Tegucigalpa – La violencia que se vive en la zona del Bajo Aguán, Caribe de Honduras, tiene muchas aristas y está diferenciada a la que se manifiesta en todo el territorio nacional y que mantiene a esta nación centroamericana entre las más inseguras del planeta.
– Pese a la ocupación militar de la zona caribeña desde hace tres años, los enfrentamientos y muertes violentas siguen siendo parte de la nota informativa.
– Como “espejismo” califican analistas la venta de tierras a grupos campesinos, situación que no ha logrado solucionar el conflicto.
La prueba de la zozobra a que se enfrentan los pobladores de esta zona es que en los últimos años más de un centenar de muertes han acaparado importantes espacios informativos de la prensa nacional e internacional.
Labriegos, dirigentes campesinos, guardias de seguridad, militares y policías, son algunas de las víctimas de la estela de crímenes que se atribuye a conflictos agrarios, asuntos políticos, robo de fruta, así como a la violencia común y organizada, entre otros factores.
Datos establecen que en los tres últimos años 133 personas han perdido la vida violentamente en el Valle del Aguán, otros contabilizan 44 decesos directamente ligados al conflicto agrario.
Lo cierto es que cotidianamente se informan hechos criminales desde la zona caribeña del país. Emboscadas, atentados, crímenes, ejecuciones, tomas de fincas privadas, entre otros actos, son el denominador común en la conflictiva zona del territorio hondureño.
El último hecho criminal se registró este lunes, al momento que tres efectivos del Ejército fueron emboscados por desconocidos. Los elementos militares recibieron heridas por disparos de arma de fuego y se logró la captura de tres de los presuntos victimarios.
Como esta acción han ocurrido varias y en ese contexto, comenzó en 2010 la Operación Xatruch, un destacamento militar destinado a resguardar la zona. Otras medidas como una ley que prohíbe portar armas en todo el departamento de Colón, no han podido bajar la incertidumbre en la zona que se traduce en inseguridad jurídica y agraria.
OV-UNAH: Reivindicación de los derechos a la tierra
Para la encargada del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH) Migdonia Ayestas, la zozobra que ocurre en el caribeño departamento de Colón “es un proceso de reivindicación de los derechos especialmente de la tierra, lo que hace que los campesinos se vuelvan a la defensa de un patrimonio que es un derecho de la humanidad, lo que consecuentemente hace que les violenten el derecho a la vida”.Reveló que el OV-UNAH está llevando a cabo una investigación para explicar científicamente el fenómeno de la violencia en la zona. “La gente que vive ahí es violentada en sus derechos precisamente porque hay mucha presencia policial militar y sobre todo porque son vulnerables al hecho que defienden sus derechos”, insistió.
Explicó que el estudio que realizan en el Bajo Aguán se debe porque es la zona donde más mueren campesinos en el país.
Criminalidad mezclada con política
A criterio del analista hondureño Raúl Pineda Alvarado, el Aguán enfrenta una situación complicada ya que a la realidad y génesis de la violencia en la zona, no se le buscó la solución correcta por parte de las autoridades gubernamentales.
“Se le vendió a la sociedad el espejismo de que comprando determinado número de manzanas (más de tres mil hectáreas de palma africana) se iba a resolver el problema. La situación en el Aguán se debe a la criminalidad común mezclada con alguna actividad política”, argumentó.
Explicó que expertos en el tema agrario, así como altos oficiales del Ejército hondureño han coincidido que se necesitan “otro tipo de decisiones para resolver un problema que está alejando la inversión en el país”.
han coincidido que se necesitan “otro tipo de decisiones para resolver un problema que está alejando la inversión en el país”.Pineda Alvarado recordó que Honduras perdió 21 puntos en competitividad y 10 puntos en la facilidad de hacer negocios, lo que a su criterio se debe a la crisis en el Bajo Aguán. “Nadie va a venir a hacer una mega inversión corriendo el riesgo de lo que está pasando en esa zona del país”, manifestó.
Recomendó al gobierno electo que presidirá Juan Hernández, “una decisión enérgica” en la que se fijen reglas claras, sin zonas de exclusión en el Valle del Aguán.
“Ahí hay zonas territoriales donde no pueden ingresar las autoridades y eso es reconocido por el actual gobierno. Se debe fijar una postura de cumplir la ley independientemente del costo que esto implique, lamentablemente pareciera que no se quiere correr con el costo político de enfrentar la criminalidad que se da en esa zona y separar un componente político casi subversivo que se está dando y la consecuencia es que se paga con la imagen del país”, arguyó.
Jefe militar opina
El comandante de la Operación Xatruch III coronel Germán Alfaro, señaló que “la situación de violencia en el Aguán está marcada por el irrespeto a la propiedad privada, a las leyes y a las autoridades del país de parte de los delincuentes generados a lo interno de los grupos campesinos”.
“El problema más severo que tenemos es la dirigencia del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), porque ellos tienen una contaminación ideológica que no les permite reconciliar y dialogar. Para ellos la única solución es la recuperación de las tierras”, remarcó el oficial de las Fuerzas Armadas.
El jefe militar citó el caso de los asentamientos que forman parte de las zonas de exclusión en las que ni las Fuerzas Armadas, ni la Policía pueden ingresar.“No podemos ingresar a esas zonas sin que se produzca una reacción armada o mediática a nivel internacional”, dijo al tiempo de nombrar los asentamientos: La Confianza, La Concepción y Panamá.
El coronel Alfaro lamentó la pobreza extrema que existe en esa zona caribeña del país. “Aquí hay miseria en un nivel bien alto, hay problemas de educación y salud… todos estos factores el gobierno tiene que solucionarlos desde el nivel político”, afirmó.
Añadió que “en la parte social, la respuesta la tienen las instituciones sociales, pero los políticos no le entienden a eso y por qué sí le entienden a meter a los militares aquí para solucionar los problemas a rajatabla, cuando la parte técnica es la solución de los problemas sociales, de salud, de vivienda y de educación. Pero como las Fuerzas Armadas somos el recurso más barato del Estado para solucionar este tipo de problemas por eso es que son empleados aquí”.
Puntualizó que el fenómeno de violencia que se vive en el Bajo Aguán, se está trasladando al Valle de Sula, al Valle de Quimistán y al sur del país, así como a Yamaranguila y la Esperanza, porque los movimientos campesinos están organizados en la denominada Plataforma Agraria, que es la encargada de dictar las estrategias a seguir, expresó.
Un informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), asegura que la crisis en el Bajo Aguán, durante 2012, se caracterizó por una serie de hechos que van desde invasiones, desalojos, destrucción de fincas, robo de frutas, detención de campesinos, decomiso de armas, desaparición de personas, emboscadas y enfrentamientos armados que dejaron como secuela, 42 personas muertas, más de 40 heridos y la falta de castigo para los responsables.
Los actores sociales vinculados al tema coinciden en que la violencia en el Aguán tiene características peculiares, pero no desconocen que la pobreza y las condiciones paupérrimas en las que viven pobladores de la zona, son un punto real marcado con tinta indeleble.
