Esta semana, el estado de Oklahoma torturó a un hombre hasta la muerte. El martes 29 de abril, Clayton Lockett fue sujetado a una camilla en la sala de ejecución del estado. A las 6:23 pm, ante una habitación llena de testigos entre los que se encontraban doce integrantes de medios de comunicación, se le inyectó en sus venas el primero de tres fármacos. Ziva Branstetter, editora del periódico Tulsa World, se encontraba entre los periodistas que observaban. Relataría luego el suplicio de Lockett minuto a minuto:
“6:29 pm. Los ojos de Lockett están cerrados y su boca ligeramente abierta”.
“6:31 p.m. El médico revisa las pupilas de Lockett, coloca su mano sobre el pecho del recluso y lo sacude ligeramente. ‘El Sr. Lockett no está inconsciente’, dice [la Encargada de la Penitenciaría del Estado de Oklahoma Anita] Trammell”.
Branstetter continúa el relato de lo que está presenciando:
“6:38 pm. Lockett está gesticulando, gruñendo y levantando completamente su cabeza y sus hombros de la camilla… Parece estar sintiendo dolor”.
Repentinamente, se cierran las cortinas, ocultando así la horrenda situación que se desarrollaba en la cámara de ejecución, y se solicita a los periodistas que se retiren. La muerte de Lockett fue declarada a las 7:06 pm. Branstetter afirmó durante el programa de noticias “Democracy Now!”: “Como una de los periodistas que fue testigo de lo sucedido, me gustaría recibir más respuestas. Tengo planeado solicitarlas hoy. Estoy segura de que el abogado a cargo presentará varias apelaciones. El Departamento de Correccionales nos dijo anoche que aún no han determinado si esto podría ser considerado como una ejecución ya que murió de un ataque cardíaco 43 minutos después». La mayoría de las ejecuciones de Oklahoma tardan unos seis minutos en concretarse. Robert Patton, director del Departamento de Correccionales, explicó posteriormente que la vena de Lockett “explotó”.
El “cóctel letal” que se usó con Lockett no había sido utilizado nunca antes por Oklahoma. El mismo está compuesto de midazolam, como sedante, bromuro de vecuronio, para detener la respiración, y cloruro de potasio, para detener el corazón. Estaba previsto que Charles Warner fuera ejecutado el mismo día que Lockett. Tras el terrible fallo en la ejecución de Lockett, la Gobernadora de Oklahoma, Mary Fallin, suspendió por catorce días la ejecución de Warner. El miércoles, al anunciar una revisión de los procedimientos con inyecciones letales, Fallin expresó: «No le he fijado al Comisionado Thompson una fecha límite para la finalización de la revisión. Si no la completa para el 13 de mayo, se emitirá un nuevo aplazamiento, llegado el momento. Si el comisionado Thompson precisara hacer ajustes, o resultara necesario modificar los protocolos de ejecución del estado, dicha tarea será realizada”. Si bien la revisión que ordenó Fallin incluirá una autopsia de Lockett que deberá ser llevada a cabo por un patólogo independiente, la revisión en general estará a cargo de un integrante del gabinete de Fallin, por lo que su carácter de “independiente” se está viendo cuestionado.
Lockett y Warner habían demandado al estado de Oklahoma alegando que la confidencialidad respecto a la fuente de los fármacos y al cóctel a ser utilizado en la ejecución infringía sus derechos constitucionales. Una jueza de Oklahoma estuvo de acuerdo y emitió un aplazamiento de las ejecuciones el mes pasado. Los magistrados de la Corte Suprema de Oklahoma estuvieron posteriormente de acuerdo y emitieron su propio aplazamiento el 21 de abril. El 22 de abril, la Gobernadora Fallin, alegando que la Corte Suprema no tenía jurisdicción, ignoró los aplazamientos y reprogramó las ejecuciones para el 29 de abril. Al día siguiente, la Corte Suprema canceló su aplazamiento argumentando que, en realidad, los reclusos no tienen derecho a conocer los químicos que serán utilizados en sus ejecuciones.
Madeline Cohen representa legalmente al otro hombre condenado a muerte, Charles Warner. Cohen sostuvo: “Después de que Oklahoma se negara durante semanas a revelar información básica respecto a los fármacos que se utilizarían en los procedimientos de ejecución de hoy, esta noche Clayton Lockett fue torturado hasta la muerte”. Y agregó: “Creo que intentan ocultar que todo salió terriblemente mal. Recordemos que la ejecución se lleva a cabo mediante la colocación de vías intravenosas en ambos brazos al mismo tiempo, y que se supone que dosis simultáneas e iguales se introducen en ambos brazos, y que se supone además que deben ser dosis bastante grandes de los fármacos. Por lo que considero poco realista asumir que las venas de ambos brazos fallaron simultáneamente o que le haya tomado tanto tiempo al médico actuante constatar que una vena explotó, incluso después de que declaró que el Sr. Lockett se encontraba sedado. Tiene que haber una investigación exhaustiva, una investigación independiente y una autopsia independiente o nunca sabremos lo que salió tan espantosamente mal”.
El fallido procedimiento de ejecución de Lockett tuvo lugar poco después de un desastre similar en Ohio. El 16 de enero, a Dennis McGuire se le aplicó un cóctel de dos fármacos. Su hijo, que también se llama Dennis, fue testigo de su sufrimiento. “Mi padre empezó a jadear y a luchar para respirar. Vi cómo su estómago hacía movimientos bruscos. Lo vi intentar sentarse a pesar de las correas que lo sujetaban a la camilla. Lo vi apretar los puños varias veces. Me pareció que luchaba por su vida, pero se asfixiaba. La agonía y el terror de ver a mi padre asfixiarse hasta la muerte duró más de diecinueve minutos”, sostuvo Dennis.
Hay muchas más historias como estas. Los estados se desesperan por conseguir los fármacos para las ejecuciones, ya que las compañías farmacéuticas europeas se niegan a vender a los gobiernos estatales de Estados Unidos cualquier fármaco que pueda ser utilizado en una ejecución. El sitio web de noticias Colorado Independent obtuvo documentos enviados por correo electrónico de los que surge que el Fiscal General adjunto de Oklahoma bromeó con un colega de Texas respecto a que podría ayudar a Texas a conseguir los fármacos a cambio de entradas preferenciales para un importante partido de fútbol americano.
El Centro de Información sobre la Pena de Muerte indica que, desde 1973, 144 personas que habían sido sentenciadas a pena de muerte fueron exculpadas y posteriormente liberadas. Se trata de personas inocentes que podrían haber sido ejecutadas. Un artículo incluido en la prestigiosa revista de la Academina Nacional de Ciencias publicada tan solo un día antes de la ejecución de Lockett sugiere que más del 4% del total de reclusos sentenciados a muerte serían liberados si se dedicara el tiempo suficiente para rever adecuadamente sus casos. Incluso en aquellos casos en que la culpabilidad no está en discusión, se podría argumentar sobre una base meramente económica. Ejecutar a un recluso cuesta entre tres y cuatro veces más que mantenerlo encarcelado durante toda su vida sin posibilidad de libertad condicional.
La mayoría de los países desarrollados han prohibido la pena de muerte. Estados Unidos comparte la práctica de esta barbarie con países como China, Irak, Irán y Arabia Saudita. Dado que muchos estados de nuestro país llevan a cabo atroces experimentos con prisioneros, como en el caso de Lockett, resulta de vital importancia recordar que la Constitución prohíbe el castigo cruel e inusual. Lamentablemente, el castigo cruel e inusual se está transformando en algo cada vez más usual.
