La advertencia la hicieron un grupo de diputados al Congreso Nacional que consideran que el gobierno no está autorizado legalmente para utilizar los recursos de Petrocaribe, sin antes haberse aprobado en el Legislativo la ley, y también sin que se defina que institución se hará cargo de manejar el millonario fideicomiso.
El pasado 5 de junio el gobierno recibió el primer embarque de 80,000 barriles de diesel importado bajo la iniciativa Petrocaribe, cuyo costo para el Estado hondureño es de 14 millones de dólares.
Funcionarios del gobierno explicaron que el 50 por ciento de esa importación es pagada en efectivo a Venezuela y el resto a un plazo de 25 años, es decir, que de los 14 millones que vale el primer embarque, siete o nueve millones se depositarán en un fideicomiso y el resto se pagará al contado a Caracas.
El acuerdo energético suscrito con Venezuela, establece que el gobierno de Honduras pagará el 50 o 60 por ciento de la factura en efectivo y el resto en un plazo de 25 años.
Ese remanente que no se pagará a Petróleos de Venezuela será depositado en un fideicomiso en el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Fonaprovi) para financiamiento del agro, el fortalecimiento de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y otros proyectos de desarrollo, según las explicaciones de los funcionarios.
El Estado de Honduras proyecta importar bajo la iniciativa de Petrocaribe más de 340 millones de dólares en combustibles en los próximos dos años de la actual administración y dependerá del siguiente gobierno si se continúa con la iniciativa.
La directora de la estatal Comisión Administradora del Petróleo Lucy Bú explicó que el primer embarque de diesel está almacenado en los tanques de la empresa Hondupetrol, del grupo Terra, propiedad del magnate Fredy Naser, y será distribuido a través de su grupo de gasolineras UNO.
Nebulosa
El gobierno aún no ha sido bien claro en el manejo de los fondos de Petrocaribe, por lo que los diputados han comenzado a cuestionar el uso de esos recursos, ya que no existe la ley que autorice a las instituciones su manejo de forma transparente y temen que se desvíen para actividades políticas.
El diputado Orlez Solís señaló que la Ley de la administración de los fondos de Petrocaribe manda al gobierno cómo deben de administrarse y a dónde deben dirigirse los recursos que quedarán del remanente que no se pagará a Venezuela, pero preocupa el hecho que el proyecto de decreto fue retirado por el Ejecutivo y no lo han devuelto al Congreso.
“Nosotros teníamos el proyecto en el Congreso, incluso listo para aprobarlo, y ellos (El Ejecutivo) lo retiraron, ¿por qué lo retiraron? ¿Cuál es el interés de no aprobar esa ley? Parece que es para manejar fondos con libertad y continuar mal administrando los fondos del Estado”, cuestionó el legislador.
Dijo que el acuerdo suscrito con el gobierno de Venezuela establece que los dineros de la iniciativa de Petrocaribe son para erradicar la pobreza, para que llegue el desarrollo a los pueblos, aldeas y caseríos del país y no para que se quede en las ciudades grandes como Tegucigalpa y San Pedro Sula.
El parlamentario señaló que le extraña sobre manera que el Poder Ejecutivo ha demorado el envío de la ley al Legislativo y advirtió que todo apunta a que el gobierno pretende usar los fondos a discreción y sin rendir cuentas de ellos.
Ilegal y un abuso de poder
Por su lado, el vicepresidente del Congreso Nacional, Ramón Velásquez Názar, indicó que hay suma preocupación del manejo que se le estén dando a los fondos, fundamentalmente porque la Cámara de Diputados no ha aprobado la Ley de Administración de los dineros de Petrocaribe.
“Yo entiendo que esos fondos deben estar depositados en el Banco Central de Honduras entre tanto se aprueba la ley, de manera que no hemos oído ninguna sugerencia o mención del Ejecutivo acerca de la urgencia que se tiene de usar esos recursos, que de todos modos no van a poder ser utilizados sino se ha aprobado la ley”, afirmó.
El legislador cuestionó que el contrato original que se ratificó en el Congreso establecía que los recursos provendrían de la compra de bunker para las generadoras térmicas y no de diesel, como ocurrió en el embarque que atracó la semana pasada en Puerto Cortés.
Por otro lado, dijo que el hecho que el gobierno haya otorgado al Grupo Terra a través de unas de sus generadoras de electricidad el manejo, almacenamiento y distribución del diesel adquirido a Venezuela era algo que no estaba contemplado en el acuerdo original suscrito con el gobierno de Hugo Chávez.
Por otro lado, Velásquez Názar indicó que los diputados no estaban de acuerdo que el Banco Central manejara el Fideicomiso de los fondos de Petrocaribe, porque su ley se lo prohíbe, a menos que se lo autorice el Congreso Naciona.
“Ahora la dificultad que tenemos es que mientras esa ley no se apruebe, pues no se debe decidir el destino de los fondos y como en esa ley está contemplado el Fideicomiso, tampoco está claro si se va autorizar al Banco Central para su manejo porque no hay ambiente en el Congreso Nacional para eso”, explicó.
El diputado puntualizó que sería “ilegal, incorrecto y un abuso de poder que puede traer responsabilidades”, si el gobierno está haciendo uso de los dineros de la iniciativa de Petrocaribe sin haberlo autorizado el Congreso.
En el Banco Central
Ante los cuestionamiento de que ya es objeto, la gerente de la ENEE, Rixi Moncada, aseguró que el primer embarque de 80 mil barriles de diesel de Petrocaribe dejó cerca de 9 millones de dólares en las arcas públicas y esos recursos están depositados en el BCH, a la espera de que el Congreso Nacional apruebe la Ley del Fideicomiso para su uso.
Del segundo embarque de Petrocaribe informó que arribará al puerto de San Lorenzo, sur del país, entre el 2 y 4 de julio, con otro cargamento de 82 mil barriles de diesel.
