San Pedro Sula – La jueza Norma Iris Coto, directiva de la Asociación de Jueces y Fiscales, en el norte del país, reconoció este miércoles que sí existe retardo en la aplicación de la justicia en el país, ya sea de forma maliciosa o por negligencia.
Sin embargo, apeló porque los jueces que son suspendidos tengan el derecho a la defensa porque, según ella, éstos pueden tener muchas razones como una fuerte carga de trabajo.
En cuanto a si se sienten perseguidos por el Consejo de la Judicatura, dijo “es como un temor santo o sabio temor de hacer las cosas bien para que no lo suspendan a uno”.
Agregó que en el caso de la jueza suspendida temporalmente Nelly Martínez, “ella tendrá que desvirtuar con pruebas las acusaciones de dilatación de los casos, recodemos que los abogados de Enrique Flores Lanza han impuesto escritos, se ha apelado en otros casos y eso también retrasa los juicios”, justificó en declaraciones a la radio capitalina HRN.
Por su parte, el magistrado Francisco Quiroz, del Consejo de la Judicatura, dijo que se ha seguido el debido proceso para la suspensión de la jueza, Nelly Martínez.
Añadió que en efecto se ha comprobado que hay retardo de la justicia “y eso no se puede seguir permitiendo”.
En ese sentido, dijo que se están tomando las medidas y se hace un trabajo de investigación que viene de varios meses atrás.
Mientras que el abogado Abel Orellana, indicó que no hay celeridad procesal, en gran parte porque falta personal y los jueces tienen una gran carga de trabajo.
“Se debe de contratar más personal, yo ya tengo una audiencia para 2016 que se celebrará en Comayagua, el retraso es por falta de jueces y eso se tiene que solventar”, ejemplificó.
Apuntó que tampoco hay libertad porque el Consejo de la Judicatura está condicionando el trabajo de los jueces.
