convenio con la CICIG por parte del presidente Jimmy Morales, atemorizado por las investigaciones que es objeto, las autoridades del Tribunal Supremo Electoral convocaron a elecciones para el mes de junio de este año.
El presidente Jimmy Morales es acusado de haber recibido financiamiento ilícito electoral en la campaña que le llevó a la presidencia, en tanto su hijo y uno de sus hermanos están en prisión preventiva por presuntos delitos de corrupción. Esas acciones, más otras, obligaron a crear un bloque anti CICIG del que Morales es el cabecilla visible.
La apuesta de muchos sectores es aguantar hasta junio y con las nuevas elecciones y el nuevo gobierno mantener la presión de que la continuidad de la CICIG siga más allá de septiembre de este año, que es cuando vence el convenio original.
En Guatemala donde no existe bipartidismo, sino multipartidismo, más de veinte organizaciones políticas se aprestan a participar en la contienda a desarrollarse el 16 de junio y si ese día no hay un ganador con más del 50 por ciento de los sufragios, se iría a una segunda vuelta el 11 de agosto de 2019, según lo establecido en la ley electoral.
Los primeros cuatro aspirantes presidenciales se han presentado para inscribir sus candidaturas ante el tribunal supremo electoral, entre ellos la ex primera dama de ese país, Sandra Torres, quien se divorció de su esposo, el entonces presidente Álvaro Colom, preso por presuntos ligues con corrupción, para poder aspirar a la presidencia. Torres quiere repetir la hazaña de correr nuevamente por la presidencia en un contexto político complejo para Guatemala.
Guatemala vive, según palabras del comisionado presidente de la CICIIG, el colombiano Iván Velásquez, una “ruptura” del Estado de Derecho en vista que el presidente Jimmy Morales ha entrado en desacato con los fallos emitidos por la Corte de Constitucionalidad, la máxima instancia en términos jurídicos en ese país.
En tal sentido, en una declaración ofrecida a la BBC de Londres, el comisionado de la CICIG indica que en Guatemala no está en juego la figura del comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, ni la Comisión misma, sino “la preservación del débil Estado de Derecho existente. De manera que hay que tratar de conservar los mínimos elementos democráticos que Guatemala ha logrado recuperar a lo largo de estos 32 años”.
“Creo que una exigencia válida de la comunidad internacional es que el proceso electoral en Guatemala sea absolutamente transparente. Que no haya una injerencia indebida para tratar de prolongar el control de sectores que tienen necesidad de que ese poder continúe en manos de ellos”, acotó.
Velásquez es del criterio que solo unas elecciones libres, democráticas y transparentes, evitarán la llegada de fuerzas diferentes al ejercicio del gobierno en ese país.
El vacío también se presagia en Guatemala, que a medida que se acerquen los comicios y se perfilen los aspirantes con mayores opciones, se sabrá los rumbos que tendrán también los problemas estructurales similares a los de Honduras y El Salvador.
La reconfiguración del poder político en el Triángulo Norte, en especial en los países socios de Honduras, permitirá también dar una perspectiva al gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, que cumple su primer año de reelección, cuál será el camino en el marco de la Alianza para la Prosperidad que llevarán los nuevos gobiernos en sus relaciones con Washington.