Tegucigalpa – El problema de la inseguridad y la violencia, pese a las respuestas institucionales por contrarrestarla, parece tomar otros matices al surgir voces que empiezan a sugerir la creación de las llamadas fuerzas civiles de autodefensa, cuya experiencia en otros países latinoamericanos ha dejado un mal sabor por su actuación al margen de la ley y las violaciones a los derechos humanos.
La situación que vive el rubro del transporte en donde han sido asesinados en lo que va del año más de 60 taxistas y motoristas de buses del transporte urbano, así como la vuelta de los crímenes múltiples en varios puntos del país, han servido de plataforma para que ciertos sectores comiencen a pensar en la necesidad de crear sus “propios mecanismos” de defensa o autodefensa.
Los primeros en plantear esa hipótesis fueron los mismos transportistas que en diversos espacios públicos dejaron entrever que Honduras debería mirar la experiencia mexicana en Michoacán y otras regiones de ese país donde grupos civiles voluntarios crearon sus propias fuerzas de autodefensa para enfrentar la extorsión a que los tenía sometidos el crimen organizado y la autoridad misma.
Los transportistas indicaron que ante el acoso de extorsión de al menos siete bandas criminales, entre ellas maras o pandillas y otras cuyo origen desconocen, aunque dejaron entrever que miembros de ese mismo rubro estarían involucrados en el delito, la situación de indefensión los podría llevar a tomar sus propios mecanismos de protección.
Una idea peligrosa
No descartan proponer a futuro al gobierno la autorización de esa figura civil armada para resguardar la vida de los conductores de buses y taxis, al igual que la de los pasajeros. La idea no la tienen aún muy definida, su referente son las ya disueltas fuerzas de autodefensa civil de Michoacán.
En esa misma línea pero dándole otros matices, se pronunció el presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), Adolfo Facussé, al ser partidario que la gente debe andar armada para defenderse y unirse en grupos si es posible para lo mismo.
Facussé dijo que en Estados Unidos la gente está autorizada a andar armada y es un país que tiene bajos índices de homicidios, así que la idea no es tan descabellada y “hay que dar respuestas a esta inseguridad, antes de que la criminalidad nos termine de poner de rodillas”, acotó Facussé, ante periodistas.
Sin atreverse a llamar a la creación de unas fuerzas civiles de autodefensa como las michoacanas, el empresario dijo que mientras los ejecutivos de empresas privadas o los burócratas se resguardaban en sus oficinas y andan con cordones de seguridad, los microempresarios, el tendero y el pulpero, así como los transportistas deben convivir con la extorsión en las calles y a ellos la protección estatal o no les llega o no es muy efectiva.
Por eso no le parece loca la idea de que la gente se organice y ande armada para dar respuestas alternativas a la inseguridad, sin atreverse a nombrar por su nombre la creación de grupos de autodefensa.
Los grupos de autodefensa civil no son nuevos, en América Latina su historia está ligada a acciones de violencia o respuestas paraestatales para contrarrestar grupos guerrilleros o de oposición política, en especial en la llamada guerra fría dentro de la desaparecida doctrina de seguridad nacional, en el marco de la confrontación este-oeste.
Experiencias latinoamericanas
En Colombia las fuerzas de autodefensa fueron grupos paramilitares que se dedicaron a combatir el narcotráfico, también hubo grupos civiles que se armaron para responder a los abusos del narcotráfico, de los militares y de las mismas fuerzas paramilitares. Todo ello detonó aún más la violencia y la inseguridad.
El ejemplo más reciente de esas experiencias fallidas ha sido México con grupos de autodefensa en varias zonas donde existe fuerte preeminencia del narcotráfico.
En el caso de Michoacán, el gobierno se vio forzado a disolverlas para retomar el control en esa zona, dominada por el cartel del narcotráfico de Los Caballeros Templarios.
Las fuerzas de autodefensa fueron disueltas y sus principales líderes, gente civil que comenzó con buenas intenciones, uno está preso por no acatar las nuevas reglas del gobierno federal, mientras otro aguarda un proceso penal por su presunta implicación en muerte de personas y violaciones humanitarias. Son los riesgos que se corren al crear estas dependencias que se toman la ley por sus propias manos.
En México este tipo de fuerzas disfrazadas de policía popular civil se empezaron a gestar en los años de 2012 y 2013. Operan en las regiones del Golfo y el sur de México.
Actualmente el gobierno ha empezado a legalizarlas bajo la figura de Fuerzas Rurales, siendo Michoacán la primera de ellas, aunque existen pequeños grupos aún de las autodefensas originales.
Los riesgos de estos grupos que actúan al margen del Estado son enormes, pues promueven la justicia por sus propias manos y debilitan así al Estado, al erosionar su institucionalidad y su fuerza de acción e intervención en las decisiones que tienen que ver con la defensa y la seguridad.
Honduras actualmente deberá evitar la reedición de similares.
Ante la arremetida contra los transportistas, la muerte de operadores de justiciay otros hechos de violencia desatados en diversos puntos del país, los cuerpos de seguridad del Estado reactivaron la salida de los militares en los buses del transporte, nuevos operativos de saturación para capturar presuntos delincuentes y extorsionadores.
Aparejado a ello, anuncian la creación de un sistema prepago en el transporte para evitar la circulación de dinero en efectivo, la ubicación de cámaras de seguridad en los autobuses y localizador de GPS y otras acciones que buscan, en parte, evitar que cobre fuerza esa idea de que la gente debe tomar justicia por sus propias manos.
