Según se informó el Tribunal Superior de Cuentas realizó una investigación especial del 4 de julio al 9 de octubre de 2012, en el Congreso Nacional en el cual hace referencia a los actos irregulares.
El Congreso Nacional emitió un decreto para donar a la empresa Cibetec, maquinaría y chatarra propiedad del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal áreas Protegidas y vida silvestre, los hechos denunciados ocurrieron el 7 de diciembre de 2011 al 9 de octubre de 2012, por lo que se definieron los diferentes objetivos específicos para la investigación:
Comprobar si el Congreso Nacional emitió un decreto para realizar la donación de maquinaria y chatarra a una empresa privada, verificar la legalidad del proceso de donación y determinar si existe perjuicio económico en contra del Estado de Honduras.
En ese sentido, se constató que el 17 de diciembre de 2011 de acuerdo al acta 48 el diputado Miguel Ángel Gámez presentó un proyecto de decreto en el que se expresa lo siguiente:
“Vengo ante esta alta representación del pueblo a introducir formal iniciativa de ley orientada a utilizar la donación de material descrito en los párrafos anteriores al señor Agustín Martínez Perdomo”.
Posteriormente el Congreso Nacional aprobó mediante decreto número 46-2012 en fecha 10 de abril de 2012 lo siguiente:
Conceder al Centro de Investigación Científica y Tecnológica (Cibertec), las mejoras o bienes muebles que se encuentran en el inmueble de las instalaciones Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal áreas Protegidas y vida silvestre, ubicadas en Siguatepeque, Comayagua que a continuación se detalla:
Galerías metálicas, tanques metálicos de almacenamiento de agua, máquinas cargadoras, máquinas en mal estado, y todo lo material metálico ubicado dentro y fuera de la galería.
Según el informe del TSC, los bienes propiedad del ICF, no fueron utilizados para el fin por el que fueron donados por el contrario se comprobó que los mismos fueron vendidos a terceras personas.
En ese sentido, el TSC, ha encontrado supuestas irregularidades por lo que remite a la Fiscalía el informe en cumplimiento a la Ley Orgánica del Ministerio Público presente indicios de responsabilidad penal opinión que debe ser compartida por esa Fiscalía que tendrá que realizar las investigaciones que considere pertinentes.
