Respecto a México, donde fueron asesinados tres informadores en los últimos seis meses, el documento probado por la Asamblea semestral del gremio de editores y dueños de medios citó los casos de más de dos decenas de periodistas asesinados en los últimos 20 años.
La SIP destacó los casos de 16 periodistas muertos en los estados mexicanos de Tamaulipas, Chihuahua y Michoacán y exigió al Gobierno federal «atraer las investigaciones» de esos «asesinatos ante la falta de resultados y la posible complicidad de las autoridades locales para impedir que esos casos sean resueltos».
Resolvió «comprometer a la Procuraduría General de la República (PGR) para que cumpla con su obligación constitucional y legal de procurar justicia en los casos de periodistas asesinados que tiene bajo su jurisdicción y de los cuales no ha dado un solo resultado que permita conocer lo ocurrido y enjuiciar a los responsables».
También «reclamar el Gobierno mexicano y al Congreso de la Unión que doten de capacidad legal, recursos materiales y humanos suficientes a la Fiscalía Especial para Delitos cometidos contra Periodistas de la PGR, para que pueda investigar de forma real y profunda los casos de secuestros, amenazas y asesinatos de periodistas y deje de ser una oficina sin efectividad».
La Asamblea de la SIP además decidió «pedir a la Cámara de Diputados abrir un espacio amplio de discusión profunda sobre las reformas constitucionales y legales para crear mejores condiciones que permitan prevenir, atender y resolver los casos de periodistas amenazados, secuestrados y asesinados en México».
En cuanto a Colombia, el gremio de editores y dueños de medios de prensa señaló los casos de 17 periodistas asesinados en la última década que permanecen sin resolver, y que involucran, en algunos casos, a paramilitares desmovilizados.
Destacó la muerte del periodista Orlando Sierra como «el más grave en los últimos cinco años en Colombia», y el compromiso del organismo de mantener el seguimiento al caso.
La SIP resolvió «solicitar a la Unidad de Justicia y Paz atender el requerimiento de los fiscales (…) para interrogar a los paramilitares desmovilizados que rinden versiones libres (…) sobre sus responsabilidades en el asesinatos de periodistas, para que esas confesiones puedan ser analizadas y utilizadas dentro de los procesos» correspondientes.
También «pedir al Fiscal General que a la mayor brevedad informe sobre los resultados obtenidos (…) para sacar de la impunidad los procesos que se adelantan sobre los asesinatos de 12 periodistas».
La SIP decidió además «instar a la Fiscalía General, Cancillería y Consejo Superior de la Judicatura a que redoblen sus esfuerzos para atender los compromisos adquiridos (…) para castigar a los responsables del crimen del periodista Nelson Carvajal Carvajal en 1998».
El gremio de prensa resolvió «exhortar a las autoridades de Colombia a continuar de manera intensa las investigaciones de cara a garantizar la seguridad física de Mario Alfonso Cuello», secuestrado el 17 de febrero pasado por un grupo armado no identificado, para «dar con su paradero y aplicar el peso de la ley a los culpables».
Sobre Argentina, la SIP decidió «insistir a las autoridades» de ese país «que investigue de manera expedita y a profundidad el asesinato de Juan Carlos Zambrano», ocurrida el 19 de marzo pasado por desconocidos que le dispararon.
En el caso de Honduras, la SIP decidió «requerir a las autoridades que profundicen y avancen en las investigaciones del asesinato de Carlos Salgado», ocurrida el 18 de octubre de 2007, «hasta dar con los culpables intelectuales y materiales y conocer los móviles del crimen, así como garantizar la seguridad de los periodistas
