Reyes Baca, hondureño naturalizado estadounidense, dijo que el reclamo lo presentó ayer ante la Secretaría de Defensa de Honduras en Tegucigalpa, «por los severos daños y graves perjuicios» causados a él, su esposa, Gloria Flores, y otros familiares, «por medio de las Fuerzas Armadas y sus dependencias».
Según Reyes Baca, director fundador de la Escuela de Periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en 1970, su reclamo se basa «en la responsabilidad directa que por mandato de la ley» tiene la Secretaría de Defensa en todo lo que tiene que ver con los asuntos de las Fuerzas Armadas.
El reclamo administrativo de Reyes Baca señala que los oficiales y agentes que lo torturaron junto a su esposa, «actuaron siguiendo órdenes superiores del mando militar establecido por el Estado en ese entonces».
Además, «procedieron inhumanamente a la ejecución de hechos punibles que incluyeron, pero no se limitaron, al allanamiento de morada, secuestro, tortura, tentativa de asesinato, coacciones, amenazas, lesiones, robo, daños, violación de los derechos humanos y otros, en perjuicio y daño directo de la familia Reyes».
Esos delitos crueles se infligieron en observancia de la «Doctrina de la seguridad del Estado o Seguridad Nacional» adoptada por el Estado de Honduras durante la década de los años 80, agrega el extenso documento presentado por Reyes Baca y sus apoderados legales ante la Secretaría de Defensa.
A los detenidos durante la represión se les conculcaba todos sus derechos humanos y constitucionales, eran considerados seres viles enemigos del Estado de derecho, y una vez capturados eran «tratados peor que animales, sujetos al allanamiento de sus moradas, al secuestro, a la tortura y al desgarramiento de sus familias».
Aunque los hechos contra Reyes Baca y su familia son de julio de 1982, la acción para deducir su responsabilidad es imprescriptible de conformidad con la Constitución de la República, acotó el demandante.
En ese sentido, la indemnización que demanda es vigente y suma los daños compensatorios y punitivos que incluyen el daño directo moral, físico, psicológico, económico y los perjuicios causados a los Reyes Baca y su esposa por oficiales y agentes militares del Estado en el pleno ejercicio de sus cargos.
Los oficiales y agentes militares capturaron a Reyes Baca y su esposa con el propósito de asesinarles, cuando se encontraban en su residencia, en la colonia Florencia de Tegucigalpa, indica el demandante.
En su reclamo, Reyes Baca señala a varios militares y policías que participaron en la operación en su contra, entre ellos el coronel Juan Evangelista López, a quien demandado ante la Corte Federal del Distrito Sureste de la Florida, Estados Unidos.
La indemnización que reclaman Reyes Baca y su esposa esta determinada por los daños y perjuicios reales sufridos personalmente por ellos y su familia, y se sustenta además en la sentencia firme y definitiva dictada por ese monto en contra del coronel López.
López fue condenado a pagar por daños punitivos y compensatorios 13 millones de dólares a Reyes Baca y otra cifra igual a su esposa.
Con la mediación de Estados Unidos y la presión de otros sectores, Reyes Baca logró salir del país después de cumplir varios meses de cárcel en Tegucigalpa, y fijó su residencia en Washington, donde dirige un periódico.
