Un comunicado de la Cancillería paraguaya señala que la ministra de Relaciones Exteriores de Honduras, Patricia Rodas, explicó a su par de Paraguay, Héctor Lacognata, que Montanaro «ha abusado flagrantemente del desdichado asilo que le fue otorgado por el Estado hondureño en anteriores gobiernos».
La Cancillería transcribe la carta de Rodas, en respuesta a una explicación pedida por Lacognata, en la que la jefa de la diplomacia hondureña «deplora» la forma en que Montanaro se marchó del país y reitera que «bajo ninguna circunstancia hubiese permitido o avalado situaciones que pudieran ocasionar daños de cualquier índole al pueblo paraguayo».
Montanaro «abusó del estatus otorgado por el Estado hondureño hace ya dos décadas y violó la normativa que establece la Convención sobre Asilo Territorial suscrita en 1954», indica la misiva de la canciller hondureña.
«Por tal motivo, la autoridad migratoria del Gobierno de Honduras no tuvo acceso inmediato a la información requerida, por lo que no ha sido posible comunicar y alertar del hecho al Gobierno de Paraguay», reseña Rodas.
La canciller hondureña también recuerda a Lacognata el rechazo del primer exhorto de extradición de Montanaro, decidido por las autoridades judiciales de Tegucigalpa el 16 de agosto de 1989, y que la Convención establece que un individuo no podrá ser reclamado dos veces por el mismo hecho imputado.
El regreso de Montanaro motivó una movilización de decenas de ex presos políticos y familiares de víctimas de la dictadura que siguen en vigilia ante el hospital de la Policía, donde el ex ministro de Stroessner permanece ingresado bajo arresto.
Montanaro fue ministro de Interior durante 23 años, entre 1966 y 1989, y afronta varias denuncias por torturas y desaparición forzada de personas, muchas de ellas dentro de la Operación Cóndor, un esquema de persecución instaurado por los regímenes militares del Cono Suramericano en la década de los años 70 y comienzos de los 80.
Montanaro, que sufre varias complicaciones debido al deterioro progresivo de su estado de salud, fue ingresado a su llegada en un hospital privado, pero tras una revisión médica y por orden del juez Arnaldo Fleitas fue trasladado al policlínico policial.
