Las divisiones geopolíticas y las condiciones humanitarias, económicas y sociales derivadas de la segunda guerra mundial, fueron el disparador del nuevo reordenamiento de la comunidad internacional. Ese nuevo orden global tuvo como componente fundamental el principio arriba citado, en torno al cual gravitan las actividades de observación internacional. Al inicio, las misiones estuvieron enfocadas en referendos y plebiscitos sobre la independencia de territorios bajo la administración fiduciaria de las Naciones Unidas. De igual manera, a fines de la década de los 40’s, las misiones de observación electoral de la ONU participaron en elecciones celebradas en territorios divididos ubicados en Asia y en África.
“La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.”
Declaración Universal de los Derecho Humanos, 1948.
Las misiones de observación electoral asistieron también a países en situación de post-conflicto, donde grupos involucrados en combate armado y que negociaban la paz, necesitaban de medidas de confianza adicionales sobre el sistema político y el proceso electoral que tenían por delante.
Entrado el nuevo milenio, las bases para la observación electoral internacional están recogidas en dos instrumentos básicos, la “Declaración de principios para la observación electoral internacional” y “Código de conducta para observadores electorales internacionales” (2005). Entre las 55 organizaciones suscritoras de estos documentos, figuran la Secretaría de las Naciones Unidas, la Comisión de la Unión Europea y la OEA. La Declaración de principios se sustenta en tres pilares: que las elecciones democráticas auténticas son una expresión de la voluntad soberana del pueblo; que ésta es requisito indispensable para la gobernanza democrática; y que no pueden realizarse sin la protección que brinda el imperio de la ley.
En el caso de Honduras, ante la invitación que el Gobierno hace para el envío y recepción de misiones de observación, estas se hacen presentes con el ánimo de contribuir a generar confianza, promover la tranquilidad y hacer recomendaciones para el mejor funcionamiento de los procesos. Según las guías internacionales, el trabajo que se hace debe ser objetivo y neutral, con pleno respeto a la ley nacional y sin pretender sustituir a los actores locales en el proceso.
Fuentes que citan a la oficina del Proyecto de Observación Electoral hondureño, informan que participaron en las internas, 100 observadores internacionales provenientes de 13 países, entre ellos varios latinoamericanos, así como de Estados Unidos y Jamaica. Estos se suman a unos 2,700 observadores nacionales pertenecientes a distintas instituciones del estado, organizaciones no gubernamentales y representantes de la sociedad civil en Honduras.
Como resultado de la observación de las elecciones primarias del 14 de marzo, algunos observadores han adelantado recomendaciones con miras a las elecciones generales de noviembre próximo. Por el momento, se han dado a conocer criterios relativos al censo electoral, a las instituciones que participan en brindar datos de boca de urna, la agilidad en el proceso de dar a conocer los resultados, y el uso de software eficaz para tal efecto.
Honduras ha recibido misiones de observación electoral en varias instancias en el pasado. Entre las más propositivas figuran las de la Unión Europea, las que han formulado recomendaciones en materias que incluyen reformas legislativas importantes. Honduras, como país soberano, puede aplicar o no las recomendaciones. No obstante, como miembro de la comunidad de naciones, está llamado a un comportamiento acorde con el principio que recoge la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que pasa por la libre expresión del electorado, bajo un sistema de garantías para su ejercicio.
Las recomendaciones son, al final de cuentas, una guía fundamentada en principios y normas de conducta democrática a las cuales estamos llamados a rendir cuentas. Pero más allá de responder a sugerencias o llamados de la comunidad internacional, los hondureños estamos convocados, por nuestra propia Constitución de la República, a consolidar una democracia participativa de la cual se deriva la integración nacional, la participación de todos los sectores políticos en la Administración Publica, y la estabilidad política y la paz social. Se trata de una tarea en la cual todos debemos estar empeñados de buena fe.
