El tribunal admitió el recurso, pero no la petición de la suspensión del acto reclamado, con lo que el Ministerio Público pretendía lograr que el Poder Ejecutivo suspendiera la publicidad a favor de la consulta popular.
El dictamen fue emitido por el juez Jorge Alberto Zelaya Saldaña.
El dictamen pide al MP presentar los ejemplares de publicación o acreditar los mismos mediante los recibos de publicación en el plazo de cinco días hábiles después de la notificación.
Asimismo emplaza a la Procuradora General de la República, Rosa América de Galo, para que responda la demanda en un plazo de 20 días hábiles.
En cuanto a la solicitud de la suspensión del acto reclamado, en este caso el decreto ejecutivo que llama a la consulta y la publicidad y propaganda que se deslinda del mismo, pide proceder “a poner piezas separadas para la sustentación de dicha cuestión incidental”.
