Tegucigalpa – La reciente emisión de un decreto aprobado en Consejo de Ministros para declarar la emergencia en el sistema sanitario hondureño, no fue suficiente para la salud de Honduras que muestra su estado de coma y agoniza. Por eso el presidente Porfirio Lobo lanzó en las últimas horas un llamado de auxilio al decir que está en busca de un ministro para atender el sistema sanitario de este país centroamericano.
El malestar del gobernante fue evidente y está vinculado a la peor crisis en el sector sanitario público y que vincula a organizaciones gremiales, pero que al final repercute en millares de pacientes afectados.
Lobo dijo que busca un ministro que “arregle el desorden que hay en Salud”.
“Estoy buscando otro así como el ministro Escoto y no me importa si es de la resistencia pasiva, activa o cachureco o liberal… para que me ponga orden en Salud también… porque esto no puede ser”, dijo el dignatario.
La declaración del gobernante no ha causado la reacción de su ministro de Salud, Arturo Bendaña, quien pese a cuestionamientos públicos, muertes inexplicables tanto de mujeres como de niños en los hospitales y una ingobernabilidad en el ramo ha pasado más de dos años de su gestión sin mostrar inestabilidad en su puesto. Algunas crisis incluso las ha resuelto aplicando una especie de “ley mordaza” o aplicando “medidas disciplinarias” a sus subalternos.
Una lluvia de decretos de emergencia
Pero los decretos de emergencia han estado a la orden del día durante los 27 meses que lleva de actual gestión en la cual, según estimaciones, cada 38 días se hace una declaratoria de emergencia.
En el decreto leído el lunes en Casa de Gobierno se declara estado de emergencia a nivel nacional en el sistema de salud público, con lo que a la Secretaría de Salud se le da luz verde y se le “autoriza para adoptar las medidas, acciones y providencias necesarias para restablecer y garantizar la prestación inmediata de los servicios de salud pública de la población”.
Asimismo, “se instruye a la Secretaría de la Presidencia para que de manera inmediata proceda a convocar a todos los actores relacionados y sectores interesados por la buena marcha del sistema de salud pública nacional y la prestación pronta y efectiva de servicios, a fin de buscar una solución inmediata a la actual problemática, realizando una revisión integral del sistema de salud pública”.Sin embargo, esta no es una determinación nueva ya que desde el inicio de la presente administración se han emitido más de una veintena de decretos de emergencia en diferentes áreas, los que han suscitado la suspicacia de muchos sectores ya que han representado millonarias compras y contrataciones directas con muy pocos resultados.
En el caso de la salud, en lo que va de la actual semana la crisis se ha profundizado y los visos de solución ni se vislumbran.
Expedientes e investigaciones
Estimaciones de algunos sectores establecen que en los dos años y medio de la actual administración, se han erogado más de 8,000 millones de lempiras en compras y contrataciones sin licitar.
De los 21 decretos de emergencia que se han emitido durante este gobierno, cinco están relacionados con desastres naturales, los demás incluyen aspectos como la seguridad, las cárceles, energía eléctrica, sector educativo y la salud, entre otros.
Los decretos de emergencia en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa comenzaron a tan sólo 15 días de haberse instalado cuando el 12 de febrero de 2010, el Consejo de Ministros aprobó a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, la adquisición directa de granos básicos por un monto de 60 millones de lempiras.
Igualmente, el presidente Lobo, recordó en esa ocasión que en julio de 2010, se aprobó un decreto ejecutivo donde se establece que para todo proceso de contrataciones o compras directas, debe hacerse un informe detallado al TSC en un máximo de 60 días a la contratación.
| Uno de los principales cuestionamientos a los decretos de emergencia es la falta de transparencia y la poca efectividad en su aplicación | El 13 de marzo pasado, la designada presidencial y ministra de la Presidencia, María Antonieta Guillén, en Consejo de Ministros, leyó una circular en donde el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) advirtió a los funcionarios públicos sobre la deducción de responsabilidades administrativas o civiles si no se siguen los procedimientos establecidos en la ley para las compras y contrataciones directas. |
Sin embargo, el TSC ha procedido a abrir expedientes para investigar la forma en que se están haciendo las compras y contrataciones directas, debido a denuncias que se han presentado ante esa entidad, según lo ha confirmado la propia magistrada presidenta del organismo, Daysi de Anchecta.
“No es posible que todas las compras del Estado sean de emergencia porque la Ley de Contratación del Estado ya establece cuál es la emergencia y cuál es la urgencia. Lo que pasa es que aparentemente hay algunos funcionarios públicos que dilatan la toma de decisión para convertir esto en una compra de emergencia”, advirtió la funcionaria del organismo contralor.
Falta de planificación e improvisación
Para organizaciones como el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), las emergencias decretadas se fundamentan en la falta de planificación e improvisación con la que actúan los funcionarios que ejercen la administración pública, los que en gran parte se prestan para actos de corrupción y despilfarro de fondos. | Algunas estimaciones establecen que en promedio el gobierno emite un decreto de emergencia cada 38 días |
Según el artículo 9 de la Ley de Contratación del Estado, las emergencias pueden ser establecidas mediante un decreto del Presidente de la República en Consejo de Ministros o por el voto de las dos terceras partes de la corporación municipal.
En ese sentido, los decretos de emergencia pueden ser aprobados debido a desastres naturales, epidemias, calamidad pública, necesidades de la defensa o relacionadas con estados de excepción u otras circunstancias excepcionales que afectan sustancialmente la continuidad o la prestación oportuna y eficiente de los servicios públicos para contratarse la construcción de obras públicas, suministro de bienes o de servicios o la prestación de servicios de consultoría que fueren estrictamente necesarios, sin sujetarse a los requisitos de licitación y demás disposiciones reglamentarias sin perjuicio de las funciones de fiscalización que se hacen a posteriori.
Poca efectividad
Otro cuestionamiento que se plantean a los decretos de emergencia de la actual administración es su muy poca efectividad tal como se demostró en el que se emitió en varios centros penitenciarios, pero que no ha logrado detener los cientos de muertos en el interior de los presidios.
Asimismo, la “Operación Relámpago” no ha logrado disminuir y disuadir la criminalidad y la emergencia en materia de seguridad, no ha contrarrestado las escalofriantes cifras de muertes violentas que se registran a diario en todo el país llegando a tomar matices de espeluznantes cuando han resurgido los brutales asesinatos donde se cercenan partes de los cuerpos.
Y qué no decir del controversial decreto de emergencia energética PCM-051-2011, aprobado en Consejo de Ministros en agosto de 2011, en Gracias, Lempira, dirigido a atender los graves problemas de generación eléctrica en la zona occidental del país, el departamento de Olancho y el valle del Aguán, que permitió que se aprobara y suscribiera un millonario contrato por 16 años otorgado de manera directa a una compañía de maletín denominada Westport Finance LLC para generar 100 megavatios de energía sucia, mismo que ha quedado en el limbo.
| Para el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), las emergencias decretadas se fundamentan en la falta de planificación y en la improvisación | “Hay gran cantidad de decretos de emergencia que están pasando inadvertidos. El más sonado de estos decretos es el de la emergencia por 16 años en el área de energía. Es muy curioso que una emergencia dure tanto. Se supone que son coyunturales, no de 16 años”, cuestionó en su momento el ex diputado y catedrático universitario Matías Funes. Lo mismo ha sucedido con los decretos de emergencia emitidos debido a las catástrofes generalmente provocadas por las torrenciales lluvias que solamente han servido para dar una atención inmediata a los damnificados, pero no para resolver los problemas estructurales, lo que seguramente se comprobará en la próxima estación lluviosa. |
El reto ahora es observar si el reciente decreto de emergencia en el sector salud, logrará solucionar el sufrimiento de millares de pacientes de escasos recursos económicos que acuden a los centros asistenciales del país y que en las últimas semanas se han vuelto un caos.
En ese sentido, los paros de labores en los 28 hospitales del país han provocado que se hayan suspendido hasta le fecha, más de un millar de cirugías selectivas; por arriba de 6,000 consultas internas; más de 5,000 exámenes de radiología y unos 6,000 exámenes de laboratorio a nivel nacional, según datos oficiales.
