Los datos, tomados entre 2006 y 2008 por el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de Torturas (CPTRT), fueron expuestos por ésta y otras organizaciones en una sesión junto con el Gobierno de Honduras y diversos comisionados de la CIDH.
El letrado del CPTRT Roger Ordoñez señaló que «7 de cada 10 detenidos en Honduras sufren agresiones físicas, torturas o tratos denigrantes e inhumanos».
Entre las prácticas citadas se encuentran golpes, heridas por arma de fuego, quemaduras en el cuerpo y abusos físicos y sexuales.
El CPTRT también explicó a través de Elsa Calderón las detenciones arbitrarias que los miembros de la seguridad pública practican principalmente en grupos de alta vulnerabilidad como drogadictos, ebrios, prostitutas y homosexuales.
«Cada persona detenida por este tipo de procedimientos -dijo- es trasladada a celdas policiales sin causa justificada y sin explicación de sus derechos como apresado».
Calderón detalló que las torturas, que en ningún momento quedan registradas, se producen tanto en la detención y en el traslado a las dependencias policiales como en el interior de las celdas.
Asimismo, la parte peticionaria denunció «el grave deterioro de los centros penales», en su mayoría construidos varios años atrás.
Ordoñez describió las celdas de los centros de detención como «espacios pequeños, sin luz natural, con colchones llenos de chinches y sin agua potable.
Asimismo, CPTRT, junto con Caritas y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), recordaron que estas instalaciones privan el acceso a elementos básicos como el aseo o el descanso personal, y proporcionan a los reclusos dietas alimenticias de menos de un dólar diario por detenido.
Por su parte, los representantes del Gobierno de Honduras en la sesión de la CIDH aseguraron que la administración se encuentra trabajando para mejorar las infraestructuras de los centros, así como la alimentación que se ofrece a los presos.
En cuanto a los datos presentados por la parte peticionaria, el asesor de la Secretaría de Seguridad de Honduras Fernando Griffin remarcó que «habría que verificar con la policía» si realmente son reales las cifras de torturas expuestas por la parte peticionaria.
Del mismo modo, la administración hondureña aseguró que se encuentra investigando y procesando a varios oficiales acusados de violar los derechos humanos.
