Mientras en el mundo académico la tendencia en la mayoría de los estudiosos del tema cívico-militar es a profundizar las reformas en el sector Defensa que conduzcan a una relación efectiva de subordinación del poder militar al control civil, la rectora de la UNAH se fue al otro extremo de la corriente al aseverar que ha llegado el momento de “revisar” la utilidad de las Fuerzas Armadas.
En declaraciones a medios locales de prensa, Castellanos se preguntó si era posible vivir sin ejércitos, al destacar la experiencia de Costa Rica que eliminó las fuerzas armadas hace mucho tiempo y luego Panamá, tras la invasión de Estados Unidos a fines de los años ochenta.
No obstante, sostuvo, se requiere de voluntad política y de un análisis profundo de los países para ello, aunque consideró oportuno comenzar a abordar este eje luego de que los militares hondureños se vieron implicados en la muerte de un menor de edad que esquivó un retén de seguridad y le dispararon a mansalva como parte de los operativos conjuntos entre policías y soldados aprobados por el Ejecutivo y el Legislativo para intentar revertir las cifras de muertes violentas en el país.
Si bien los responsables de este hecho han sido puestos a la orden de los tribunales, el trágico incidente agudizó las presiones para devolver los uniformados a sus cuarteles en vista de la incompatibilidad de funciones entre la Defensa y la Seguridad. Mientras los primeros están preparados para el ataque, para la guerra, los segundos son formados para la prevención y garantizar la vida de los ciudadanos. Pero en su último Consejo de Ministros, el gobierno acordó prorrogar por 90 días más la presencia de los militares en las calles y todo lo relacionado con este tipo de operativos ha sido reservado como “información secreta” porque pone en riesgo “la seguridad del Estado”.
En el debate también se encuentra la intención del Congreso Nacional de crear una tercera fuerza policial militar, una especie de híbrido, que a criterio de los analistas políticos y expertos militares lo que pretende es reforzar la militarización del Estado y no su desmilitarización. A ello se suma, que el tema de la seguridad confundido con el de la defensa, está llevando a los aspirantes políticos a politizar la inseguridad con propuestas que en el fondo buscan reforzar la visión autoritaria del poder militar sobre el civil.
Más voces por la reforma militar
Stein ha estado la última semana en el país para insistir con dos temas que intenta colocar desde los últimos seis meses: la creación de un Tribunal Constitucional y la figura del juicio político para destituir a un gobernante. Suma ahora a ese interés, revisar el papel de las fuerzas armadas para quitar su papel de “árbitro” en la tutela de la democracia y la Constitución que le han sido asignadas por ley actualmente. Mientras Stein habla de reformas al sector Defensa, la rectora de la UNAH parece inclinarse por la eliminación total de las Fuerzas Armadas. Ambas propuestas, en el fondo, buscan asegurar el control civil de la Defensa en un país como Honduras en donde los militares gozan—pese a los acontecimientos de junio de 2009—de una amplia simpatía popular al ubicarse entre las cuatro instituciones de mayor confianza después de las Iglesias, los medios de comunicación y las alcaldías, según encuestas públicas y privadas. Aunque su credibilidad y confianza presenta una merma de un 30 por ciento, las Fuerzas Armadas tienen en la clase política hondureña el mejor aliado para su función arbitral de tutela de la democracia hondureña. Ello porque los Partidos Políticos y sus representantes en el Parlamento, poco o nada conocen del tema de la Defensa. |
El papel de los ejércitos, en el caso de las Fuerzas Armadas de Honduras, ha sido puesto también en el tapete público por el asesor de la Unidad de Seguimiento a las recomendaciones de la CVR, Eduardo Stein, quien fue en el pasado coordinador de la CVR y ahora, al ser disuelta, funge como asesor externo.La comodidad de los políticos Expertos como Luis Tibiletti, de la Red de Seguridad y Defensa en América Latina (Resdal) que agrupa a una serie de analistas en la temática, son del criterio que la función de arbitraje de los militares en la vida política de los países latinoamericanos no es nueva, data de hace mucho tiempo.
Esta falencia, explica Tibiletti en uno de los textos denominado “Partidos Políticos y Defensa en América Latina” es analizada desde dos puntos de vista: de un lado, a la deficiencia en los procesos de formación de los líderes políticos y de otro, a lo que puede ser también una “despreocupación” de las sociedades por los temas de la defensa que no presiona a sus representantes para tener una opinión respecto a estos temas. Se produjo entonces una extraña simbiosis entre los hombres de armas y dirigentes políticos, sociales y hasta religiosos con una errónea concepción de lo político militar que se mantiene hasta los actuales momentos. De ahí que casi todos los partidos políticos latinoamericanos procuraran siempre tener un ala militar, activos y en retiro, para que les hicieran sus propuestas en este tema, advierte Tibiletti. Su texto, que sirvió de insumo a un curso de fortalecimiento al sector civil sobre temas de defensa que impartió el Centro de Documentación de Honduras, deja entrever que esos espacios que los civiles y las elites políticas han dado a los uniformados fueron aprovechados por éstos para colocar asuntos que refuerzan la teoría de “no echarlos” del poder. Y los políticos accedieron a las propuestas porque tampoco querían ser “echados” y optaron por buscarles misiones constitucionales para, en su lógica, “entretener” a los uniformados, convirtiéndose así en un árbitro de la democracia. El debate, entonces, se centra en cómo el poder civil retoma su papel de control y conducción de la Defensa con conocimiento para garantizar una verdadera gobernabilidad democrática, con diálogo y consensos y no una gobernabilidad autoritaria en donde se impone el criterio de la represión. Por ahora, las fuerzas armadas han salido al paso a la declaración de la rectora Julieta Castellanos, indicando que no es posible eliminar el ejército porque hay aún problemas de soberanía por resolver y existe ahora el peligro de la narcoactividad. Otros militares, incluso, conscientes de la reforma para dar al poder civil una conducción efectiva de la Defensa, son del criterio que para elloel enemigo a vencer, no son las fuerzas armadas, sino la miopía de los políticos que cada vez les otorga misiones constitucionales que ellos están en la obligación de resolver. El debate, apenas inicia. |
Cuando a mediados de los años ochenta inicia el proceso de transición democrática en América Latina, los países se encuentran con la debilidad de que la clase política tenía una “escasísima” preparación “de los hombres de la política para comprender los asuntos de seguridad y defensa”.
