– Urtecho propone traspasar bienes incautados al crimen organizado para potenciar estos programas básicos en la investigación.
– Ambas leyes solo existen en papel porque no son acompañadas con la contraparte económica.
– En Honduras se protege a los testigos enviándolos de hotel en hotel, reveló el funcionario.
En comunicación con Proceso Digital, el fiscal adjunto del Ministerio Público, Roy Urtecho, reitero que tanto el programa de Protección de Testigos como la Ley de Escuchas Telefónicas tan solo existen en papel porque recursos económicos para echarlos andar no existen.
“La Protección de Testigos no funciona porque no hay presupuesto para cubrirlo. Proteger un testigo es enviarlo a otra ciudad cuando éste ha declarado en un juicio como pieza clave, se manda a otro país o se le cambia su identidad, ese es un verdadero programa de protección”, arguyó Urtecho.
Explicó que en Honduras a los testigos se les protege moviéndolos de hotel en hotel y esa no es la forma como se utiliza esta herramienta.
Además reveló que muchas personas abusan de esta figura para sacar beneficios del Estado. “Hay quienes se han dedicado toda la vida a proporcionar información para beneficiarse del Estado y contar con su seguridad”, acotó.
La Ley de Escuchas
Urtecho se refirió también a la recién aprobada Ley de Escuchas Telefónicas, la cual dijo no ha resuelto ni un tan solo caso.
La ley que se aprobó con bombos y platillos el pasado mes de enero, ni siquiera ha servido como instrumento en alguno de los miles de juicios que duermen el sueño de los justos en la Fiscalía hondureña.
“La ley solo está en papeles, la falta de estructura limita el desarrollo del programa de Escuchas, que además, se debe crear una unidad a través de un juez, se necesita tecnología de punta”, manifestó el segundo al mando del Ministerio Público.
Detalló que se ocupan una gran cantidad de recursos para ambas figuras, al tiempo que agregó que el Ministerio Público para poder operar tuvieron que haberle aprobado unos 1,800 millones de lempiras, pero solo recibió 800 millones.
Dijo que “ninguna de las leyes funciona, se protege uno que otro testigo y de diferentes formas, como permite el presupuesto”.
Urtecho es del criterio que los bienes incautados por el Estado deberían ser traspasados al Ministerio Público para contar con los recursos frescos y apoyar los programas que mantiene la institución y que requieren algún tipo de inversión.
Ejemplificó que en Colombia se cuenta con carros blindados para proteger testigos claves, cosa que debería ser imitada.
Finalmente, sugirió crear una Dirección y Evaluación de la Carrera Fiscal para depurar a los fiscales, pero con estructuras modernas que permitan un proceso imparcial y justo.
