La locura por licitar en materia de energía renovable, la colocación de rayos X en los puestos aduaneros del país, contratos de emergencia en materia vial y otorgamiento por doquier de permisos de transporte, son mecanismos que contradicen los principios de publicidad y transparencia que establece la ley de contratación del Estado y otros mecanismos jurídicos.
En el país, el punto de partida para el análisis de la transparencia en las contrataciones públicas lo constituye la Ley de Contratación del Estado, vigente desde el 2001, pero que no todas las instituciones públicas la cumplen.
Esta ley se complementa con otros doce instrumentos jurídicos que contienen disposiciones generalizadas en materia de contrataciones y adquisiciones públicas como la Ley de la Administración Pública, Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley del Tribunal Superior de Cuentas, la Ley del Banco de la Producción y la Vivienda; Ley del Fondo Hondureño de Inversión Social, Ley del Fondo Vial, Ley de la Procuraduría General de la República y la Ley de Facilitación Administrativa para la Reconstrucción Nacional, entre otras.
Esa maraña de leyes, orientadas en parte a querer transparentar la acción del Estado, presenta, a su vez, lagunas que facilitan la evasión de los procesos haciendo que la secretividad se anteponga ante la rendición de cuentas.
 | El último Informe Nacional de Transparencia (INT-2009) presentado por la Unidad de Conocimiento y Análisis del Consejo Nacional Anticorrupción, señala como uno de los cuatro principales problemas de corrupción en el país, el soborno a funcionarios políticos para ganar compras del Estado. Le anteceden el soborno a policías, el financiamiento dudoso de las campañas políticas y el desvío de fondos de proyectos del Estado. |
Desde la perspectiva de la ciudadanía, la visión empresarial y de la cooperación internacional, los procesos de contrataciones y adquisiciones del Estado son poco transparentes y medianamente confiables.
Dudas rodean proceso de contrataciones En una encuesta aplicada a la ciudadanía, un 62 por ciento de los consultados consideró que los procesos de licitación son poco transparentes, en contraste con un 22 por ciento que opinó que para nada son transparentes ni confiables, evidenciando así que una de las vulnerabilidades más significativa desde la visión ciudadana, radica en el bajo nivel de confianza que se tiene sobre el sistema de contrataciones públicas.
Para la ciudadanía, uno de los sectores en donde se producen mayores actos de corrupción del Estado es en el sector de la educación, seguido de la energía, salud y telecomunicaciones. En cuanto a infraestructura y turismo, por ser rubros en los cuales la ciudadanía no se relaciona cotidianamente, su percepción de corrupción es menor porque no pasa atenta a estos procesos, como sí lo hace con el área de la educación y la salud, por ejemplo. Desde la visión de los empresarios, el INT indica que la mayoría de los empresarios encuestados que licitan con el Estado en el sistema de Honducompras, poco o nada conocen acerca de la Ley de Contratación del Estado, no poseen una clara definición con respecto a la pertinencia del sistema de contrataciones existente. |
Casos de soborno identificados por los empresarios
Para el sector privado empresarial, los procedimientos de contratación del Estado son poco y nada transparentes, siendo los rubros que identifican como más proclives a la corrupción el sector de la infraestructura, energía, salud, telecomunicaciones, educación, tres o más sectores, todos los sectores.
Estos bajos niveles de confianza que los empresarios tienen con respecto a las entidades y los procesos de contratación, afecta negativamente el capital social del país al no consolidarse unas relaciones de confianza entre la ciudadanía y el Estado, en particular en un aspecto tan vital para el accionar estatal, como son las contratos y adquisiciones públicas.
 | La falta de ética en el servidor público, la debilidad en los controles de supervisión, el recurso humano poco preparado; una legislación poco clara y precisa, además de la “costumbre” de robar en Honduras, son algunos de los aspectos señalados por los empresarios como las principales causas de corrupción en los procesos de contratación del Estado. Identifican como los casos de soborno más sonados en los últimos dos años en el país: HONDUTEL, infraestructura, los alquileres en la ENEE, compra directa de medicamentos, televisoras, todas las que son compras directas, Conatel, construcciones, plazas a maestros sin concurso, compra de energía, narcotráfico, Pronaders, entre otros. |
Modalidades de la corrupción administrativa De acuerdo al estudio, una forma muy frecuente de eludir el cumplimiento de la ley de contrataciones, se refiere al “fraccionamiento de las adquisiciones”. Cuando se presentan adquisiciones de gran cuantía sometidas a regímenes especiales de compra, éstas se hacen de manera segregada. En lugar de hacerse una sola compra cada tres meses, se hacen compras pequeñas cada quince o treinta días, con el propósito de evadir los procedimientos de licitación. “Lo mismo ocurre en la contratación de empresas para construcción de obras, porque las construcciones son contratadas para ciertas etapas de la obra, de esta forma, los costos parciales se agregan a un costo final”, revela el documento del CNA. Otras de las modalidades identificadas como más recurrentes en la corrupción administrativa son las contrataciones directas, en situaciones de emergencia y servicios científicos, técnicos y especializados; la cláusula de revisión de precios o cláusula escalonada, misma que ha desaparecido de la mayoría de los países en el mundo pero subsiste en Honduras, siendo el más reciente caso de HONDUTEL el que aparenta mostrar las prácticas de modificación de los precios y ganancias por parte de las empresas contratadas en desacuerdo con los términos de la contratación. La Cesión de contratos a terceros y la licitación fracasada o desierta, son las otras modalidades que abren la discrecionalidad a la corrupción. |
Hacia un “Cambio Ya” El Informe Nacional de Transparencia, enfocado en el tema de las contrataciones y adquisiciones del Estado, señala el caso de la compra de energía a base de carbónefectuada en el 2008 , como una de esas modalidades corruptas, aprobadas por el Congreso, pese a las advertencias del Tribunal Superior de Cuentas (TSC). El informe del TSC establece que la contratación directa generaría al país un sobrecosto de 614 millones de dólares, que los costos del flete y del carbón se sobredimensionaron al inflarse las ofertas para la ENEE, pero tanto la ex administración de Manuel Zelaya como los congresistas, desoyeron esas recomendaciones; y ahora la administración de Micheletti se apresta a otorgar otro fragmento de la rama energética “a la velocidad de la luz”. |  |
La gerencia administrativa del país que rectora Micheletti tiene ante sí otra prueba de fuego interna al garantizar que habrá transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas en esta ola de licitaciones de último momento, a fin de no heredar al gobierno del presidente electo, Porfirio Lobo, un país con más huesos y menos carne del que ya tiene.
Lobo, a su vez, deberá aplicar su compromiso de que cada servidor público se comprometa a cumplir el código de conducta ética del servidor público como punto de partida para un sistema de monitoreo y control que permita a su gobierno, su partido en el poder, y al país en general, a sembrar las bases para un “cambio ya” en Honduras.
