Este mismo día, el Poder Ejecutivo publicó en el diario oficial La Gaceta el decreto que le da carácter legal a la disposición en un intento por evitar futuras demandas y detener el boicot convocado por diferentes organizaciones, entre ellas el alcalde de la capital, Ricardo Álvarez, que llamó a desobedecerla y protestar este jueves encendiendo las luces de sus vehículos.
El decreto es de ejecución inmediata a partir del 31 de marzo de 2008.
El pasado lunes, el abogado y ex diputado Áfrico Madrid presentó ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de amparo en contra del decreto “Hoy no circula” que el Gobierno comenzará a aplicar el próximo lunes.
El presidente del CAH, Ángel Valentín Aguilar, dijo que este recurso de amparo se presenta atendiendo el reclamo de la sociedad hondureña, previo a un profundo estudio de su cuerpo de juristas.
“Hemos procedido al estudio de este tema de una manera circunstancial muy su generis por cuando este decreto nunca tuvo la publicidad como ha pregonado el gobierno de la República y tampoco utilizó una cadena de radio que debió ser apropiada para informar sobre este tema”, apuntó.
Dijo que el gobierno que es hasta ahora que el Ejecutivo se apresuró a publicar el decreto en La Gaceta y a publicitar en los medios la medida, pero ante de eso no hubo un proceso amplio de socialización con los diferentes sectores de la sociedad hondureña.
El decreto ejecutivo establece una restricción temporal a la circulación de vehículos en las vías públicas, pero para el Colegio de Abogados esa disposición tiene una relación con los derechos y garantías constitucionales que se están vulnerando como el derecho al trabajo, a la propiedad y a la circulación.
Carlos Guzmán, director del Bufete Social del CAH, dijo que lo que se busca con el recurso es que la Corte Suprema de Justicia por medio de su Sala Constitucional, emita una resolución por medio de la cual emita una resolución donde ordene la suspensión del acto reclamado.
“Pedimos la suspensión porque se ha violentado la Constitución de la República, el principio de legalidad en el sentido que en primer término se viola la autonomía de los municipios a cuyos gobiernos les corresponde el ordenamiento territorial y el uso de las vías públicas y el principio de legalidad en cuanto a quien es el facultado, según la constitución, a imponer multas y sanciones”, dijo.
Explicó que el artículo 109 de la Constitución de la República que establece las atribuciones del Congreso Nacional señala que es este órgano del Estado el responsable de dichas atribuciones y no es el Poder Ejecutivo.
