Tegucigalpa – El Congreso Nacional hondureño y sus 128 diputados dejan al cierre de 2016, una mora legislativa significativa. Normativas como la nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional, la Ley de la Carrera Policial, la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales similares o la parte especial del nuevo Código Penal se han quedado en el tintero.
–Dinero Sucio: el Congreso deberá elegir a los miembros de la Unidad Técnica de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización, creada para auditar e investigar a partidos y candidatos.
-Se prevén reformas a la Ley de Secretos.
Este conjunto de leyes se consideran vitales en la lucha que contra la criminalidad e impunidad se libran en el país.
No menos importante es la Ley sobre el Consentimiento Previo en materia de derechos humanos, que es en cumplimiento al artículo 169 del convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para consultar a los pueblos indígenas previo a la toma de decisiones que les puedan vincular, en un país con ocho etnias diferenciadas, cuyos asentamientos se encuentran, ancestralmente, en zonas sensibles del territorio hondureño.
También quedó pendiente la Ley para la Protección de los Desplazados Internos, un tema que toca la piel de miles de familias hondureñas que se movilizan dentro del territorio hondureño, afectados especialmente por extorsionadores o violencia provocada por las pandillas y el narcotráfico.
Normativas como una dirigida a normar el seguro obligatorio por daños a terceros por accidentes de vehículos y la ley para regular las empresas de seguridad privada, también quedaron relegadas del quehacer de la cámara.
Descentralización y DDHH
En el balance legislativo, vale apuntar que este 2016 se aprobó la Ley de Descentralización del Estado, cuyo objetivo es dotar a los alcaldes de mayor libertad de gestión frente al gobierno central, para lograr el desarrollo económico y social de sus comunidades.
Asimismo, se aprobó el convenio para la instalación en Honduras de una oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, suscrito en Ginebra, Suiza, el 15 de mayo de 2015.
Otro decreto aprobado este año es el concerniente a la reforma por adición al artículo 184 del Código Procesal Penal, sobre la prisión preventiva, mediante el cual se restringe la aplicación de medidas sustitutivas de prisión a unos 19 delitos de gran impacto social.
Se aprobó, asimismo, un decreto orientado a conceder amnistía en el pago de recargos, multas e intereses en las deudas originadas por falta de pago de los aportes patronales y de los trabajadores al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Además, la reforma al artículo número 15 de la Ley del Impuesto Sobre Ventas (ISV) para exonerar del pago de ese tributo la importación de materia prima, herramientas y maquinaria para la producción agrícola.
También se aprobaron reformas a la Ley de la Marina Mercante bajo el argumento que, con las mismas, Honduras obtendrá más ingresos por el abanderamiento de barcos.
En septiembre, se aprobó la Ley del Tamizaje Neonatal para detectar tempranamente enfermedades congénitas y el decreto para que el programa de la Merienda Escolar sea permanente en centros educativos del país.
Temas políticos
Más recientemente la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a los Partidos Políticos y Candidatos o Ley de Política Limpia, la que fue acompañada e impulsada por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
Otro decreto que se aprobó con fines políticos es el que tiene que ver con la exoneración a los hondureños del pago de 200 lempiras por la reposición de la tarjeta de identidad.
Tras una intensa negociación entre las bancadas, finalmente se aprobó una reforma para permitir candidaturas en común entre movimientos internos de los partidos políticos y la reforma constitucional para aumentar miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Registro Nacional de las Personas (RNP), donde fue evidente la atípica negociación entre los partidos Nacional y Libertad y Refundación (Libre), primera y segunda fuerza legislativa respectivamente.
En el tapete quedaron proyectos de reformas electorales y constitucionales que no pudieron ser consensuados este año, entre los que destacan temas como la segunda vuelta, el voto electrónico y la reglamentación de la reelección presidencial.
Aspectos financieros y fiscales
Durante uno de los llamados congreso móvil, celebrado en noviembre en Choluteca, se terminaron de aprobar las reformas a la Ley de Instituciones del Sistema Financiero, que tienen como finalidad adaptar la legislación a la normativa internacional y evitar que los bancos presenten problemas que los lleven a una liquidación forzosa tal como ocurrió con el Banco Continental, mediante una acción temprana y oportuna de parte la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
Este año también se aprobó la Ley de Responsabilidad Fiscal, en la que se incluyen temas como poner un techo al gasto corriente, al endeudamiento público, contratación de personal y establece las sanciones, entre otros aspectos que están contemplados en el convenio suscrito con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Asimismo, se aprobó el nuevo Código Tributario el que crea la figura del monotributo o tributo único, la conformación de tribunales fiscales y la modernización del sistema recaudador, lo que permitirá reducir la tramitología para que el pago y cobro de impuestos sea más ágil en el país.
Asimismo, incluye figuras jurídicas para que el pago de multas sea gradual y de acuerdo a las utilidades del contribuyente infractor, mediante una tabla de prorrateos que hará uso de fórmulas que toman de base parámetros como salarios mínimos, se restringe la inhabilitación del Registro Tributario a los contribuyentes al igual que el cierre de negocios entre otros detalles.
Se aprobó también el Presupuesto General de la República para el ejercicio fiscal 2017, el que inicialmente fue enviado por el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Finanzas, por un monto global de 228 mil millones de lempiras.
En la agenda pendiente quedó la aprobación de la fusión por absorción entre el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi), proyecto que fue enviado por el Poder Ejecutivo, pero que no gozó del beneplácito de la mayoría de las bancadas.
Los intríngulis del poder
Vale resaltar que al actual Congreso Nacional le tocó vivir, este año, un episodio histórico con la elección de los 15 nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), lo que se logró hasta después de seis votaciones en un ejercicio que concitó el interés público. El resultado no fue extraño y mantuvo el bipartidismo: ocho magistrados nacionalistas y siete liberales.
Asimismo, este año la actual Cámara Legislativa eligió a los tres nuevos magistrados del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), mediante el nombramiento de una comisión multipartidaria integrada por diputados de todas las bancadas en un proceso controversial en el que organizaciones de la sociedad civil denunciaron que la elección fue arropada por un manto de negociaciones entre tres partidos políticos (Partido Nacional, Partido Liberal y Libre), que al final se repartieron un magistrado cada uno. No obstante, los directivos del Congreso Nacional arguyen que fue un proceso transparente e incluyente y que incluyó procesos adicionales a la normativa, como la aplicación de pruebas de confianza y audiencias públicas a los candidatos auto propuestos.
Este año también fueron electos por el Congreso Nacional la nueva comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Suyapa Thuman Conde, quien sustituyó a Doris Imelda Madrid quien renunció al cargo y a Ricardo Lara Watson como nuevo subprocurador general de la República, quien sustituyó a Jorge Abilio Serrano Villanueva, el que fue electo como nuevo magistrado de la CSJ.
Desafíos
En los albores de 2017, un año eminentemente electoral, los diputados deberán elegir a los miembros de la Unidad Técnica de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización creada mediante la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos y Candidatos, la que tendrá importantes funciones para auditar, investigar y sancionar a partidos y candidatos que infrinjan las normas de financiamiento e incumplan su deber de información.
Se estima que un desafío trascendental que deberá contar con la mirada y aprobación legislativa es el relacionado a la Ley de Secretos, que mina la trasparencia en un país abocado a poner un alto a la impunidad.
Al par, las normas vinculadas con la calidad de vida de la ciudadanía como la urgencia por tener un efectivo control de armas, leyes penales y policiales que ayuden a los procesos de depuración y fortalecimiento de la institucionalidad, que cuiden el entorno ambiental y los recursos de los pueblos, están allí al alcance de una cámara legislativa, integrada inéditamente por 7 fuerzas políticas y sus aditivos, adquiridos al sazón del desmoronamiento de noveles fuerzas legislativas que no lograron establecerse y marcar diferencias.
