Tegucigalpa – “A partir de los fallos judiciales de 2015 se habilitó la reelección presidencial, lo que erosionó aún más el Estado democrático de derecho, ocasionó un aumento de la tensión política en el país, agudizando la polarización preelectoral y provocando una crisis postelectoral con graves violaciones de derechos humanos”, es una de las principales conclusiones del estudio “Cambios en el Espacio Democrático y Pandemia de COVID-19 Honduras 2017-2021”.
El estudio fue presentado por el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD Honduras) y el mismo se enmarca en el periodo que comprende los años 2017 al 2021, siendo este periodo uno de los más conflictivos en materia política en los últimos años, agravado por la crisis del año 2009.
Además se analiza la llegada de la pandemia a causa de la COVID-19 y los desastres naturales que acrecentaron la crisis política existente, la falta de respuestas por parte del Estado de manera oportuna y la falta de acción ciudadana efectiva.
El texto toma en cuenta los principales hallazgos y trata de identificar las tendencias relevantes en el cierre o apertura del espacio cívico que continúan vigentes, y como estas han evolucionado durante la pandemia. Utiliza el enfoque de derechos humanos, por lo que resalta los derechos y obligaciones, así como, determina el rol de los distintos actores en la expansión o restricción del espacio cívico y la desviación o uso excesivo del poder en función del ejercicio de los derechos humanos. Asimismo, visibiliza el papel de la cooperación internacional en el período
El estudio identifica cambios en la gobernanza electoral, expansiones y/o reducciones del espacio democrático en línea o virtual en el país, así como las dificultades cívicas a lo largo del periodo y limitaciones de gran alcance, que afectan directamente la participación y la toma de decisiones.
El estudio incluye una visión temática alrededor de: Espacio democrático, reelección, crisis electoral y diálogo político; Espacio cívico y ejercicio de derechos civiles, la situación de la libertad de expresión y el derecho a la protesta; Estado de derecho, separación de poderes e independencia judicial; Avances y retrocesos en la lucha contra la corrupción e impunidad; Sistema político y reformas electorales y Espacio cívico y la Covid-19.
Principales conclusiones
En el Espacio democrático, reelección, crisis electoral y diálogo político el estudio concluye que “A partir de los fallos judiciales de 2015 se habilitó la reelección presidencial, lo que erosionó aún más el Estado democrático de derecho, ocasionó un aumento de la tensión política en el país, agudizando la polarización preelectoral y provocando una crisis postelectoral con graves violaciones de derechos humanos y que fuera heredada desde la crisis política de 2009.
Las irregularidades y deficiencias, antes, durante y después de la jornada electoral y el estrecho margen de los resultados, generó desconfianza y dudas. Esta situación afecta la confianza en las instituciones político-electorales, le resta legitimidad al proceso electivo, cierra el espacio cívico, aumenta la conflictividad y genera graves problemas de gobernabilidad democrática, subraya el escrito presentado en Tegucigalpa.
Con base en lo anterior recomienda la apertura y mantención del diálogo a distintos niveles para el establecimiento y respeto de las reglas del juego democrático. Como se ha dicho, el diálogo político contribuyó a bajar la tensión y polarización postelectoral en la sociedad, propiciando consensos entre actores políticos y mostrando la capacidad existente en el país para alcanzarlos.
A continuación Proceso Digital reproduce el análisis del NIMD Honduras en varios enunciados del estudio “Cambios en el Espacio Democrático y Pandemia de COVID-19 Honduras 2017-2021”.
Espacio cívico y ejercicio de derechos civiles, la situación de la libertad de expresión y el derecho a la protesta
Desde el enfoque de derechos humanos, la crisis postelectoral en Honduras se caracterizó por la intimidación y amenazas a periodistas y trabajadores de medios de comunicación, así como por la obstrucción en la realización de su trabajo mientras cubrían las protestas, produciéndose casos de interrupción de la radiodifusión; situación que aumentó el riesgo para el ejercicio de la libertad de expresión y del periodismo libre e independiente en el país, agravándose con la reforma legislativa al código penal que criminalizó la protesta social inclusive a través de los medios de comunicación. Preocupa el retiro del Colegio de Periodistas de Honduras del mecanismo de protección de defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia. Por ello se recomienda mantener la apertura de espacios cívicos y participación de los sectores sociales en la discusión y toma de decisiones de política pública en aquellos temas de su interés, así como el control democrático a través de la transparencia, el acceso a la información pública y la veeduría social.
Estado de derecho, separación de poderes e independencia judicial
Uno de los déficits democráticos de Honduras ha sido la falta de separación de los poderes públicos y del funcionamiento de los pesos y contrapesos, configurándose la injerencia externa de los poderes ejecutivo y legislativo, así como de los fácticos en el poder judicial, y la injerencia interna que se concretiza a través de la concentración de la función administrativa per se y su incidencia en la función jurisdiccional, teniendo ambas injerencias una afectación de la independencia e imparcialidad de la judicatura. Los casos que ilustran lo anterior, lo constituyen la destitución de los cuatro magistrados de la CSJ en 2012, el nombramiento de sus sustitutos y la sentencia de la reelección presidencial. Se recomienda revisar y fortalecer los mecanismos de elección de jueces y magistrados conforme los estándares internacionales y el desarrollo de dispositivos democráticos para el control del exceso y desviación de poder, garantizando la independencia de poderes y el fortalecimiento de los pesos y contrapesos en un Estado democrático de derecho.
Avances y retrocesos en la lucha contra la corrupción e impunidad
La corrupción e impunidad son fenómenos que afectan gravemente a la sociedad y socavan las bases del Estado democrático de derecho en Honduras. El espacio público fue ensanchado y tomado por los distintos sectores sociales bajo la premisa de fortalecer el sistema de justicia del país para la investigación, enjuiciamiento y sanción de los responsables de graves delitos contra la salud y la administración pública a través de un mecanismo internacional suigéneris de persecución penal, la MACCIH. No obstante, los avances en esta materia, no fue posible renovar el mandato de la misión internacional por la falta de voluntad política en la lucha contra la corrupción. Se recomienda el fortalecimiento y monitoreo del dispositivo anticorrupción en Honduras tanto a nivel del Ministerio Público como del Poder Judicial, Tribunal Superior de Cuentas y Consejo Nacional Anticorrupción a fin de afianzar los resultados obtenidos y avanzar hacia nuevas formas de prevención, atención y sanción de la corrupción e impunidad.
Sistema político y reformas electorales
Se ha conformado una nueva configuración multipartidaria en Honduras, la cual es meramente formal, debido a que -en la política real- se ha dado lugar a un tripartidismo, lo que ha permitido que los partidos políticos (principalmente el Nacional, Liberal y Libre) alcanzaran consensos para realizar reformas en el sistema electoral del país. Efectivamente, esta configuración partidaria tripartita, representada en el Congreso Nacional alcanzó acuerdos y aprobó importantes reformas constitucionales para un nuevo modelo electoral, dando origen a un Consejo Nacional Electoral con funciones administrativas, técnicas y logísticas, y a un Tribunal de Justicia Electoral con competencia para los actos y procedimientos en materia electoral, así como un renovado Registro Nacional de las Personas para la elaboración en particular del nuevo censo nacional electoral y un nuevo documento nacional de identidad.
Se recomienda brindar especial atención al desarrollo normativo que tendrán las reformas constitucionales a través de la Ley Electoral de Honduras, abriendo espacios y promoviendo una discusión participativa, principalmente de los temas más relevantes, a saber, reelección presidencial, segunda vuelta, integración de las mesas electorales, etc. Asimismo, lo concerniente al rol del congreso nacional en el escrutinio de votos y declaratoria de elecciones, así como el rol asignado a las fuerzas armadas a efecto de garantizar la seguridad del proceso, así como la protección de los poderes del Estado, el Consejo Nacional Electoral en su instalación y funcionamiento, lo que debe ser objeto de una discusión participativa bajo el marco de una sociedad democrática. Asimismo, se recomienda el monitoreo a la paridad, alternancia e igualdad en las nóminas a los cargos de elección popular en todos los niveles electivos en una proporción de 50% para hombres y 50% para mujeres, así como el impulso del enfoque de género para el desarrollo de un marco normativo más inclusivo y de no discriminación, tomando en cuenta su operatividad en las elecciones primarias y generales de 2021.
Espacio cívico y COVID-19
Debido a la llegada del virus del Covid-19 a Honduras, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto de suspensión de garantías constitucionales, mediante el cual se restringen derechos a la libertad personal, detención por 24 horas, de circulación, detención con orden judicial, inviolabilidad del domicilio y garantía a la existencia de la propiedad privada. Distintas organizaciones de defensa de los derechos humanos criticaron al gobierno por no incluir su personal en las excepciones, por lo que consideraron una restricción y obstaculización a su labor. La pandemia del Covid-19 ha generado un fuerte detrimento en los derechos económicos, sociales y culturales de la población hondureña, particularmente en los derechos de las mujeres, y principalmente a las madres jefas de hogar que enfrentan la disminución de los ingresos en sus familias y la disminución de las condiciones laborales, orillándolas aún más a la informalidad.
Se recomienda dar seguimiento al gobierno electrónico en los tres poderes públicos y el trabajo en línea de las organizaciones de sociedad civil, fortaleciendo la participación y veeduría social durante la pandemia. Asimismo, fomentar la promoción de modelos innovadores para el desarrollo de campañas electorales que tomen en cuenta las medidas de bioseguridad. (RO)
