– Aún hay 70 expedientes que son analizados, por lo que se prevé que las suspensiones se darán periódicamente.
– Esta semana varios jueces del norte del país denunciaron amenazas e intimidaciones por casos emblemáticos que se ventilan en los tribunales de la República.
– Fuentes judiciales establecen que sólo mediante la aprobación de dos mil 450 millones de lempiras de presupuesto para este 2014 se garantiza una depuración en ese poder del Estado.
Estas determinaciones del Consejo de la Judicatura se sumarían a la veintena de jueces que han sido suspendidos del sistema de justicia hondureño.
‘‘El próximo miércoles vienen más determinaciones del Consejo de la Judicatura, lo más seguro es que haya más separaciones’’, dijo la fuente a Proceso Digital.
Explicó que Inspectoría de Tribunales periódicamente traslada los expedientes al Consejo de la Judicatura y que en esa medida se determina suspender a los jueces y empleados del Poder Judicial, siempre cuidado y respetando el debido proceso.
La fuente recordó que desde que el Consejo entró en operación han logrado la suspensión de 18 jueces, cuatro separaciones y otros dos que guardan prisión, que es el caso de las ex juezas María Fonseca y Wendy Caballero.
Incluso el esposo de la ex jueza Wendy Caballero, identificado como Roberto Carlos Amaya Talavera y que se desempeñaba en Lempira, también fue separado del cuerpo de jueces del Poder Judicial debido a ciertas irregularidades en el ejercicio de sus funciones.
El pleno del Consejo de la Judicatura que encabeza el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera Avilés, se reunirá el próximo martes y ese mismo día estarían informando las importantes decisiones de ese cuerpo judicial.
El Poder Judicial acaba de recibir cuatro carros blindados para brindar protección a los jueces de todo el territorio nacional, aunque están a la espera de la entrega de otra veintena de este tipo de automotores.
El Consejo de la Judicatura tiene un presupuesto asignado de 40 millones de lempiras.
La próxima semana se discute en el hemiciclo Legislativo el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y cabe recordar que el Poder Judicial demanda dos mil 450 millones de lempiras para operar en este 2014.
Una parte de esos recursos serán utilizados para el pago de prestaciones a muchos empleados judiciales que no quieren someterse a las pruebas del polígrafo, patrimoniales, toxicológicas y otras que establece la ley.
El 2014 comenzó con separación de cinco jueces Este 2014 arrancó con la suspensión de cinco jueces y la separación de otro. Los jueces suspendidos fueron: Esteban Daniel Quevedo, Gladis Ochoa Sierra y Karla Magdalena Vásquez quienes se desempeñan como Jueces de Letras del Juzgado Penal de Tegucigalpa; asimismo, se ordenó la suspensión de Lourdes Barahona Andino, Juez de Letras Penal del Trabajo de Tegucigalpa y Yobany Valladares Aly, Juez de Letras Departamental de Santa Bárbara. Según informe oficial presentado por la Inspectoría de Tribunales los motivos para estas suspensiones se relacionan con las sustitución de la medida de prisión preventiva por medidas sustitutivas contraviniendo lo ordenado por Cortes de Apelaciones; acreditación de firmas en inspecciones y comparecencias en las cuales los funcionarios no estuvieron presentes; detención ilegal y por no excusarse de conocer juicio en caso en el que ameritaba hacerlo, entre otras. Además, Roberto Carlos Amaya Talavera, quien se desempeñaba como juez interino en Puerto Lempira, Gracias a Dios, fue separado de su cargo, por lo que el Consejo de la Judicatura ordenó inmediatamente su sustitución. Pero también en la presente semana, fuentes del Consejo de la Judicatura informaron que varios jueces de San Pedro Sula permanecen bajo amenazas del crimen organizado, por lo que se tomaron las acciones pertinentes para salvaguardar sus vidas. La información fue confirmada por la integrante del Consejo de la Judicatura, Liliam Maldonado, quien agregó que ya se tomaron algunas medidas para evitar que los jueces de esa zona del país reciban algún tipo de atentados. El Consejo de la Judicatura después de analizar un informe elaborado por elementos de investigación en San Pedro Sula, el que establece que jueces de tribunales de sentencia, de letras y de familia denunciaron que están amenazados a muerte por el crimen organizado, se decidió tomar las medidas precautorias del caso, explicó Maldonado. |
