Pero el infortunio les sorprendió cerca de la medianoche del martes, cuando desde el módulo u hogar 6, como le llaman, apareció el humo que precedió a las lenguas de fuego para devorar en noventa minutos todo lo que había a su paso, entre ellos cerca de 358 privados de libertad, de acuerdo a reportes preliminares.
La escena, según testigos, es dantesca. Varios cuerpos de los presidiarios se fundieron con los amasijos de hierro en busca de una salida, mientras otros perecieron por asfixia en sus camas y algunos más fueron encontrados apiñados cerca de los baños.
Los cuerpos fueron envueltos en largas bolsas plásticas blancas, mientras varios talleres de carpintería se aprestan a fabricar unos 400 ataúdes para darles un funeral digno, con la dignidad que se merecen los pobres.
Lo sucedido en Comayagua revivió la trágica historia hondureña en materia de seguridad en las cárceles. En el 2003, cerca de 68 personas murieron en la granja penal de “El Porvenir”, en La Ceiba, a causa de un enfrentamiento entre pandillas, los no pandilleros y la implicación de la autoridad policial, según constataron los reportes oficiales y humanitarios de la época.
Luego, en el 2004, otro evento sacude las cárceles del país, al morir calcinados 107 reclusos en la cárcel de San Pedro Sula de igual forma que lo registrado este miércoles en Comayagua.
Solo en el lapso de 2003 y 2004, 175 privados de libertad murieron en este país centroamericano, que de un tiempo acá no ve la luz en el largo túnel de obscuridad e impunidad en que está sumido.
En el caso de la granja de El Porvenir, el Estado enfrenta una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y actualmente se encuentra en etapa de auscultar la posibilidad de llegar a un arreglo amistoso en vista que hace unos años un tribunal condenó a los responsables en un juicio considerado el “más largo” en la historia del país con penas de hasta 240 años de cárcel.
Ahora, a fines de febrero, una nueva audiencia ante la CIDH le espera al Estado hondureño, esta vez por los crímenes del penal sampedrano, donde hasta ahora no existe ni la más mínima investigación del caso y sus responsables. El demandante es la Pastoral Penitenciaria y si no se evacúan las pruebas pertinentes junto a las respuestas estatales, un juicio por violación a los derechos humanos estaría por suceder a la vuelta de la esquina.
Nueve años después de las muertes en las cárceles de La Ceiba y San Pedro Sula, la tragedia salta nuevamente en Comayagua. Más de 300 personas se registran entre los muertos, elevando la suma de total de muertos de los años 2003, 2004 y ahora lo que va de 2012, más de 500 privados de libertad muertos en las cárceles hondureñas.
Una cifra injusta que por ahora ubica a Honduras como la nación que también encabeza el mayor número de muertes en cárceles a nivel latinoamericano en los últimos 25 años.
Honduras cuenta con 24 centros penales y una población penitenciaria de más de trece mil personas. La capacidad de las cárceles es apenas para unas 8,280 personas según reportes humanitarios, pero la sobrepoblación penitenciaria rebasa a todas las cárceles del país.
A lo largo de los hechos trágicos, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han advertido al Estado de Honduras sobre la necesidad de ejecutar una política penitenciaria y dar el manejo de las cárceles a un Instituto Penitenciario y no a la policía, como es actualmente.
En uno de sus tantos informes, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, señala que la crisis actual que viven las cárceles obedece a una estrategia dispersa de seguridad, la aplicación de un modelo represivo sin prevención ni rehabilitación, el hacinamiento de los privados de libertad y la falta de presupuesto a las cárceles para atender los reclamos de mejora que emite la Comisión Interamericana.
Por la gravedad del caso y lo dantesco del hecho, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, anunció que pedirá a la CIDH que venga al país el relator especial de los privados de libertad para que investigue a fondo el hecho por las dimensiones del problema y las repercusiones que pueda traer.
