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TSC remite al MP expediente por irregularidades en decreto de emergencia emitido por el ex presidente Zelaya

Tegucigalpa – La secretaria general del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Alva Rivera, confirmó este jueves que este ente contralor remitió un expediente al Ministerio Público (MP), luego de encontrar irregularidades en un decreto emergencia emitido por el ex presidente Manuel Zelaya Rosales.
 

La funcionaria manifestó que el Tribunal ha remitido un informe al Ministerio Público relacionado con las investigaciones en el período presidencial 2006-2010 y básicamente en lo referente de una erogación por el orden de los 40 millones de lempiras.

El decreto ejecutivo de emergencia se emitió para la contratación de trabajos artísticos, encuestas y otro tipo de servicios solicitados en su momento por la presidencia de la República.

Según Rivera, el decreto se emitió, pero no fue publicado en el diario oficial La Gaceta para que pudiera tener la legalidad de todo decreto ejecutivo.

Rivera dijoque el decreto ejecutivo fue firmado en su momento por el ex presidente Manuel Zelaya y por el ministro de la presidencia, Enrique Flores Lanza.

En ese sentido, el informe fue remitido al Ministerio Público quien determinará si da a lugar o no incoar acciones de tipo penal una vez que sea analizado el mismo.

Por el retiro de los 40 millones de lempiras, el Ministerio Público libró orden de captura contra el ex ministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, a quien supone responsable de los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.

Según las investigaciones preliminares, todos los fondos fueron sacados en carretillas de las bóvedas del BCH, antes del 28 de junio de 2009.

A Flores Lanza se le dictó medidas cautelares de arresto domiciliario y el pago de una fianza de 27 millones de lempiras.

Sin embargo, la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia falló a favor de un recurso de amparo a favor del ex ministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, por el cual suspendió el pago de una fianza de 27 millones de lempiras que le impuso un juez natural.

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