Comisionado propone a prominentes juristas argentinos para auditar expedientes de corrupción

Según Custodio, se trata de personas con altas calificaciones profesionales y éticasy, salvo mejor criterio, ambas tienen los méritos para realizar en forma óptima el trabajo de auditoria técnico-jurídica de los expedientes en cuestión

La propuesta fue formulada en una carta enviada hoy al secretario del Congreso Nacional, José Alfredo Saavedra, en la que Custodio lamenta la prolongación de la crisis, producto de la huelga de hambre que mantienen vários fiscales em los bajos del palácio Legislativo.

“Respetuosamente dejo constancia de mi preocupación por la ligereza y falta de seriedad en la atención de los asuntos públicos, al generar situaciones de anarquía que solo favorecen a los que pescan en río revuelto como son los demagogos, los corruptos, los oportunistas y los narco-políticos y quienes los financian”, señala Custodio en su misiva.

También indica que el problema que tiene de crisis en crisis al Ministerio Público, no es causado solo por la normativa propia de la institución, sino también por la calidad del quehacer y desempeño de quienes la han integrado o la integran como funcionarios y, especialmente, por esa mayoría de empleados en ella desde su inicio como personal profesional intermedio o de base.

A continuación la carta textual enviada por el Comisionado al Legislativo.

Oficio No. DC-081/2008

Tegucigalpa, M.D.C.; Abril 30, 2008

SEÑOR SECRETARIO

DEL CONGRESO NACIONAL

ABOGADO DON JOSÉ ALREDO SAAVEDRA

SU DESPACHO

De mi consideración:

Antes y después de mi breve participación personal mediante mi oferta pública de mediación, hecha de buena fe y por tanto sincera, he guardado prudente silencio ante la última agudización de la crisis permanente en que subsiste el Ministerio Público, no por indiferencia ni por falta de interés institucional o ciudadano, sino porque en mi carácter de Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) desde el inicio de esta crisis se abrió una queja de oficio la que ha garantizado la presencia institucional permanente. Además, esta institución siempre ha trabajado tanto con los Fiscales Generales y sus Adjuntos, como con su personal de apoyo en diferentes casos y circunstancias, respetando la independencia y complementariedad institucional, propia del Estado de derecho que nos debiera obligar a todos.

Así, he contribuido a resolver la autoría de matanzas en los centros de privados de libertad o de campesinos, la ejecución extrajudicial de personas, abusos policiales, la protección de testigos y de los mismos fiscales y hasta la resolución alternativa de conflictos entre el mismo personal del Ministerio Público. De manera que en cada caso y, en ese quehacer, ha quedado constancia de mi interés pro-activo en los asuntos atendidos, aun cuando en algunos casos me han quedado serias dudas sobre la calidad del desempeño de algunos fiscales o de la esperada respuesta de sus superiores, o incluso de fiscales que me han querido convertir en un intervencionista en los asuntos propios de esa institución del Estado.

Ahora bien, me parece que el problema que tiene de crisis en crisis, digamos casi en una crisis subintrante (^[1]) al Ministerio Público, no es causado solo por la normativa propia de la institución, sino también por la calidad del quehacer y desempeño de quienes la han integrado o la integran como funcionarios y, especialmente, por esa mayoría de empleados en ella desde su inicio como personal profesional intermedio o de base.

Según el principio de responsabilidad es un problema de la eficiencia y de la capacidad humana de todos ellos y ellas, porque los resultados excelentes, buenos o malos dependen de su trabajo y no de sus pretensiones, aspiraciones o frustraciones.

Aparentemente el conflicto actual se ha dado por la mora burocrática en cuanto a algunos expedientes, que no son solamente de este período sino que han estado allí desde el primero y siguientes períodos, en manos de diferentes fiscales cuyos requerimientos no han tenido los resultados esperados, convirtiendo en un lamentable vía crucis la vida de los supuestos implicados, porque van de instancia en instancia en una cadena interminable de apelaciones, reposiciones y hasta verdaderas evacuaciones de impulsos cada vez más absurdos.

Lo cual me lleva a expresar mi temor de que el simple cambio de poner arriba a los que por ahora están abajo, nada cambiaría en cuanto a los resultados que el pueblo hondureño espera, porque serían los mismos haciendo más de lo mismo.

Aun cuando algo habrá aprendido cualquiera de los que han tomado clases en tal escuela, el asunto no es sólo de conocer sino de creer y de ser consecuente entre lo que se dice y lo que se hace, sin negociar la justicia por nada ni con nadie.

Y como de dudar se trata, porque esa parece ser la moda, he aquí mi duda, por cuanto ni la ética ni la honorabilidad depende de los grados académicos, como alguna persona interesada ha venido sosteniendo desde sus diferentes posiciones oportunistas más que oportunas.

Por otra parte, la selección del Fiscal General de la República y del Fiscal Adjunto no debe seguir siendo parte del “a cambio de” (quid pro quo) entre los partidos políticos tradicionales, como hasta hoy ha sido, ni tampoco presea de los minoritarios en una simulación democrática, porque el asunto es de la incumbencia e interés de la ciudadanía, sin excepciones. Por lo menos fue lo que lamentablemente se dio en la escogencia del Fiscal General y de su Adjunto en el último procedimiento sujeto a ley, donde hubo cuatro votos de un mismo partido (el de oposición mayoritaria) para el titular y los mismos cuatro votos para el adjunto (del partido de gobierno), razón por la cual mi voto fue abstención y ya vimos lo que resultó al final de este quid pro quo.

Ahora bien, si lo que se alega como origen de la crisis es la falta de manejo apropiado de los expedientes de algunos casos de supuesta corrupción en la administración pública, lo que urge es una auditoria independiente de todos esos expedientes cuestionados y otros ni siquiera mencionados, sin ninguna exclusión, y resuelto el problema; por cierto que cuanto más pronto mejor. Pero si en realidad se trata de una maniobra política encaminada a cuestionar la institucionalidad con fines aviesos, mal haríamos los que ostentamos nuestro cargo con dignidad e independencia, en someternos a juegos tan indecentes por parte de quien se trate, ya sean laicos o religiosos de cualquier laya.

Como mi propia propuesta de mediación fue mal recibida y desechada por una de las partes en conflicto, igual que la nacida en el seno del Congreso Nacional ha sido declinada por una contraparte institucional (Consejo Nacional Anticorrupción) y la contraparte en protesta, respondo a la excitativa de ese Poder del Estado, en lo que me concierne y es pertinente, así:

Someto a la ilustrada consideración del Congreso Nacional, mediante la documentación adjunta, los nombres de los Doctores de nacionalidad argentina Doña Mónica Lillian Cuñarro y Don Juan Pablo Gallego, personas con altas calificaciones profesionales y éticas, porque, salvo mejor criterio, ambas tienen los méritos para realizar en forma óptima el trabajo de auditoria técnico-jurídica de los expedientes en cuestión. En cuanto a los términos de referencia y la afectación de fondos para su contratación, también ruego conocer y decidir lo pertinente sobre la documentación adjunta, facilitada a petición mía en forma amable y eficazmente por el Señor Fiscal General del Estado.

Con el debido respeto, en ejercicio legítimo de mi derecho a hacer recomendaciones, según el artículo 43 de la Ley Orgánica del Comisionado, someto a la ilustrada consideración de este Poder del Estado las recomendaciones siguientes:

PRIMERA. Si del resultado de la auditoria de los expedientes se acredita mora por responsabilidad del sistema procesal penal que permite múltiple y múltiples apelaciones, hacer en una etapa posterior, una reforma parcial a su respecto con la debida participación y consenso.

SEGUNDA. Continuar con la buena práctica del sistema de selección y remoción de fiscales por concurso y remoción por jury, en lugar de su co-optación o la simple incorporación a dedo.

TERCERA. Respetar lo que la Ley dispone sobre el sistema de selección y elección del Fiscal General y de su adjunto, de manera que prevalezca la idoneidad, honorabilidad y ética personal y profesional, sobre la de su militancia partidista.

Con esto doy por concluida mi tarea, a pesar de que nunca se me entregó oficialmente ningún documento resolutivo de parte del Congreso Nacional, por lo cual tuve que cerciorarme personalmente por teléfono el día de aprobación de la moción presentada por el Diputado Presidente, hacer uso de una copia de ese texto y de las citas publicadas en los diferentes medios de comunicación sobre este asunto

Respetuosamente dejo constancia de mi preocupación por la ligereza y falta de seriedad en la atención de los asuntos públicos, al generar situaciones de anarquía que solo favorecen a los que pescan en río revuelto como son los demagogos, los corruptos, los oportunistas y los narco-políticos y quienes los financian.

Reciba las muestras de mi respetuosa consideración.

DOCTOR RAMÓN CUSTODIO LÓPEZ

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

DE HONDURAS

CC: Sr. Roberto Michelletti Baín – Diputado Presidente Congreso Nacional

Sr. Valentín Suárez – Jefe de Bancada del Partido Liberal

Sr. Rodolfo Irías Navas – Jefe de Bancada del Partido Nacional

Sr. Toribio Aguilera – Jefe de Bancada del Partido Innovación y Unidad

Sr. Ramón Velásquez Nazar – Jefe de Bancada de la Democracia Cristiana

Sr. César Adolfo Ham – Jefe de Bancada del Partido Unificación Democrática

RCL/Bea

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