Según el decreto legislativo 27-2008 que contiene las disposiciones generales del presupuesto general de ingresos y egresos, todas las instituciones del sector público deben remitir a la Secretaría de Finanzas los informes trimestrales sobre su respectiva ejecución física y financiera.
Sin embargo, muchas instituciones están violentando esta disposición, incluyendo la Presidencia, la Vicepresidencia de la República y el despacho de la Presidencia, que son las primeras llamadas a liquidar su presupuesto por motivos de transparencia y orden fiscal.
El último informe de evaluación y ejecución presupuestaria enviado al Congreso por la Secretaría de Finanzas revela que existen ocho instituciones del sector público centralizado y 24 del sector centralizado que no han remitido dicha autoevaluación del cuarto trimestre de 2008, lo que dificulta realizar los análisis de ejecución presupuestaria, indicó Azcona.
Entre estas dependencias del sector descentralizado se encuentran el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema), la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y la Empresa de Correos de Honduras (Honducor).
En el sector público centralizado destacan las siguientes instituciones: Tribunal Supremo Electoral, Presidencia de la República, el Instituto de la Propiedad, Instituto Nacional de la Juventud, la Vicepresidencia de la República, dirigida hasta ese momento por el ahora candidato presidencial, Elvin Santos; el Despacho Presidencial y la Cuenta Desafío del Milenio.
También destacan la Comisión Permanente de Contingencias, centro Nacional de Educación para el Trabajo, Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Recursos Naturales, Comisión Nacional de Energía, Dirección de Fomento a la Minería, Registro Nacional de las Personas, Procuraduría General de la República y Procuraduría del Ambiente.
Azcona indicó que la liquidación correcta, completa y pronta del presupuesto general de la República es necesaria para mantener el orden, la transparencia y la eficiencia en el manejo de los recursos públicos.
Señaló que en algunas se incorporan fondos externos durante la ejecución trimestral, los que en muchos casos no son utilizados, afectando los niveles de ejecución. Además, las instituciones no elaboran planes operativos para las unidades ejecutoras que permitan relacionar las metas físicas con las asignaciones financieras.
En función de lo anterior, el congresista pidió que se solicite a las instituciones antes mencionadas cumplir con el decreto 27-2008 y que envíen a Finanzas su respectiva liquidación presupuestaria al 31 de diciembre de 2008 en un plazo no mayor de 15 días.
Una vez que las dependencias señaladas cumplan con esa obligatoriedad, la Secretaría de Finanzas verifique y envíe al Congreso Nacional un informe de cumplimiento y publique estas liquidaciones.
Al respecto, el vicepresidente del Congreso Nacional, Ramón Velásquez Nazar señaló que estas instituciones que no presentaron la correspondiente liquidación, después tienen que justificar la no ejecución, si es que eso ha sucedido, y si la ejecución no es satisfactoria, el Poder Legislativo no puede seguir aprobándole valores que no utilizan o no dan informes del uso del mismo.
