El fiscal especial contra la corrupción, Henry Salgado, informó que la semana anterior la fiscalía a su cargo recogió una denuncia y de inmediato ha ordenado emprender una investigación para determinar posibles anomalías en el manejo de los dineros del citado medio de comunicación público.
La denuncia también fue recogida por la Dirección de Participación Ciudadana del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) que de inmediato ha ordenado la intervención de un cuerpo de auditores.
La emisora Radio Cadena Voces (RCV) denunció la semana anterior, citando fuentes anónimas, la desaparición de alrededor de cuatro millones de lempiras de los ingresos publicitarios que el órgano oficial percibe de las diferentes instituciones públicas que pautan en cada una de sus ediciones.
Según la radioemisora, esos cuatro millones de lempiras corresponden a los ingresos percibidos de octubre a diciembre de 2007 y enero de 2008.
Aparentemente los fondos fueron depositados en una cuenta personal de un cercano colaborador del presidente Manuel Zelaya, pero ahora los recursos no aparecen por ningún lado y nadie se hace responsable de su destino, citó la investigación realizada por la radioemisora.
El periódico “Poder Ciudadano” salió a la luz en octubre de 2007 como una opción informativa del gobierno, ante el “vacío informativo”, que según el presidente Manuel Zelaya, le hacen los medios de comunicación hondureños que critican su gestión gubernamental.
El diario es subvencionado por la Presidencia de la República, pero opera como una empresa o sociedad mixta (pública y privada) que obtiene ingresos publicitarios de las diferentes instituciones públicas a un costo de 22,000 lempiras por publicación para auto sostenerse.
La investigación de RCV establece que funcionarios que están dentro del mismo gobierno pautan la publicidad con las diferentes instituciones públicas y por ese concepto reciben una comisión de entre 20 y 25 por ciento.
Asimismo, señala la investigación que por orden del presidente Zelaya, el periódico debe pautar al menos 10 anuncios por edición y cada institución está obligada a hacerlo.
La publicación es impresa en talleres tipográficos de El Salvador y en un diario que se edita en San Pedro Sula a un costo de cerca de un millón de lempiras, añade la pesquisa periodística.
La denuncia añade que por cada periódico repartido se paga un promedio de dos lempiras a los voceadores o “canillitas” como se les conoce popularmente en Honduras a los repartidores de periódicos.
La intervención va
“Se está solicitando información al TSC y vamos a hacer la inspección este lunes”, dijo el fiscal Henry Salgado.
Apuntó que si el periódico depende del Estado está sujeto a una investigación de la Fiscalía y el TSC porque hace uso de fondos públicos.
“Nosotros no sabíamos que (el periódico) es una institución del Estado, si es así debe tener una personería jurídica, debe tener un documento donde sea un periódico autorizado, debe tener sus instalaciones y hay que ir a ver al administrador para ver si es cierto que hubo ganancia, si hay cobros y si hay publicidad que se está cobrando y si está tirando el periódico con recursos del Estado hondureño”, dijo.
Salgado apuntóque los fiscales que se asignarán al caso determinarán el estado de los ingreso y egresos del semanario y si su funcionamiento y contratación de publicidad se apega a las reglas del sistema de contratación y si están dentro de las normas de la administración pública.
El fiscal expresó sus dudas sobre la forma de contratación de la publicidad y su legalidad tratándose de que depende del mismo gobierno, pero aclaró que cualquier anormalidad la determinará la investigación que se realice en el campo.
Por su lado, el magistrado del TSC, Renán Sagastume, confirmó que el viernes anterior se recibió una denuncia en la Dirección de Participación Ciudadana y de inmediato se le ha dado curso para hacer las indagaciones pertinentes.
“Lo que yo puedo informar es que tengo conocimiento que se ha presentado una denuncia el viernes de la semana pasada en torno a supuestos actos irregulares en el manejo administrativo del órgano que se denomina Poder Ciudadano, cuya estructura jurídica y de funcionamiento desconozco”, apuntó.
Sagastume explicó que preliminarmente se designará un equipo de auditores del TSC, quienes se avocarán a la institución denunciada para revisar la documentación y obtener información de los encargados de la misma.
Dijo que en base a esta investigación el TSC determinará si existen o no indicios de responsabilidad administrativa o civil de parte de los responsables del medio de divulgación.
En caso de haber responsabilidad civil, indicó el funcionario que el caso será pasado al Ministerio Público para que continúe con las indagaciones y emprenda las acciones judiciales pertinentes si así cabe.
“Este trámite es corto y realmente es una investigación que no lleva mucho tiempo porque se trata de una denuncia puntual”, aseveró.
