Guatemala – La defensa de la exvicepresidenta de Guatemala Roxana Baldetti presentó hoy una denuncia en contra del juez que autorizó el embargo de los bienes de la ex alta funcionaria, quien fue puesta bajo prisión preventiva tras ser acusada de liderar una trama de corrupción estatal.
En la Torre de Tribunales, el letrado Mario Cano dijo a periodistas que esta decisión se debe a irregularidades en el proceso de embargo, a cargo del juez de Extinción de Dominio Marco Antonio Villeda, y agregó que tiene «documentos» que acreditan esta situación.
El embargo afecta tres propiedades de Baldetti, dos situadas en la Ciudad de Guatemala y una en una playa del océano Pacífico; otra a nombre de su marido, Mariano Paz, y seis millones de quetzales (770.000 dólares) distribuidos en diferentes cuentas bancarias.
Baldetti, quien renunció a la Vicepresidencia el 8 de mayo pasado, está acusada de los delitos de cohecho pasivo, defraudación aduanera y asociación ilícita en el caso denominado «La Línea».
Por el mismo escándalo se encuentra encarcelado desde el 3 de septiembre el expresidente Otto Pérez Molina, quien renunció a su cargo ese mismo día después de tres años y medio en el poder.
La jueza Anabella Cardona, a cargo de la Sala de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio, denegó el pasado 22 de junio una apelación y ratificó así la decisión de Villeda, quien adoptó la medida de embargo por las posibles implicaciones de la exvicepresidenta y su esposo en el escándalo de corrupción y la ausencia de un perfil económico que justificara la adquisición de las propiedades.
Cano explicó hoy que los delitos de los que se acusa al juez Villeda son «falsedad material, prevaricato, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad».
El defensor considera que el juez incurrió en «anomalías e inconsistencias» durante el proceso y agregó que su equipo también presentará un amparo para que se revisen todas las resoluciones adoptadas por Villeda.
El letrado expresó además su deseo de que el Ministerio Público (MP-Fiscalía) admita a trámite la denuncia y actúe «con apego a la ley».
En este sentido, dijo que el miércoles presentarán el recurso de reposición «correspondiente» para revertir el embargo.
La Ley de Extinción de Dominio, aprobada en 2011 en Guatemala, faculta a las autoridades para confiscar a los delincuentes los bienes adquiridos en actividades ilícitas y a su utilización por parte del Estado. EFE
