El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó el miércoles que el plan piloto, denominado «Operación Salida Programada», se llevará a cabo del 5 al 22 de agosto próximo, con el fin de evitar que los indocumentados sean sorprendidos en redadas en viviendas o sitios de empleo.
El subtexto es el de «irse antes de ser descubierto» y el resultado, según analistas, es que los indocumentados tendrán que irse por las buenas o por las malas.
El plan piloto estará disponible en cinco ciudades: Santa Ana y San Diego, en California; Phoenix (Arizona); Charlotte (Carolina del Norte), y Chicago (Illinois).
El plan permitirá que los indocumentados se inscriban voluntariamente a la deportación sin afrontar cargos criminales ni riesgo de encarcelación, pero excluirá a quienes tengan antecedentes criminales o sean fugitivos de la ley.
Según el DHS, al menos 475.000 extranjeros tienen órdenes de deportación en EEUU, pero la agencia federal no pudo precisar el número de afectados en las ciudades que experimentarán con el plan.
Los indocumentados podrán acudir a cualquier oficina de ICE con sus pasaportes y demás documentos de identidad para concertar un período de gracia de hasta 90 días mientras preparan el retorno a sus países de origen.
Consultados por Efe, algunos activistas pro-inmigrantes han puesto el grito al cielo, en particular porque, según DHS, no se descarta que ciertos indocumentados tengan que portar un dispositivo en el tobillo para vigilar y restringir sus pasos.
Para Frank Sharry, director ejecutivo de «America’s Voice», se trata de una movida política que le hace el guiño a quienes piden «mano dura» contra la población clandestina.
Tamar Jacoby, presidenta del grupo ImmigrationWorksUSA, dijo que «la Administración quiere demostrarle al público que habla en serio sobre el cumplimiento de las leyes migratorias, y lo hace para recuperar la confianza del público antes de insistir en alguna reforma».
«Todos quieren que se restablezca el imperio de la ley pero eso no sucederá de forma realista hasta que tengamos una ley realista que resuelva el problema de la inmigración ilegal», afirmó.
Al igual que otros expertos, Jacoby cree el proyecto está destinado al fracaso porque a los indocumentados «no les da ninguna esperanza de que podrán regresar a EEUU».
«Para los que tienen empleo, familia o negocios, eso no es ningún incentivo para apuntarse a la autodeportación», señaló Jacoby, tras recordar que muchos esperan al menos diez años para una visa legal.
Charles Kuck, presidente de la Asociación de Abogados de Inmigración de EEUU (AILA), dijo que «el Congreso tiene que cumplir con su labor y resolver el caos migratorio porque, de lo contrario, sin incentivos, nadie se va inscribir en el plan».
El plan es otro ejemplo de cómo se está perdiendo la «racionalidad» en el debate migratorio, según AILA.
Y lejos de ser un acto compasivo, también Douglas Rivlin, portavoz del Foro Nacional de Inmigración, cree que en vez de ese plan, lo que EEUU necesita es que el Congreso apruebe una reforma migratoria.
En las postrimerías del mandato del presidente George W. Bush «aparece una idea descabellada que con seguridad no se planeó cuidadosamente. No vamos a solucionar el caos actual de nuestro sistema migratorio a través de deportaciones», dijo Rivlin.
Este plan «es un reconocimiento tácito» de ICE de que las redadas en hogares y negocios «están sembrando el terror entre las familias y comunidades migrantes», enfatizó Rivlin, al insistir en que la «autodeportación» solo traerá el atropello de los derechos de los inmigrantes.
El combate contra la presencia y contratación de indocumentados es uno de los principales desafíos del Gobierno de EE.UU. en materia de seguridad interna.
Según estadísticas de ICE, en el año fiscal 2007 fueron deportados más de 275.000 indocumentados, entre ellos alrededor de 40.000 que lo hicieron de forma voluntaria.
