Libertad de expresión, el doble discurso del gobierno del PC en el 2008

En los espacios públicos, nacionales e internacionales, el presidente Zelaya y sus más cercanos colaboradores, se rompen el pecho acusando a los dueños de los medios de prensa, en particular, y al periodismo, en general, de un “uso y abuso” de la libertad de expresión, pero ya en el patio, les invita a bailar, mientras busca “medidas de control” y respaldo para acallar a aquellos que le incomodan.

Es el doble discurso de la libertad de expresión en el que suelen caer muchos gobernantes y algunos medios de comunicación, cuando la correlación de fuerzas no les favorece.

A nivel estatal, un ejemplo de ese último baile que en nombre de la democracia y la libertad de expresión hiciera el gobierno, se plasmó con motivo de las fiestas del mes de diciembre, donde las ofrendas a un amplio sector de la prensa rompieron los límites de la vergüenza al poner en evidencia la vulgarización y menosprecio con que el Poder Ciudadano ve y trata al periodismo hondureño.

Funcionarios ofreciendo públicamente billetes de a 500 lempiras a periodistas, cual si fuera un bingo de beneficencia, fueron parte del entremés ofrecido, cuyos más cercanos colaboradores se ufanan al proclamar y demandar respeto hacia una de las garantías humanas más consagradas dentro de las libertades públicas: la libertad de expresión.

En el afán de tener “buena prensa”, los métodos y formas de cómo se haga, no altera, a criterio del gobierno, los principios de la libertad de expresión, mostrando así la dualidad y distorsión que se hace acerca de un principio elemental sobre el cual descansan el resto de las garantías y libertades humanas.

Una tendencia que no varía En el 2008, las relaciones entre la prensa y el gobierno mantuvieron su tendencia de los dos últimos años que lleva la actual administración: confrontación y denuncias, seguido de amenazas a periodistas que en el interior del país se atreven a denunciar el avance y presencia del crimen organizado en zonas consideradas “calientes” por la autoridad como la región de occidente, por citar un caso. Con espacios de relativa calma en las tensiones sostenidas entre los medios de comunicación y el gobierno, en el presente año el altercado con la prensa inició en el mes de marzo, cuando Zelaya acusó a los periodistas y medios se ser culpables del clima de violencia e inseguridad que priva en el país, como una estrategia de distracción ante la incompetencia de sus autoridades. El gobernante dijo que los medios no están colaborando con su gobierno y quieren “que fracase” “La prensa gráfica no está cooperando, la prensa gráfica está atacando permanentemente al Gobierno para que fracase, más bien como que se alegran cuando hay un muerto, más bien aplauden al decir miren sigue la inseguridad”, aseveró. “No los voy a acusar que ellos provocan los crímenes, porque creo que tienen ganas de hacerlo, tienen ganas de que hayan más crímenes, pero siento que lo celebran casi, cada vez que hay un secuestro lo sacan en primera plana afectando a la familia secuestrada, afectando y engrandeciendo a los secuestradores, quienes cada vez que se sienten publicitados, se sienten fuerte”. Ese tono fue el mismo que siguió a los altercados que hubo a lo largo del 2008, cobrando mayor virulencia a fines de año, en octubre propiamente, con el paso de los primeros aguaceros que causaron estragos en el interior del país. El gobernante hondureño, perdió el control porque la prensa- que cubrió altamente el proceso- no lo sacaba en las primeras planas y emisiones diarias. Su virulencia fue tal que en el canal del Estado, Canal 8, (actualmente en litigio) lanzó toda clase de improperios contra dueños de medios tradicionales y otros considerados “aliados”, últimos a los que llamó “ingratos” y de “mal pagarle” cuando él se rasgó las vestiduras por ellos, desde una posición de poder, hace un par de años.

Preocupaciones sobre Honduras Estos toques y retoques en las relaciones con la prensa, llevaron a instituciones de libertad de expresión a nivel regional y mundial, a emitir sus preocupaciones sobre el estado de la libertad de expresión en Honduras. En Austria, el Instituto Internacional de Prensa, lanzó a mediados de año un comunicado alertando sobre los riesgos de la libertad de expresión en Honduras, en tanto informes regionales procedentes de Argentina alertaban sobre un creciente fenómeno que amenaza el ejercicio del periodismo en Honduras y otros países de América Latina: la publicidad oficial como forma de censura sutil.

“La libertad de expresión está amenazada en Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, Perú y Uruguay por la interferencia de los gobiernos, la «compra» de coberturas favorables y la censura por parte de las autoridades, según un informe denominado “El precio del Silencio”.

Ese mismo informe, junto a la investigación nacional “ La Censura Sutil en Honduras”, fue presentado en Tegucigalpa y San Pedro Sula, por el Consejo Nacional Anticorrupción, la Asociación por los Derechos Civiles de Argentina y el Open Society Initiative, donde reflejan formas y mecanismos que por ser aparentemente sutiles, no dejan de constituir una amenaza directa contra las formas de censura a la prensa, a la sociedad, los medios de comunicación y la libertad de expresión. El informe, es apenas una punta de lanza, de una radiografía aún no descrita plenamente en las relaciones prensa-poder, pues retrata no sólo las estrategias y métodos a nivel nacional, sino que también de los gobiernos locales.

A las denuncias y alertas de estas organizaciones académicas, de lucha contra la corrupción y de defensa de libertad de expresión, se sumaron las advertencias de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la organización Reporteros sin Fronteras (RSF), quienes en los últimos dos años, han emitido más comunicados sobre Honduras que lo que hacían hace una década.

Los crímenes sin resolver Si esas advertencias buscan llamar la atención sobre las amenazas que se ciernen en Honduras sobre la libertad de expresión, la impunidad, como la otra tenaza invisible, no se puede quedar atrás. Desde el 2003, cuando se asesinó al primer periodista a lo largo de estos 25 años de democracia, el crimen contra periodistas parece llamar la atención de grupos impunes; el último caso registrado es el asesinato de un periodista dueño de medios, en Santa Bárbara. German Rivas, en Copán, Carlos Salgado en Tegucigalpa, y Fernando González, en Santa Bárbara, son los tres periodistas asesinados sin que las autoridades, a la fecha, ofrezcan pistas y resultados concretos. Todo, como el país, son “presunciones” y especulaciones. A ellos se suma el caso del abogado Dionisio Ramos, acribillado por defender derechos sociales. En el caso de González, éste fue asesinado empezando el 2008, el 1 de enero, cuando sicarios penetraron a la emisora de su propiedad, Radio Mega, en la localidad de Trinidad, Santa Bárbara, para acribillarlo, sin que hayan pistas concretas de los móviles del crimen. Trascendió que González, desde su medio, denunció hechos delictivos que incomodaron a los capos impunes que merodean en la zona. En el occidente de Honduras, en el municipio de La Entrada , Copán, el periodista Carlos Chinchilla, goza de medidas cautelares por denunciar, en su noticiero, actos de delincuencia ligados al contrabando, bandas de robacarros y otros delitos que apuntan a una fuerte presencia del crimen organizado en la zona. Para Chinchilla su vida cambió radicalmente. Ahora se le ve acompañado de un custodio policial, en tanto su familia e hijos se vieron obligados a trastocar su ritmo de vida y convivencia. En el occidente, a mediados del 2008, la gente salió a las calles a protestar por la inseguridad, la defensa del ambiente y el respeto a la libertad de expresión. Este hecho fue desapercibido por un amplio sector de la prensa, que considera que las amenazas al ejercicio periodístico son cosas de las ciudades urbanas y de no de los pueblos, siendo estos últimos los que presentan los mayores casos no registrados. A este patrón de inseguridad no escapan aquellos periodistas que por sus posiciones críticas y de independencia reciben amenazas sutiles de funcionarios públicos y otros ligados al crimen organizado; es la otra cara de la moneda de la libertad de expresión que no trasciende, porque en una nación donde la vida “se arrebata” impunemente a diario, esa prensa prefiere callar y aguantar hasta donde puede.

Gobierno usa a sociedad civil para “controlar” la prensa

Si la desinformación de los medios es una crítica constante que sectores sociales y estatales hacen al periodismo hondureño, vale destacar que a esa tendencia se sumó también el actual gobierno que cuenta en la actualidad con tres medios de comunicación, mal estructurados, pero que suman a la distracción y a la distorsión.

La administración Zelaya cierra el 2008 con la incursión del Canal 8, el primer canal estatal, que no obstante, pese a lo importante y necesario que es para cualquier Estado un medio de esta naturaleza, nació torcido y errático como el mismo poder ciudadano: se encuentra en litigio porque al parecer el Estado es incapaz también de garantizar y respetar la seguridad jurídica.

En el 2008 destacan también las cadenas de radio y televisión que impuso el gobierno para informar de sus galimatías, nada trascendentales, pero que en la práctica constituyeron un abuso intensivo de la libertad de expresión.

También, el año que está por culminar dejó para los medios de comunicación en general muchas lecciones acerca de los tipos de cobertura informativa, siendo la huelga de los fiscales un caso paradigmático de análisis y estudio, porque, al margen de la confrontación que los huelguistas mantuvieron con la prensa, el país experimentó por vez primera tres tipos de periodismo: un fanático religioso, el de las revoluciones que no se han dado, y el tradicional de los “mass media” que prefiere ignorar la realidad y dar la espalda a los procesos sociales. Esa es una señal para reflexionar y ver en qué anda mal el periodismo hondureño, en general.

Finalmente, para no perder la costumbre, la administración del presidente Zelaya, anunció una nueva estrategia de control hacia la prensa: la creación de un observatorio de medios, desde la sociedad civil, para “analizar la forma objetiva, profesional; o, por el contrario, manipulada, tendenciosa e irresponsable, de cómo se abordan las noticias de interés general”, según el Ministerio de la Presidencia.

“Cuando las autoridades asumen el papel de vigilantes de la prensa, entran en contradicción con la libertad de expresión y de prensa garantizadas en las constituciones de nuestro hemisferio, pues este acto se convierten entonces en una intromisión”, exclamó en un comunicado la SIP.