Tegucigalpa – Las extradiciones continúan provocando discusiones en Honduras, a pesar que ya se realizaron dos y que las mismas serán un proceso normal para el futuro, como afirmó el presidente Juan Orlando Hernández.
– Después de ejecutadas dos extradiciones de hondureños, magistrados reconocen la necesidad de contar con una normativa específica.
Y sin ser sometida a discusión alguna por ningún sector, las extradiciones todavía genera polémica por causas distintas.
La corte Suprema de Justicia reclama todavía al Congreso Nacional una legislación de extradiciones, mientras expertos señalan que no es necesaria.Mientras a nivel político, tras haberse ejecutado las primeras dos extradiciones, ahora hay una controversia por el nivel de penas que recibirían los extraditados, consideradas mínimas en el país, luego del riesgo y el costo asumido por las autoridades gubernamentales, de seguridad y judiciales para llevarlas a cabo.
De forma inmediata surge la pregunta: ¿hacia dónde van las extradiciones?
Por un lado, existe una reforma constitucional al Artículo 102 de la Constitución que permite la extradición de ciudadanos hondureños pedidos por delitos de narcotráfico, terrorismo, trata de personas y lavado de activos.
Esa modificación a la Carta Magna en 2012 ha permitido que a la fecha se hayan expatriado a los nacionales Carlos Arnaldo “El Negro” Lobo y Juving Alexander Suazo Peralta en mayo y octubre, respectivamente, de este 2014.
Pasaron 27 meses desde la reforma constitucional que permite la expatriación de hondureños, sin embargo de nuevo voces de la Corte Suprema demandan al Congreso que acelere la aprobación de una ley específica para extraditar a nacionales.
Una de esas voces es la del titular del Poder Judicial, Jorge Rivera Avilés; también lo ha solicitado la magistrada Rosa Lourdes Paz y otros sectores ligados a la CSJ.Aunque todavía existen 18 órdenes de captura pendientes para extraditables, cabe mencionar que cinco presuntos capos hondureños se someten actualmente a este proceso de expatriación. Tres hermanos Valle Valle, la esposa de uno de ellos; así como Emilio Fernández Rosa alias “El H”, tienen un pie en cárceles de Estados Unidos que los solicita por el delito de introducir drogas a ese país del norte del continente.
A la “urgente” necesidad de la Corte Suprema de contar con una Ley de Extradición, el diputado nacionalista Tomás Zambrano es del criterio que la norma no necesita reforma constitucional.
Durante la presente semana ingresó a la Cámara Legislativa el proyecto de Ley de Extradición, enviado por la CSJ.
La ley regula el proceso legal y jurídico que se efectúa al momento de conocer una solicitud de extradición.
Citó que en la norma el Poder Judicial pide que sea un juez con jurisdicción nacional el que lleve los casos de extradición, pero eso necesitaría una reforma constitucional al artículo 313, por lo que se habló con el pleno de magistrados para que ellos sigan conociendo en primera y segunda instancia para que sea aprobado con mayoría simple.
Leitzelar: “No se necesita ley secundaria sobre extradición”
Consultado por Proceso Digital, el ex diputado Germán Leitzelar, consideró que no es necesaria una ley secundaria sobre extradición porque la norma constitucional ordena a la CSJ como la responsable a seguir los trámites de este proceso judicial.“No se trata de un juicio, tampoco de un procedimiento en el que haya un enmarcamiento de un proceso judicial que deba tener las garantías del derecho de inocencia y la condición de defensa.
Me da la impresión esto es un mero trámite administrativo y como tal puede ser reglamentado por la honorable Corte Suprema de Justicia”, explicó.
Insistió que no cabe una Ley de Extradición para llevar a cabo la expatriación de hondureños.
“En este procedimiento se califican las causas que sean sujetas de extradición y lo otro es que exista en la normativa nacional un acuerdo suscrito entre las partes, los aspectos relativos a cuando procede o no una extradición”, detalló.
Apuntó que este convenio debe cuidar que las penas contra los extraditados no sobrepasen a las contenidas en la legislación hondureña.
Puntualizó que los magistrados de la CSJ exigen una Ley de Extradición más que todo como una forma de seguridad y protección ante los altos riesgos que existen a las respuestas del crimen organizado.
Desencanto por penas contra extraditados
Pese al revuelo, riesgos y muertes que provocan las extradiciones en Honduras, existe un desencanto por las penas que impone Estados Unidos a los que ya pasaron estos procesos judiciales.
Para el caso, el primer extraditado, Carlos Arnaldo “El Negro” Lobo, se declaró culpable en una corte federal del estado de la Florida. La pena para el capo hondureño se conocerá el martes 11 de noviembre, pero se adelantó que la misma oscilará entre siete y 10 años.
La sanción que impone la potencia del norte del continente no es congruente con los esfuerzos que hace Honduras, han coincidido varios sectores involucrados en el tema de seguridad.
