Tegucigalpa – Han pasado tres años del arranque de un proceso de depuración policial. El crimen, apoderado de gran parte de la Policía, daba paso a la operación de grandes carteles dentro de ese cuerpo de seguridad del Estado, desde donde operaban sofisticadas redes delictivas. El mal aún tiene raíces y ramificaciones que contrastan con el accionar oficial por combatirlos.
– Pese a los esfuerzos policiales, la depuración aún tiene largo camino por recorrer en Honduras.
“Es como un semillero que continúa germinando”, han calificado expertos que también valoran los operativos que a lo interno se realizan para adecentar el órgano.
El tema volvió a la palestra pública en las últimas horas, tras conocerse hechos que involucran a efectivos policiales en actos delictivos y que reflejan lo inconcluso del proceso de depuración.
Lo anterior se confirma tras una declaración del titular de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), Eduardo Villanueva, quien afirmó a periodistas que a ninguno de los efectivos involucrados en recientes actos delictivos se les había practicado las respectivas pruebas de confianza.
Los policías fueron capturados por robo a ciudadanos y otros delitos vinculados a detención ilegal y acciones impropias colaterales. Todos ellos formaban parte de la posta de La Granja, una fatídica estación que también ha sido calificada como “el cartel de la Granja”. Ellos están presos en la Penitenciaría Nacional de Támara.
A raíz del hecho, el titular de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), comisionado Leandro Osorio, advirtió que las investigaciones continuarán para determinar si existen conexiones con otros niveles de la institución.
Luego de la captura de los citados policías de la posta de La Granja, la Secretaría de Seguridad determinó pasar esta posta policial a manos del grupo Tropa de Investigación y Grupo de Respuesta Especial de Seguridad (TIGRES).
Pocos días antes, las autoridades informaron de cinco oficiales que están siendo investigados por presentar incongruencias en sus patrimonios.
Recientemente la DIECP remitió estos expedientes al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) por tratarse de enriquecimiento ilícito ya que se trata de cantidades arriba de los 37 millones de lempiras.
Las autoridades encargadas del proceso de depuración, aseguran que el mismo continúa.
El comisionado Leandro Osorio, afirmó además que la depuración “ha venido siendo constante”.
Rememoró que a inicio del presente año, se depuraron más de 50 oficiales de grados superiores.
Osorio dijo que las acciones de depuración han abarcado a una gran cantidad de policías de diversos rangos, cuya cifra no determinó, pero expresó que estas acciones no han trascendido a los medios de comunicación debido a que las autoridades buscan, en cada caso, avanzar en el procedimiento administrativo correspondiente y en los juicios de rigor, hasta lograr el propósito de adecentar la institución. “En derecho no es lo que se sabe, sino lo que se puede probar”, indicó.
Asimismo, Proceso Digital, conversó con miembros básicos de la entidad para conocer sus criterios. Uno de ellos dijo que los hechos irregulares a lo interno “dan pena y vergüenza porque por unos, pagamos todos”.
“Estos son delincuentes vestidos de policías, lo bueno es que los jefes no se han quedado con los brazos cruzados porque la misma policía es la que les está dando seguimiento y los está capturando”, expresó.
Otro de ellos dijo que “uno se siente impotente y frustrado porque uno habla y habla con ellos todos los días, les dice que hay que cambiar para que la ciudadanía nos tenga confianza pero al salir a la calle, es otra cosa, se les olvida que andan un uniforme y que están poniendo en mal la institución”.
En el lapso de la depuración policial, se han dejado ver diversos hechos que muestran la necesidad que se acelere este proceso que tomó forma a partir de octubre de 2011, tras el asesinato de dos universitarios a manos de policías, también asignados a la posta de la Granja.
El hecho criminal contra los estudiantes sucedió el 22 de octubre de 2011, cuando los jóvenes Rafael Alejandro Vargas Castellanos y Carlos David Pineda, fueron asesinados por elementos de la Policía, hecho que conmocionó a la sociedad hondureña.
Por este caso, en diciembre pasado, el Supremo hondureño condenó a penas que oscilan entre los 58 y los 66 años de cárcel a cuatro ex policías, tras hallarlos culpables del asesinato de Rafael Alejandro Vargas y de su amigo Carlos Pineda.
Recientemente, el director de la Policía Nacional, Ramón Sabillón, informó que 748 agentes de la Policía Nacional de Honduras habían sido destituidos desde que hace más de dos años que comenzó un proceso de depuración del organismo.
Indicó que del total de destituidos, 171 agentes suspendieron las polémicas pruebas de confianza, que incluyen el polígrafo, la de toxicológica, la de psicométrica y la patrimonial, precisó Sabillón en declaraciones a los periodistas.
Asimismo, el pasado 12 de julio, el jerarca policial, manifestó que como parte de las acciones de depuración en ese cuerpo de seguridad del Estado, habían sido destituidos 30 efectivos, apenas en dos días de esa semana y entre ellos figuraban los tres agentes de la Dirección Nacional de Servicios Especiales de Investigación (DNSEI), acusados por matar a dos mujeres y para los cuales la Fiscalía pedía 30 años de prisión.
Por su parte, la DIECP avanza en torno a las pruebas de confianza, investigaciones patrimoniales y de expedientes policiales, en un proceso que si bien avanza, aún está lejos de certificar una policía con profundas huellas del delito.
Villanueva, primero al mando de esta dirección refirió que hasta la fecha la DIECP ha realizado casi seis mil pruebas de confianza a lo interno de la Policía Nacional.
“Ninguno de los miembros de la Policía que se supone participaron en estos hechos a que la prensa se ha referido recientemente había sido evaluado y por consiguiente esto nos enseña que hay que continuar el trabajo de vigilancia permanente, de evaluación constante de la conducta y el comportamiento de los policías”, apuntó.
Argumentó que de las seis mil pruebas practicadas por la DIECP a miembros de la institución, han posibilitado la separación de unos mil efectivos.
Asimismo, mencionó que la DIECP ha enviado al Ministerio Público un total de 447 expedientes de miembros policiales que presuntamente se han involucrado en actos ilícitos.
El cuerpo policial se encuentra integrado por unos 12 mil 500 miembros, de los que 959 son oficiales, un mil 96 personas conforman el personal auxiliar y el resto pertenecen a la escala básica.
