Recientemente la Administración Biden ha comenzado a rescindir algunas de las políticas migratorias de la Administración Trump, entre ellas, la que creaba el “tercer país seguro”. Esta disparatada política obligaba a quienes solicitaban asilo en Estados Unidos a que primero obtuvieran asilo en un tercer país, en nuestro caso, Guatemala o México. Por supuesto que ninguno de esos dos países era “seguro” para nuestros migrantes, y además ninguno de ellos estaba interesado en otorgar asilo a los migrantes que solo tenían interés en migrar a Estados Unidos. El comunicado del Departamento de Estado establece claramente que el abandono de esta política no debe interpretarse como una invitación a que se ingrese ilegalmente a Estados Unidos. Reitera que Estados Unidos es un país de leyes y fronteras y que es en nuestros países donde debe buscarse la solución de los problemas de nuestros ciudadanos. Finaliza diciendo que se debe atacar las causas que fomentan la migración, tales como la corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico. Esta última parte me parece muy importante y constituye un cambio positivo a la política de Estados Unidos. Como tal, es un cambio al cual le damos la más cordial bienvenida. Permítanme explicar por qué.
La política de la Administración Trump se centró en la protección de la seguridad de Estados Unidos, para lo cual, según ellos, era necesario frenar la migración, incluyendo la legal, y combatir el narco tráfico y el lavado de dinero. A su juicio, la corrupción no era importante ya que no amenazaba su seguridad. Su modelo era equivalente a convertir la región en una olla de presión. Una olla bien construida y bien sellada a manera que resistiera la tremenda presión que, más temprano que tarde, se produciría. No les preocupaba el bienestar de nuestra gente y nunca vieron que nuestro bienestar estaba íntimamente ligado con el suyo. La Administración Biden parece entender que nuestro bienestar contribuye al suyo y que para desincentivar la migración es necesario mejorar las condiciones de vida de nuestra gente. Eso a la vez implica que es necesario respetar los derechos humanos y combatir la corrupción, el crimen organizado, el narcotráfico y el lavado de activos.
En honor a la verdad, la representante de un distrito electoral de California, Norma Torres, ha venido denunciando la corrupción en nuestros países, pero una golondrina no hace verano. Sin embargo, en el contexto geopolítico que plantea la Administración Biden, doña Norma contará con mucho más apoyo y podrá lograr mucho más en su lucha anticorrupción. De hecho, la semana pasada participé en un evento patrocinado por el Wilson Center en el cual se discutió el problema de la corrupción en el Triángulo Norte, en general, y en Honduras, en particular. En ese evento se mencionó algunas de las iniciativas que podría tomar la Administración Biden, incluyendo la creación de un ente regional para combatir la corrupción.
Si bien la idea de un ente regional parece atractiva, no serviría de mucho si no tiene capacidad propia para investigar y para acusar en los tribunales, temas que los gobiernos de los países, arropados en la bandera de la soberanía, rechazarán. No obstante, lo que sí parece viables es que Estados Unidos apoye en cada país los entes de la sociedad civil dedicados a la lucha contra la corrupción. Para esto podría aportar recursos para financiar la operación de estos entes y proveerles asistencia técnica para mejorar el alcance y calidad de sus investigaciones. Cuando estas son deficientes, se desprestigia el ente y se daña la lucha contra la corrupción. Al concluir sus investigaciones, los entes de la sociedad civil presentarían los casos que lo ameriten al Ministerio Público para que este los eleve a los Tribunales.
Complementando el fortalecimiento de los entes de la sociedad civil se podría crear un ente regional con participación de representantes del gobierno de Estados Unidos y de la sociedad civil de los tres países del Triángulo Norte. Este ente se mantendría informado de los casos de corrupción presentados al Ministerio Público de cada país por los entes de la sociedad civil. Además podría reunirse semestralmente en cada país del Triángulo para analizar el avance en el trámite de la lucha contra la corrupción y presentaría los resultados de su visita en una conferencia de prensa.
Todo esto sería en adición a las medidas ya adoptadas por el Congreso de Estados Unidos gracias a los esfuerzos de Norma Torres. No obstante, no basta con declarar públicamente que una persona es corrupta. Esa declaración debe ser acompañada de medidas ejemplarizantes, como por ejemplo, la cancelación de la visa para poder ingresar a Estados Unidos, o la prohibición a los bancos de ese país que tengan relaciones de negocios con los bancos hondureños en los cuales tenga cuentas la persona que fuera declarada corrupta.
Seguramente que habrá más, y mejores, ideas para fortalecer la lucha contra la corrupción. Sin embargo, es importante saber que no estaremos solos. Es gratificante sentir que la comunidad internacional apoya nuestros esfuerzos. Este es un cambio muy importante. ¡Bienvenido sea el cambio!
