Tegucigalpa – La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras, presentó este miércoles su informe anual del año 2020 en el que manifiesta su preocupación por lo que considera, la implementación de toques de queda y detenciones arbitrarias.
-Hasta agosto de 2020 la OACNUDH identificó más de 30 mil detenciones arbitrarias en Honduras.
-Actualmente Honduras se mantiene bajo un toque de queda de 10 de la noche a cinco de la mañana.
En respuesta a consulta hecha por Proceso Digital sobre el manejo de la pandemia en Honduras, Isabel Albaladejo Escribano, representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras, manifestó que les preocupan los toques de queda impuestos así como las detenciones arbitrarias a causa de los mismos.
“Nos preocupa, y lo hemos reflejado en el informe, las consecuencias de toques de queda en relación a la pandemia y sobre todo las detenciones arbitrarias”, expresó la alta funcionaria de la ONU.
Seguidamente reveló que en Honduras se registraron más de 30 mil detenciones arbitrarias hasta el mes de agosto.
Algunas de estas detenciones derivaron en tratos crueles, inhumanos y degradantes, agregó.
Las detenciones arbitrarias están amparadas no solo en el decreto de Estado de Emergencia sino por la Ley de Convivencia y Seguridad Ciudadana, sostuvo.
“En nuestra opinión es un marco legal que genera un caldo de cultivo que hace propicias esas detenciones arbitrarias y las violaciones de derechos humanos que puedan darse de las mismas”, enfatizó Escribano.
Lo bueno
No obstante, el informe anual no solo revela las falencias del manejo de la pandemia por parte del Estado de Honduras, sino también, resalta lo bueno que se hizo en este último año.
Al respecto, la representante de la OACNUDH, reconoció como esfuerzo, la liberación de privados de libertad, en otras palabras, la descongestión del sistema penitenciario de Honduras.
“Es importante reconocer algunos esfuerzos, sobre todo del Poder Judicial de liberar algunas de las personas privadas de libertad, personas en detención preventiva y nuestra oficina ha realizado el esfuerzo de enfatizar la necesidad del descongestionamiento del sistema penitenciario”, acotó.
Seguidamente indicó que más del 50 por ciento de los privados de libertad permanecen en detención preventiva, es decir aún no se ha podido determinar su culpabilidad.
En total más de 2 mil 700 personas recobraron la libertad gracias a dichos esfuerzos, resaltó.
No obstante, esgrimió que el nivel de hacinamiento en las cárceles de Honduras sigue siendo alto.
Vulneración de derechos laborales
Durante la pandemia han logrado identificar la vulneración de derechos laborales en Honduras, añadió en respuesta la consulta hecha por Proceso Digital.
“La vulneración de derechos laborales que se ha dado en el marco de la pandemia y sobre todo el cierre durante algunos meses de la inspectoría del trabajo”, apostilló.
A reglón seguido, externó que las condiciones de trabajo y seguridad del personal médico sanitario se ha tornado en 65 personas fallecidas a causa del virus.
“Estas son algunas de las consecuencias no solo propias de la pandemia sino a la respuesta que se ha dado a la misma”, apuntó.
Además, señaló que le preocupan algunas situaciones como la compra de hospitales móviles dónde se han logrado identificar irregularidades en el manejo de los fondos.
Todo lo anterior debe ser sujeto de una investigación y de una sanción adecuada para abordar la corrupción que se ha presentado, presuntamente, en el manejo de la pandemia en Honduras.
Recomendaciones
Tras analizar varios temas como el estado de las personas en situación de movilidad, sus derechos en el caso de discapacidad, y los derechos económicos, sociales y culturales de los hondureños, la OACNUDH vierte una serie de recomendaciones entre las que destacan:
Implementar medidas urgentes y efectivas para prevenir las violaciones a los derechos humanos y crear mecanismos transparentes de rendición de cuentas para garantizar el acceso de las víctimas a la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición.
Adoptar una política pública eficaz contra la corrupción, con enfoque de derechos humanos, que incluya un mayor apoyo a la Fiscalía Especial y al circuito judicial anticorrupción, y la eliminación de obstáculos legislativos que impidan el cumplimiento de sus mandatos.
Asegurar que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluido el personal de las Fuerzas Armadas que participe en tareas de seguridad, respeten las normas y estándares internacionales sobre uso de la fuerza y derechos humanos, en particular en la gestión de manifestaciones.
Fortalecer la investigación y el enjuiciamiento de los delitos contra las personas defensoras de derechos humanos y evitar el uso indebido del derecho penal en su contra, incluso mediante la revisión de la legislación vigente y de las causas penales para desestimar las que no cumplan con los requisitos de debido proceso.
Situar los derechos humanos en el centro del Plan Nacional de Reconstrucción para recuperarse mejor de los impactos de la pandemia de COVID-19 y la emergencia humanitaria provocada por los huracanes Eta e Iota, asegurando que nadie se quede atrás.
Garantizar los derechos de las personas en situación de movilidad, incluyendo la reintegración sostenible de las repatriadas, y adoptar medidas para garantizar el acceso efectivo a la justicia de los familiares de las personas migrantes desaparecidas.
Así como aprobar el proyecto de ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Forzadamente y elaborar una estrategia integral para encontrar soluciones duraderas para las personas desplazadas internamente. (RO)
