Más de 30 sufrieron ataques en Perú y 32 recibieron amenazas en Colombia, destaca en las conclusiones que se ratificaron en la sesión de la asamblea semestral, que concluyó hoy en la capital venezolana tras tres días de encuentro.
Según el texto, «la transferencia de poder en Cuba, de Fidel Castro a su hermano Raúl, no mejoró la situación de los 25 periodistas que permanecen en la cárcel en ese país», ni la de otros en el ejercicio de su labor informativa.
El documento indica también que Paraguay, bajo el mandato del presidente Nicanor Duarte, «fue el país en el que se reportó el mayor aumento de ataques verbales en contra de los medios» en los últimos seis meses.
Agrega que «también se observaron ataques para minar la credibilidad de la prensa en Honduras, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Guatemala, Argentina, Uruguay y Venezuela».
«Un reciente incremento de empresas mediáticas estatales en la región es una clara muestra de los nuevos esfuerzos desplegados por los diferentes regímenes por controlar la información», opina.
En el caso de Venezuela, país anfitrión de esta reunión, indica que «el Gobierno ha asumido el control de varias estaciones de radio y televisión».
También dice respecto a Bolivia que el Gobierno de ese país «ha creado cadenas de estaciones de radio y televisión del Estado».
El informe considera que en el aspecto legal «hay mejoras gracias a nuevas leyes que permiten el acceso del público a la información oficial», y cita como ejemplos de ello Nicaragua, Honduras, Chile y Guatemala.
Subraya también que Brasil y Ecuador han emprendido iniciativas positivas para los periodistas dentro de sus reformas constitucionales.
Afirma el texto que «los Gobiernos de Guayana, Argentina, Uruguay, Nicaragua, México y Venezuela castigaron a los diarios que mostraron opiniones críticas reteniéndoles indebidamente la publicidad oficial».
«A pesar de ello, por primera vez un gobierno provincial de Argentina estableció un procedimiento para la asignación de la publicidad oficial sin discriminación, en cumplimiento de una sentencia de la Corte Suprema», subraya
