En una audiencia para analizar la denuncia de los peticionarios, Seanna Howard, de la Universidad de Arizona, explicó que en los últimos siete años se ha registrado un «aumento alarmante» de actos de violencia y abusos por parte de grupos que combaten la inmigración ilegal en EE.UU.
Los peticionarios argumentan que esos grupos anti-inmigrantes patrullan la frontera con México y detienen a los inmigrantes que intentan cruzar la frontera de manera ilegal para entregárselos después a los agentes de la Patrulla Fronteriza.
Según Howard, esos grupos, «casi paramilitares», reciben financiación de grupos «neonazis» afines para combatir la inmigración ilegal, viajan en vehículos todoterreno y visten informes camuflados haciendo creer a los inmigrantes que son agentes de la Patrulla Fronteriza.
La Policía del condado de Cochise (Arizona) ha documentado casos de abusos a inmigrantes por parte de estos grupos radicales, pero el Gobierno de EE.UU. no ha tomado ninguna acción al respecto, afirman los peticionarios, que señalan que se han registrado unos 70 incidentes de violencia a inmigrantes que involucran a mil víctimas.
El Gobierno estadounidense no ha tomado ninguna iniciativa para detener las actividades ilegales de los vigilantes privados, según la denuncia.
Los abusos, documentados en 24 casos, se refieren a asaltos, intimidaciones, en muchos casos con armas de fuego, y a detenciones ilegales de los inmigrantes indocumentados, hecho que ha sido denunciado también por el Consulado de México.
De acuerdo con los peticionarios, EE.UU. tiene conocimiento de las actividades de los grupos anti-inmigrantes en la frontera, pero ignora los informes de la Policía y del Consulado mexicano, así como las repetidas denuncias de organismos de defensa de los derechos humanos.
El propio presidente de EE.UU., George W. Bush, ha calificado a los Minuteman de vigilantes, resaltó Howard, en referencia a la «tolerancia» del Ejecutivo estadounidense ante los abusos.
El Estado es responsable de promover acciones legales contra los agentes civiles que cometen este tipo de delitos, pero prácticamente ninguna persona ha sido acusada, lamentan los peticionarios.
La parte denunciante argumenta que juicios civiles con las correspondientes indemnizaciones no son suficientes para solucionar el problema, y reclama que se inicien juicios penales contra los autoproclamados agentes fronterizos.
La directora ejecutiva de Border Action Network, Jennifer Allen, pidió al Gobierno de EE.UU. que inicie una investigación independiente para identificar los patrones de abuso que se dan y que realice una campaña de educación que promueva la defensa de los derechos de los inmigrantes dentro de las agencias federales, entre otros puntos.
También solicitó que los agentes del Servicio de Inmigración no deporten a los inmigrantes que hayan sufrido abusos para que puedan tomar las acciones legales necesarias.
El Gobierno de EE.UU., representado por el Departamento de Estado y de Justicia, así como por representantes de la misión ante la Organización de Estados Americanos (OEA), señaló que el caso no puede ser admitido por la CIDH porque las víctimas no han agotado todos los recursos internos del sistema judicial.
En opinión de Royce Min, abogado del Departamento de Estado, las víctimas tienen la opción de presentar demandas civiles en aras de conseguir una indemnización, pero la mayoría ha optado por no hacerlo. Para EE.UU., las denuncias no corresponden a la vía penal.
