En la primera jornada de trabajos del VI Congreso Internacional «Migración e instituciones sociales», que hoy comenzó en la Universidad Iberoamericana (UIA), el experto señaló que las autoridades del país, federales, estatales y municipales, también están a menudo involucradas en estos abusos.
Recordó un caso ocurrido dos semanas atrás cuando a un inmigrante centroamericano sus captores le pusieron «ácido en las manos y los genitales para sacarle información de los teléfonos de sus familiares en EE.UU.», mismos que no proporcionó para evitar que sus allegados fueran extorsionados.
García atribuye a la «impunidad» en investigar los delitos, la falta de protección a los «sin papeles» y la permisividad ante la corrupción «el aumento de la violencia, la gravedad, el sadismo en el secuestro a las personas migrantes» en México.
El pasado junio la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió un informe donde detalló que entre septiembre de 2008 y febrero de 2009 hubo un total de 198 casos de secuestros masivos contra inmigrantes que afectaron a 9.758 personas.
«Debido a estos tipos de impunidad la delincuencia organizada se siente más tranquila y segura de seguir aumentando sus niveles de violencia», añadió García.
Sobre el mismo asunto el padre José Alejandro Solalinde, responsable de la zona sureste de la DPMH y director de un refugio de migrantes en Ixtepec, en el estado de Oaxaca, lamentó que el crimen organizado haya estado en los últimos meses hostigando a algunas de las 54 casas del migrante que tiene su organización.
«Las mafias, los que están acostumbrados a lucrar, ya descubrieron como lucrar con los migrantes. Están haciendo lo posible y lo imposible por eliminar estas casas, porque son el único obstáculo que tienen para llenarse de dinero los bolsillos», agregó.
Amnistía Internacional (AI) emitió hoy un comunicado donde señaló que una casa del migrante localizada en Saltillo, en el norteño estado de Coahuila, ha recibido amenazas desde fines de octubre.
Finalmente, el director ejecutivo de la ONG Sin Fronteras, Emilio Chávez, lamentó las dificultades que hay en México para conocer mejor un fenómeno de abusos contra inmigrantes que «se está agravando».
«Nosotros vemos que está totalmente relacionado con el incremento durante los últimos años de un endurecimiento en la práctica de las políticas públicas hacia la migración», agregó Chávez.
El especialista de Sin Fronteras alertó sobre una creciente presencia de grupos de paramilitares y miembros de «guardias blancas» de países como Colombia y Honduras en México, algo que ha recrudecido los abusos.
Para el activista es deplorable que en su país la inmigración sea todavía vista como un asunto de seguridad pública, nacional, y de control de fronteras.
Este enfoque ha propiciado que aumente el coste económico y los riesgos para la integridad física de los indocumentados que, procedan de regiones pobres de México o de Centro y Suramérica, lo que pretenden es buscar mejores condiciones de vida en EE.UU.
