La denuncia fue formulada por la dirigente Mirna Cunningham, presidenta del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas. Cunningham denunció que los narcotraficantes y jefes criminales pagan un promedio de 2,000 dólares por niñas en edades de entre los 10 y 15 años.
El tráfico de las menores, víctimas de la explotación sexual, se realiza en los poblados de Waspam-Río Coco.
Las causales que fomentan la práctica infrahumana están vinculadas, según los líderes comunales, a la creciente actividad del crimen organizado en la zona en la que las actividades agrarias han menguado severamente.
Se supo que familias denuncian constantemente la desaparición de sus niñas mientras que otras las usan para solventar sus crisis económicas y de subsistencia.
La falta de autoridades y defensores de los derechos humanos en la zona contrata con la vasta presencia de capos. Este hecho evita que las denuncias fluyan debido al miedo que infunden y al riesgo que se exponen quienes se atreven a mencionar públicamente los casos.
Pobladores de comunidades indígenas de la zona viven en aislamiento debido a que para llegar a otros poblados deben recorren grandes distancias caminando, lo que facilita las acciones de las bandas de narcotraficantes.
Los países del triángulo norte de América Central, constituido por Guatemala, El Salvador y Honduras han sido los más permeados por el crimen organizado y la violencia, pero las operaciones en Nicaragua cada vez toman mayor fuerza y el tráfico de drogas así como otras modalidades delictivas se extienden en la región y afectan a los más vulnerables.
