Tegucigalpa. – La pandemia del coronavirus que está golpeando fuertemente al país y a la población, en general, ha desatado también un tsunami que se veía venir: el de la opacidad con las compras de emergencia para amortiguar el desastre mundial que tiene de rodillas a los países, ricos, pobres, y en vías de desarrollo.
El primero en caer en este tsunami por la transparencia y rendición de cuentas fue la Comisión Permanente de Contingencias, Copeco, tras fuertes denuncias en las redes sociales y medios de comunicación sobre la adquisición de insumos y bienes para atender la emergencia, entre ellas percoladoras, escritorios y televisores a precios insospechados.
En su momento, las autoridades salieron a desmentir esos hechos, a justificar acciones, y a decir lo que ha caracterizado el discurso público oficial: son campañas de desprestigio. Pero fue tal el tsunami que el Tribunal Superior de Cuentas, presionado por la sociedad, tuvo que salir a dar un informe preliminar en el cual deja entrever que en trece días (13) el movimiento de compras de emergencia en Copeco fue una especie de festín de locura.
El TSC señala que encontró “inconsistencias” en 17 cheques por pagar por más de 16,6 millones de lempiras, así como otras “inconsistencias” en otros 13 cheques también pendientes de pago por un poco más de 12,5 millones de lempiras. En todos ellos, el proceso de compras presenta enormes lagunas, la prisa ha sido tanta que no han sido subsanadas. El informe abre dudas también sobre otros cuatro cheques, cuyos montos no fueron revelados, pero que Copeco al parecer cayó en serias irregularidades de procedimientos al grado que el ente contralor insinúa acciones administrativas o penales, si fuera el caso.
Es un informe preliminar, forzado por la presión ciudadana más que por la convicción del ente contralor, que, en su rueda de prensa para dar a conocer este informe, dejó entrever también la divergencia de criterios entre sus miembros y el magistrado-presidente, último que se incomodó con las preguntas de la prensa. Ese espectáculo dejó entrever que el tema de Copeco es más complejo y no se circunscribe a una simple percoladora, el agua es más achocolatada de lo que se pinta.
El entonces ministro de Copeco, Gabriel Rubí, olía su despido y se adelantó en algunos medios a insinuar que estaba a punto de renunciar por las campañas en su contra y de la institución, La intuición de Rubí se concretó horas después al anunciar la Casa de Gobierno que estaba fuera de Copeco. Según el Tribunal de Cuentas, de los 105 cheques revisados, en 88 de ellos la Comisión Permanente de Contingencias efectuó compras por más de 32,3 millones de lempiras, antes de que ellos se instalaran en sus oficinas para auditar.
“Se encontró una serie de deficiencias en el control interno, que en su mayoría no permiten determinar quién solicitó la compra de bienes e insumos, quién ordenó iniciar el trámite interno, no se puede evidenciar que la máxima autoridad haya autorizado la ejecución de los gastos y qué tipo de negociación de precio se dio entre Copeco y el proveedor”, cita el informe.
“Además, se desconoce el destino final de algunos bienes, no se puede determinar si la compra se realizó para mantenimiento de stock en inventarios o para un fin específico, en muchas compras no se establecieron tiempos de entrega de los bienes adquiridos, elemento indispensable para determinar si se toma o no una oferta; y en la mayoría de los pagos se carece de documentación”, agrega.
Dos párrafos lapidarios que abren la duda acerca de cómo se está manejando la transparencia en esta pandemia, no solo en el uso de los fondos públicos que son el dinero del pueblo, también en el tema de la entrega de alimentos ante serias denuncias de politización y difusión de videos que despiertan la indignación de cualquier ciudadano al ver como algunos repartidores dejan con las manos abiertas a la gente con hambre porque no es del partido en el poder.
En su último comunicado, la Conferencia Episcopal de la iglesia católica fue tajante al señalar la importancia de la transparencia en los trámites y procesos administrativos al cuestionar la forma desigual de la distribución de la ayuda, por considerarla unilateral, partidista y controlada por muchos líderes de barrios y comunidades.
“La corrupción echa por tierra todo liderazgo y lo lanza de nuevo a la desconfianza y a la ingobernabilidad, cuyas consecuencias son fatales en el país. Corresponde a las autoridades detener con firmeza todo atisbo o sospecha de corrupción. Nos sumamos a la iniciativa de crear un organismo de alto nivel que dé seguimiento a las compras e inversiones del Estado, el gobierno no solo debe confiar en sus propios mecanismos de control (…)”, señala la Conferencia Episcopal.
Sin duda nos enfrentamos a un nuevo modelo de auditoria social donde no basta con contar las libras de arroz y frijoles y hablar de transparencia, esta forma tradicional ha quedado rebasada y obliga, al gobierno y a la sociedad civil misma, a formas más creativas de auditoria. Las redes sociales, con sus defectos y virtudes, han venido a desnudar algunas de estas cosas, pero detrás de ellas están ciudadanos que buscan, cotejan datos, consultan y tejen sus propias redes hasta que llaman la atención de la gran prensa, que, a su vez, también busca, coteja, denuncia, evidencia, marcando así la pauta a quienes están investidos de poder para actuar: la autoridad, en especial los entes contralores del Estado.
Se fue la MACCIH, es cierto, los corruptos triunfaron en ese formalismo, pero nunca imaginaron que la escuela de la Misión dejara una ciudadanía más activa y crítica, una ciudadanía para decirle a los barones de lo ajeno y las malas mañas: ustedes impunes, no están solos. Los estamos vigilando y evidenciando, junto a sus comparsas. Son tiempos de pandemia, tiempos de tsunamis, pero también tiempos para arreciar la lucha a favor de la transparencia para frenar una voracidad que está jugando con lo más sagrado: la vida y el hambre de la gente.
