Aguilera obtuvo el borrador del contrato que presuntamente la ENEE pretende presentar al pleno legislativo gracias a uno de los empleados de la estatal energética quien se lo facilitó.
El parlamentario sostuvo que entregará ese documento a todos los sectores para que empiecen a empaparse del tema aunque recordó que se trata de un borrador.
Asimismo, hizo un llamado a los miembros de la comisión de Energía del Congreso Nacional, a los jefes de bancada y a los diputados en general, a los presidentes del Legislativo y del Ejecutivo, al Tribunal Superior de Cuentas y a la Procuraduría General de la República para que examinen detenidamente toda la documentación relacionada con la contratación de energía sucia que pretende hacer la estatal energética, ENEE, por 100 mega watts.
El diputado Toribio Aguilera advirtió que es preciso evitar que sorprendan a los congresistas pasando una iniciativa de repente, sin conocer, oficialmente, el contrato de antemano. Por eso exigió que se entregue la documentación oportunamente, para que pueda ser analizada y a la vez que las actuaciones legislativas se enmarque en la responsabilidad.
“Entendemos que ya nos hicieron caer en la gran trampa de la emergencia como hacen siempre cuando nos traen contratos aquí de compras de medicina, cuando ya no hay medicinas en los hospitales y nos dicen, miren, si no aprueban eso se muere la gente, cuando esto planificadamente, yo digo que a veces o es por incapacidad del funcionario o es por maldad que nos hacen caer en la emergencia y de esa manera nos apuran que aquí aprobemos los contratos sin mayor información”, denunció el parlamentario pinuista.
Agregó que “a mí no me gusta hacer ese tipo de juzgamiento, lo único de ello es que las cosas deben de manejarse transparentemente y es lo que andamos buscando, dar esta voz de alerta…que no nos vayan a meter el gol en no conocer a fondo el contrato y quiénes están detrás de todo esto” puntualizó.
Emergencia que cubre cuatro gobiernos
Un documento sobre el tema energético empezó a circular en medios de prensa hondureña y en el mismo se indica que la compra directa de casi 100 megawatts de energía de parte de la ENEE a la empresa Wesport Finance LLC para atender una «emergencia» en zonas rurales y que sería hábil en dos meses ha sido transformada en otra «emergencia» de 16 años, lo que comprometerá las próximas cuatro administraciones del país.
El pretendido contrato en referencia, que deberá contar con el beneplácito de la Cámara Legislativa, no se apega al espíritu con que fue promocionado a los consumidores eléctricos, en especial de las zonas de Occidente, Valle del Aguán y Olancho, en virtud que no ataca el problema de urgencia que tienen estas zonas y se transforma en otro contrato más de energía térmica que suscribe el gerente de la ENEE, Roberto Martínez Lozano.
Y es que la urgencia que señalan las comunidades se ve olvidada, ya que el contrato establece que la ENEE se compromete a proporcionar el combustible para la generación de energía, en los primeros años diesel, sin que hasta el momento el ente estatal tenga la capacidad de traslado y almacenamiento en las regiones señaladas.
Igualmente, el contrato incorpora a Puerto Cortés como zona de generación con 24 megawatts, cuando la ciudad puerto nunca estuvo entre los sitios con profundos problemas de electricidad.
Inicialmente se programó colocar potencia de 16.5 megawatts en Catacamas, Sensenti y la Entrada, mientras en Coyoles Central sería de 24.7 megawatts, la misma cantidad que ahora buscan hacer en Puerto Cortés.
La interrogante es que la ENEE se compromete a proporcionar el combustible y cuando se haga la transferencia a gas natural, estaría a cargo de construir una terminal de almacenamiento, lo que elevaría los costos de la energía.
En este apartado la empresa Wesport solo se compromete a tener existencias de combustible por una semana, lo que obligaría a la ENEE a tener que tener una red de tanques móviles para transportar el diesel y el gas natural licuado a las cinco ciudades donde se instalarán las plantas generadoras.
También en este punto la empresa no establece si respetará las obligaciones de la ley de Contratación del Estado que obliga a licitar las compras que realiza el gobierno o sus instituciones.
