Según el diario, Honduras no estaría enfrentando un futuro tan sombrío si el sistema judicial y los medios informativos hubieran sido más efectivos en cumplir su función y en resistir los poderes corruptos que invaden el país.
A continuación el trabajo publicado este día y acreditado a la periodista Marcela Sánchez:
Se suponía que Honduras había dado un giro de 180 grados en materia de corrupción. En 1998 la nación centroamericana ratificó la Convención Interamericana contra la Corrupción y adoptó medidas para luchar contra comportamientos como el lavado de dinero, el tráfico de influencias, la malversación y la obstrucción a la justicia. También se convirtió en uno de los primeros países de la región en eliminar la inmunidad para ex funcionarios públicos, incluidos presidentes, en casos de corrupción.
Hace dos años, Honduras logró su recompensa. Se convirtió en el primer país latinoamericano — y segundo en el mundo en beneficiarse del programa de ayuda externa del Presidente Bush, la Cuenta del Milenio. Antes de que un país sea tomado en cuenta para el programa debe demostrar éxitos contra la corrupción.
Pero ahora esas ganancias están en peligro. La proliferación de casos de corrupción, junto con nuevas denuncias sobre prácticas corruptas que permanecen ignoradas, han dejado a los hondureños con la percepción de que la corrupción es omnipresente. De acuerdo con una encuesta de opinión financiada por Estados Unidos, el porcentaje de hondureños que cree que el gobierno está combatiendo la corrupción cayó de un 40 por ciento en 2004 a un 26.6 por ciento en 2006.
Juan Ferrera, coordinador del Consejo Nacional Anticorrupción, dijo en una entrevista desde Tegucigalpa que la corrupción está generando tal frustración en el público que los hondureños podrían incluso «hacer a un lado las opciones de la democracia». El primer informe de transparencia emitido por el consejo el mes pasado halló que la corrupción le está costando al país millones de dólares no solo a causa de funcionarios corruptos sino también al desalentar el pago de impuestos y la inversión externa. Pero tal vez lo más inquietante es el costo social del fenómeno, pues, según el informe, no sólo está erosionando la confianza de los individuos en sus instituciones sino también entre ellos mismos.
Algunos observadores estadounidenses como Otto Reich, ex secretario asistente de estado para asuntos del Hemisferio Occidental, advierten que debido a la deteriorada situación en el último año, los administradores de la Cuenta del Milenio van a tener dificultades para aprobar la continuación del programa.
Honduras no estaría enfrentando un futuro tan sombrío si el sistema judicial y los medios informativos hubieran sido más efectivos en cumplir su función y en resistir los poderes corruptos que invaden el país.
A pesar de una reforma a la Corte Suprema de 2002 destinada a aumentar su independencia, la percepción general hoy en día es que los magistrados son ineficaces y susceptibles a presiones externas. De acuerdo con el informe del CAN solo 2.2 por ciento del total de 1.925 casos de corrupción que llegaron hasta la corte entre 2002 y 2006 terminaron en sentencias condenatorias.
Cuatro magistrados hondureños que estuvieron en Washington la semana pasada para una audiencia sobre la independencia judicial en su país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos me dijeron que el problema de corrupción en Honduras es la falta de recursos. Según esa lógica entonces, el número de condenas no debiera ser visto como un indicador de su falta de esfuerzos sino de la falta de recursos económicos y técnicos para convertir denuncias en casos convincentes.
Lamentablemente el Fiscal General Leónidas Rosa Bautista no es considerado precisamente un líder con autoridad moral. Una asociación nacional del fiscales lo ha acusado de obstruir casos anticorrupción para proteger a aliados o pagar favores; y activistas anticorrupción en el país centroamericano afirman sarcásticamente que Rosa es el funcionario «más transparente» ya que poco después de ser nombrado afirmó abiertamente que atendería los intereses de los políticos que lo pusieron en su cargo.
Los medios informativos del país, que podrían jugar un papel crucial en responsabilizar a funcionarios públicos, también sufren de lo que el Cardenal de Honduras Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga llama «déficit» periodístico. Hondureños fuera y dentro del gobierno se quejan de que algunos de los principales medios informativos parecen menos interesados en buscar la verdad que en servir intereses económicos y políticos de sus poderosos dueños.
Al Presidente Manuel Zelaya se le reconoce haber apoyado una nueva ley de transparencia pero activistas anticorrupción insisten en que permanece indiferente ante las acusaciones contra algunos consejeros y políticos que lo rodean.
«Algunos funcionarios públicos actúan con tal desdén por la ley que dan la impresión de ser inmunes» ante las acusaciones, escribió Reich en un mensaje electrónico. Reich también advirtió que la creciente percepción de corrupción está desalentando la inversión externa.
La situación en Honduras saca a la luz muchas de las complejidades en la lucha contra la corrupción — particularmente lo que puede suceder cuando un país adopta las reglas correctas para castigar acciones corruptas pero pocos se dedican a hacerlas cumplir.
