“Cuarta urna”, una reforma con sabor a corrupción

Tegucigalpa.- El abortado proceso de la “cuarta urna” para auscultar el pensamiento de la población en torno a la necesidad o no de instalar una Asamblea Nacional Constituyente para elaborar una nueva Constitución en el país, pasó de convertirse en un proyecto de reforma a una “mina de oro” de la cual se erogaron millonarios recursos públicos para beneficios insospechados.
 

Nuevamente el sabor de la corrupción marcó este proceso que logró concitar el interés de muchas personas que apuestan por un cambio en este país, que pasa por una profunda reforma del sistema político, social y económico para dejar de ser una de las naciones más desiguales del mundo, según coinciden varios estudios económicos.

La habilidad de la ex administración del depuesto gobernante Manuel Zelaya, se centró no solo en concitar y atraer hacia su causa, a una buena parte de las organizaciones que conforman el movimiento social, popular y humanitario, así como personas de buena fe que confiaron en su propuesta. La astucia fue más allá, usó y utilizó esa bandera para iniciar una danza de millones que amenaza con salpicar todo lo que se toca.

Más de 5, 500 millones de lempiras fueron sacados de las arcas nacionales sin saber su destino; la mayoría se hizo bajo el mecanismo de las transferencias presupuestarias, de la que no escapó la bóveda del Banco Central de Honduras, de donde, se asegura, fueron extraídas días previos al 28 de junio, cerca de 50 millones de lempiras. Así lo informó la Secretaría de Finanzas y el Ministerio Público.

Previo a este anuncio, varios medios de prensa e instituciones de sociedad civil solicitaron información a Casa Presidencial acerca de los costos del proyecto de la “Cuarta Urna”, pero las evasivas y el “no estoy autorizado” fueron las respuestas. La secretividad predominó en la administración que pregonó “la transparencia”.

Ante el guión de una leyenda urbana

Las autoridades del Ministerio Público, responsable de éstas y otras investigaciones en las cuales se habla de registros de cuentas bancarias a ex funcionarios de Zelaya, parecen no dar crédito a lo que encuentran; es como si se estuviese ante un guión de una fábula de cine urbano, en una nación donde la corrupción hace años dejó de ser un fenómeno para volverse un inquilino permanente.

Los pocos ex funcionarios que aún siguen siendo leales a Zelaya, ante las denuncias de corrupción acompañadas de videos, fotografía y testimonios, alegan ser objeto de “persecución política”, pero evaden entrar en detalles en tanto no hagan la defensa que por ley les corresponde, mediante un debido proceso que debe ser garantizado por el Estado.

Los tribunales dirán la culpabilidad o inocencia de los imputados, pero lo que hasta ahora trasciende en la opinión pública tiene las características propias de una doble estafa: de un lado, jugar una vez más con la inocencia de un pueblo sediento de cambios; y de otro, el uso indebido de fondos públicos. ¿Sabrá algún día la población cuánto costó el proyecto de la Cuarta Urna?

La pobreza, la inestabilidad política y la desorganización administrativa son características muy marcadas en el Estado hondureño. Al emitirse la Constitución de 1982, parecía que la inestabilidad política había concluido en Honduras, pero los acontecimientos del 28 de junio, indican lo contrario: el país no logró pasar la prueba de la crisis que marcan las etapas de la democracia.

La inestabilidad constitucional, gubernamental e institucional se evidencia en la promulgación, desde la independencia a la fecha, de 13 constituciones nacionales y 3 constituciones federales. Desde 1827 hasta la década pasada, se registran en el país unas 400 acciones armadas. De esta suerte, inequidad y pobreza han acompañado la formación del Estado hondureño.

Corrupción y reforma, nunca caminan juntas

De ahí que el proyecto de la “Cuarta Urna” despertara esperanzas y sueños perdidos en muchos hondureños, así como la oportuna advertencia de sectores de la izquierda intelectual del país y otras organizaciones sociales que miraban en la propuesta, un disfraz de “lobo con piel de oveja” bajo el cual se ocultaban aspiraciones personales continuistas, de impunidad y corrupción.

Delincuencia, corrupción y pobreza siguen siendo los problemas que más enfrenta la población, y que de acuerdo a una encuesta elaborada por el latino barómetro, la ciudadanía estaría de acuerdo que ante la falta de respuestas a estos problemas, se asuman gobiernos de “mano dura”, lo que representa una muy mala señal para la democracia.

En el caso de la corrupción, se define en forma general, como un abuso de la posición pública cuando una o un funcionario acepta o solicita un soborno, o a través de prácticas de nepotismo, prevaricato, cohecho, apadrinamiento y otras para la obtención de beneficios particulares.

En Honduras, la corrupción existe y ha existido desde la época colonial. La verificación de tal enunciado se da en la medida en que la corrupción estatal aparece como un hecho repetido a lo largo de la historia del país y abarca al Estado colonial, republicano, dictatorial, militar y al democrático.

De acuerdo a los expertos, es una característica en la historia nacional, el que todos los procesos de reforma estatal y social hayan estado continuamente inacabados, justamente por la deslegitimación que siempre provocó la corrupción.

De esta suerte, según el Foro Social de la Deuda Externa en Honduras (FOSDEH), la corrupción en el país deja cada año pérdidas por 12 mil millones de lempiras producto del latrocinio, en tanto a nivel de percepción de recaudación de ingresos, el Estado deja de percibir anualmente un promedio de 11 mil millones de lempiras.

En términos globales, ello significaría que anualmente Honduras pierde un estimado de 23 mil millones de lempiras a causa de la corrupción, ello representa el 38% del presupuesto del gobierno central del 2008. En términos de Salud y Educación, ese monto que se deja de percibir representa casi el 95% de los presupuestos de esas dos carteras ministeriales, pilar fundamental en las políticas de desarrollo de un Estado.

¿Se hará esta vez el milagro?

En el caso del proyecto de la “Cuarta Urna” los hechos que apuntan a una descomunal forma de corrupción, solo son la punta del iceberg de una serie de actos presuntamente corruptos que marcaron la administración del ex presidente Zelaya, que equipara y quizá hasta supere a la señalada corrupción de la administración del ex presidente Rafael Callejas, último a quien los tribunales de justicia le otorgaron numerosas cartas de libertad.

El caso de Latinode, es otro de los rostros de corrupción que persiguen al depuesto gobierno de Zelaya. Las cartas sobre la mesa, como diría la Secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, están echadas. Clinton confía en que la crisis que vive Honduras tras la defenestración de Zelaya, culmine en paz y democracia. El interlocutor o mediador escogido, Óscar Arias, así lo espera, pero más pragmático que muchos, advirtió que “los milagros” no siempre llegan pronto.

De ahí que la incógnita surja en el caso de Latinode y la “Cuarta Urna”, al preguntarse la población, si esta vez, “el milagro” de lucha contra la corrupción ¿realmente se dará o será amnistiado? La respuesta está un poco más allá de Costa Rica. (FIN).

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