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Discriminación, reformas y cambio de reglas, oscurecen elección de nominados al IAIP

Tegucigalpa – La elección de los comisionados al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) sufre un fuerte revés al cambiarse los requisitos de selección entre los nominados y dejar fuera del proceso a dos periodistas porque no han laborado en la administración pública, lo que se percibe como un acto de discriminación violatorio de los derechos humanos.
 

Trascienden cabildeos para reelección de actuales Comisionados

Este requisito que no figura entre las condiciones que deben llenar los nominados al IAIP fue aplicado, paradójicamente, a los periodistas Laura Jacqueline Ruíz y Osmán Reyes Pavón.

A última hora, la comisión de selección cambió las reglas del juego y ahora exige que los nominados al IAIP deben tener 10 años de laborar en la administración pública, lo que deja fuera prácticamente a los dos periodistas por no ser burócratas del Estado.

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala entre los requisitos para ser comisionados que deben contar con una experiencia no menor de diez años al servicio público o académico, lo cual en ningún caso exige que se entienda por servicio público ser funcionario de un gobierno.

La labor del periodismo, por su naturaleza, es una vocación de servicio público y el haber discriminado a los periodistas Ruíz y Pavón por no tener un cartón de “empleados de gobierno” incurre en una violación a los derechos humanos y a la aspiración de un ciudadano a ser electo a un cargo público.

No obstante, el diputado Marvin Ponce, al intentar justificar este acto de discriminación y marginamiento, dirigió la responsabilidad a las comisiones proponentes.

“El problema fue de los que crearon las comisiones proponentes que no le dieron seriedad a las candidaturas”, expresó.

Resaltó que el artículo tres de la Ley de Acceso a la Información Publica, conceptualiza al servidor público, como la persona que a nivel de empleado presta sus servicios en las instituciones públicas.

Mientras que el artículo ocho de la misma ley, plantea que su ejercicio es para una persona que haya hecho servicio público por más de 10 años al tiempo que añadió que “hay que ser burócrata”.

No obstante, el congresista dijo que “a mi criterio un servicio público es aquel que presta servicio a la sociedad y vamos a tratar de plantearlo nosotros en una visión como tercera comisión”.

Igualmente, mencionó que ya están en pláticas con los oponentes para analizar el tema y para que se busquen otros candidatos.

Asimismo redefinirán en la comisión si los candidatos cumplen o no los requisitos.

La decisión de los miembros de la comisión de selección y responsable de las audiencias se produjo cuando la periodista Laura Ruíz se aprestaba a ser sometida a las audiencias públicas iniciadas este martes.

Ahí fue notificada su inhabilitación porque no cumple el requisito de los diputados—no de la Ley de la Transparencia—de no tener 10 años de trabajo en la administración pública.

Otros que podrían correr la misma suerte son el periodista Osmán Pavón, al igual que el ex militar Damián Reyes Pineda, último porque laboró en el Instituto de Previsión Militar (IPM) y “hay que analizar si es una institución pública o privada”.

Y de este descabezamiento que intenta hacer la comisión de selección de los nominados, no se salvan ni los propuestos por el Foro Nacional de Convergencia, aunque tras bambalinas se asegura que este impase surge a raíz de presiones de instancias ciudadanas por colocar a un miembro de este Foro dentro de los nuevos comisionados.

Quienes sí tienen el visto bueno de los diputados es que sus compañeros de cámaras ostenten a este tipo de cargos públicos, al revelarse que se hicieron reformas para que éstos puedan integrar el IAIP.

“Hay una reforma que se hizo en el mes de marzo, donde en ella se re-conceptualiza el concepto de servidor público”, reveló el diputado Marvin Ponce, uno de los vicepresidentes del congreso.

Ahora, dijo, se entiende por Servidor Público toda aquella persona que está empleada en el Estado a todo nivel jerárquico, ya que antes servidor público solo era el que se encontraba bajo la ley de Servicio Civil, y ahora hay un montón de instituciones nuevas que no están en el servicio civil, incluyendo los diputados.

“Porque los diputados ya no cuentan con inmunidad entonces la ley se lo permite, ese es el problema que tiene la ley”, arguyó.

Estos cambios de las reglas del juego a última hora, abren más dudas sobre la transparencia del proceso de elección de los comisionados del IAIP, al trascender desde la noche del lunes intensos cabildeos para descalificar a los periodistas, declarar nulo el proceso, ampliar la continuidad de los actuales comisionados del IAIP o generar el vacío para reelegir a más de alguno, incluso aquellos que fueron eliminados de la lista de la Presidencia de la República por considerar que no era ético nominarlos para una reelección.

Las audiencias públicas comenzaron con fuertes cuestionamientos a la integración de la comisión parlamentaria de evaluación y ahora con estos giros inesperados crece la tendencia de hacer del IAIP un órgano más politizado de lo que actualmente se encuentra.

Los nominados en esta fase para relevar a las actuales autoridades del IAIP han sido son los periodistas Laura Ruíz, Osmán Reyes, Marisela Bustillo, Germán Espinal; los abogados Raúl Suazo Lagos, Doris Imelda Madrid, Lidia Álvarez, Miriam Estela Guzmán y Abraham Alvarenga Urbina, éste último fue diputado suplente por el Partido Nacional. A la lista se suma el ex militar, Damián Gilberto Pineda Reyes, ex gerente del IPM.

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