Un responsable del Ministerio de Asuntos Humanitarios sudanés, sin identificar, declaró a la agencia de noticias estatal SUNA que han decidido expulsar a diez organizaciones británicas, francesas y estadounidenses que trabajan en Darfur, en el oeste de Sudán.
La fuente no dio más detalles sobre esta decisión, ni especificó el nombre de las organizaciones afectadas.
La CPI emitió hoy una orden de detención contra Al Bachir por crímenes de guerra y de lesa humanidad en la región de Darfur, en el oeste de Sudán, en una decisión que ya ha sido rechazada por el régimen de Jartum.
Con anterioridad, el asesor presidencial Mustafa Ozman Ismail había señalado en declaraciones a la televisión estatal sudanesa que «el gobierno sudanés se comportará con total responsabilidad de acuerdo a la ley y protegerá a los extranjeros residentes en el país».
En ese sentido, señaló que el Ejecutivo protegerá a cualquier extranjero, siempre y cuando se respeten las leyes del país, tradiciones y costumbres del mismo.
Al Bachir, que ocupa el poder en Sudán tras un golpe militar que encabezó el 30 junio del 1989, es el primer presidente en ejercicio sobre el que la CPI emite una orden de arresto desde la creación de ese tribunal, con sede en La Haya, en el año 2002.
La orden de arresto, que tiene efecto inmediato a partir de hoy, incluye siete cargos: cinco por crímenes de guerra -entre ellos exterminio, tortura y violación- y dos de lesa humanidad -ataques directos e intencionados contra la población civil y pillaje.
El conflicto de Darfur se inició cuando dos grupos insurgentes, el Movimiento de Justicia e Igualdad (MJI) y el Movimiento para la Liberación de Sudán (MLS), se levantaron en armas en febrero de 2003 contra el régimen de Jartum en protesta por la pobreza y la marginación que sufrían los habitantes de esta región.
Desde el inicio del conflicto, cerca de 300.000 personas han muerto y otros dos millones y medio se han visto obligadas a abandonar sus hogares, según cálculos de la ONU.
