Tegucigalpa – La violencia, que cada día deja a una mujer muerta en Honduras, llegó también a las cárceles, donde el fin de semana una reyerta entre reclusas dejó seis fallecimientos en una cárcel femenina ubicada en Támara, Francisco Morazán.
– Otros sucesos criminales podrían ocurrir en otras cárceles de varones en represalia a lo sucedido en la penitenciaría femenina.
En la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), se produjo un ataque de varias integrantes de una pandilla que propinaron cuchilladas a sus rivales de otra mara, dejando el saldo trágico de seis jovencitas muertas.
De acuerdo a lo informado, las asesinadas son integrantes de la MS-13. Todas jóvenes, una recién parida, otra embarazada y algunas recién llegadas a ese recinto carcelario.
Cuatro de las víctimas apenas tenían días de haber ingresado a la cárcel femenina, por lo que estaban en un módulo pasando cuarentena por la epidemia de COVID que azota al país.
Versiones oficiales dan cuenta que integrantes de la Pandilla 18 provocaron un incendio en una parte de la cárcel, para desviar la atención y aprovechar el momento y atacar a sus rivales de forma despiadada. Las ahora occisas fueron asesinadas mediante cuchilladas y estranguladas.
Este tipo de sucesos violentos no habían ocurrido al interior de una cárcel femenina y únicamente eran sucesos recurrentes en ergástulas para hombres.
Actualmente, en el PNFAS hay una población carcelaria de 897 privadas de libertad, la mayoría sin sentencia, es decir que muchas no han sido vencidas en juicio. El recinto fue concebido para 450 internas.
En ese orden, la mayoría de esta población carcelaria oscila entre las edades de 18 y 35 años, de acuerdo a datos oficiales.
Urge separación de reclusas
La representante de la Asociación de Familiares de Privados de Libertad, Delma Ordóñez le confió a Proceso Digital que la incertidumbre se apodera de ellas por los acontecimientos que pudieran suceder en las próximas horas, en el caso que no se tomen las medidas correctivas.
Desglosó que hay otro grupo que padecen enfermedades crónicas, entre ellas 15 que tienen tuberculosis y otras con otras morbilidades.
Dijo que están preocupados y han hecho los reclamos pertinentes al Instituto Nacional Penitenciario (INP) para que ofrezcan una explicación de lo ocurrido el sábado por la noche en la PNFAS.
Pidió que se haga una separación de reclusas en módulos seguros para que no vuelvan ocurrir matanzas entre las internas. “Tenemos conocimiento que varias reclusas han recibido amenazas de parte de un grupo que aseguran que las atacarán por lo ocurrido hace unos días”.
Ordóñez reveló que los módulos 8 y 9 están siendo resguardados por las autoridades penitenciarias y que se harán las separaciones para evitar desgracias mayores. “Muchas privadas de libertad manifiestan que cuando ocurrieron los asesinatos, ellas -homicidas- manifestaron que las próximas iban a ser estos dos módulos”, apostilló.
A renglón seguido, expresó: “exigimos que se deduzcan responsabilidades por lo ocurrido porque se trató de una negligencia de las autoridades penitenciaria. Las privadas de libertad comentan que mientras se cometían los asesinatos las custodias no hicieron nada… queremos creer que tenían miedo y no querían que les pasara algo a ellas”.
Puntualizó que “exigimos que nos escuchen como familiares de los privados de libertad y tomen decisiones encaminadas a evitar más violencia en las cárceles. Las internas también son seres humanos y tienen derecho a la vida, algunas me dicen que cometieron delitos leves y no tienen nada que ver con estos grupos de asociaciones ilícitas”.
Concluyó que el PNFAS es la única cárcel femenina a nivel nacional, donde se recluyen a mujeres de todo el país, por lo que es necesario que se le hagan remodelaciones o la edificación de un inmueble con las condiciones de seguridad.
Buscan a autoras intelectuales
Consultada por Proceso Digital, la portavoz del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Digna Aguilar, refirió que los entes de investigación ya realizan su trabajo y buscan a las autoras intelectuales como materiales del violento hecho que se registró el fin de semana.
“El Instituto Nacional Penitenciario ha ofrecido todo el apoyo y colaboración a la Dirección General de Investigaciones y al Ministerio Publico para realizar las investigaciones y determinar las causas e identificar a las autoras materiales e intelectuales de estos lamentables hechos que arrebataron la vida a seis privadas de libertad”, declaró.
Agregó que, al interno del reclusorio femenino se ha tomado una serie de medidas y ya se tiene el control total del centro penitenciario.
Recordó que, en este momento este reclusorio está bajo el mando de la Policía Nacional, quienes han recobrado el orden en el mismo.
La portavoz detalló que actualmente la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) cuenta con una población carcelaria de 897 privadas de libertad.
Posteriormente, puntualizó que dos las víctimas mortales eran madres de menores, quienes ya fueron entregados a los familiares de la misma.
Primera matanza en cárcel de mujeres
La coordinadora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), Migdonia Ayestas, sostuvo que en los últimos años este es el primer caso de muertes múltiples que se da en una cárcel de mujeres.
Según Ayestas, las mujeres han realizado amotinamientos, pero no son crueles como lo fueron en este evento ocurrido el fin de semana.
“Es la primera vez que se da algo así, si bien hay en algunas ocasiones muertes de una o dos mujeres, pero no como la sucedida donde perdieron la vida de esa forma tan violenta, donde hubo premeditación y planificación”, arguyó.
Añadió que estas muertes tienen una connotación especial porque las mujeres no usan ese odio y saña contra otra mujer, eso siempre se espera que suceda de un hombre hacia una mujer.
Consideró como grave la situación ya que la forma cruel en las que las reclusas utilizaron los medios e instrumentos para matar a sus compañeras y hacer algo así, es grave.
Sostuvo que lo sucedió en la cárcel del mujeres es la evidencia de la poca seguridad que se tiene en estos espacios cerrados y que son administrados por el Estado y que pese a estar bajo el mando de una Comisión Interventora poco o nada han hecho por asegurar las mismas y controlar a las privadas de libertad en este caso.
Señaló que otro hecho grave es que familiares de las reclusas habían denunciado, al director del recinto, amenazas a muerte y sobre esa amenaza tendría que haber reaccionado el funcionario e iniciar una investigación.
De enero a la fecha suman 15 sucesos múltiples con un saldo de 57 personas, entre estos dos hechos donde figuran muertes de solo mujeres, uno de ellos en la cárcel, apuntó Ayestas.
Otros hechos podrían suceder en más cárceles
De su lado, el director del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), Hugo Maldonado, dijo que la acción criminal del pasado fin de semana, ocurrido en PNFAS, “nos tiene sorprendidos a todos y máxime a nosotros que mantenemos un trabajo alrededor de familiares de privados de libertad.
“Esto nos vino a sacudir -prosiguió- y nos preocupa porque en Támara lo que había pasado era que las mismas privadas de libertad ponían la disciplina en su interior, pero habían quedado situaciones de inconformidad al interior de las reclusas desde la administración anterior porque, inclusive, había una vulneración de derechos que realmente era insoportable la situación”.
Desglosó que lo ocurrido el sábado por la noche en la cárcel femenina sin duda fue planificado bajo dos escenarios: uno de provocar un incendio en un lugar para desviar la atención de las autoridades, y el otro el ataque que protagonizó un grupo contra sus rivales de asociaciones ilícitas.
Calificó lo ocurrido como “una acumulación de vulneración de derechos que se arrastran desde hace meses atrás”.
“La reyerta que ocurrió en PNFAS nos traerá consecuencias en otros centros penitenciarios del país, porque los grupos tienen sus códigos de honor, como ser: no perder poder, no perder miembros y por eso esta situación debe redoblarse la seguridad en todos los recintos”, aseveró.
Maldonado no descartó masacres u otros hechos violentos en más cárceles del país a raíz de lo ocurrido en Támara. “No queremos otra reyerta como lo ocurrido en El Pozo, La Tolva o la de Tela a finales del año pasado, lo ocurrido en Támara nos pone en alerta porque nos guste o no, se trata de seres humanos bajo la responsabilidad del Estado de Honduras”, reforzó.
El defensor de derechos humanos denunció que el Estado no asume su responsabilidad, al tener a muchas reclusas guardando cárcel cuando ya se les venció el plazo de la prisión preventiva.
Patrón de normalización de violencia
Mientras, la sicóloga Issis Romero dijo a este medio de comunicación que la violencia contra las mujeres llega a niveles alarmantes en Honduras, donde no solo los hombres se convierten en sus verdugos, sino que las mismas féminas.
“Vencer esta epidemia de violencia constará no solo gastos económicos y sociales, también se requieren acciones integrales para prevenirla, pero más que todo para erradicarla”, apuntó.
Romero dijo que las muertes violentas de mujeres representan en cualquier sociedad “la expresión más grave de violencia que impiden que un país alcance justicia social”.
La violencia impide a las mujeres empoderarse y lograr espacios en la sociedad, reflexionó.
Puntualizó que existe un patrón de normalización de la violencia contra las mujeres. “Nos acostumbramos a la violencia y vemos cada vez desde una perspectiva más fría las situaciones que ocurren contra las mujeres, no se trata de un tema de moda, es algo grave que ocurre en el país”.