Tegucigalpa- Por violaciones a los derechos humanos, el Ministerio Público presentó tres requerimientos fiscales en diferentes departamentos del país, contra ocho miembros de la Policía Nacional y dos del ejército hondureño.
En ese sentido, se interpuso acción penal en el municipio de Yuscarán, El Paraíso, contra el agente de investigación Héctor Pablo García Duarte por suponerlo responsable de los delitos de abuso de autoridad y lesiones graves en perjuicio de Héctor Antonio Rodríguez Salgado y la administración pública.
A García Duarte se le acusa por estos delitos, debido a que durante un patrullaje en la ciudad de Danlí, El Paraíso, se detuvo al joven Héctor Antonio Rodríguez Salgado, quien recibió un disparo en el tobillo de parte del agente de investigación.
Por otra parte, se presentó requerimiento en Gracias, Lempira, en contra de los policías Alfonso Sánchez López, Lázaro Portillo Benites, Nahún Moisés Nolasco Ventura, Salatiel Rodríguez Amaya, Osman Olvany Raudales Argüijo y los miembros del ejército sargento Denis Omar Gómez Martínez y el soldado Fredis Silvino Amaya Ramos por suponerlos responsables de los delitos de vejámenes, allanamiento de morada, detención ilegal, abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios.
Según investigaciones de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, el sábado 27 de agosto de 2016, los policías antes mencionados allanaron una vivienda donde departía la familia de Máximo Díaz y su amigo Anastasio Melchor Mejía, los uniformados ingresaron a la vivienda insultándolos y apuntándoles con fusiles por lo que el señor Díaz tuvo miedo e intentó huir, pero fue alcanzado por los policías, que lo golpearon con las armas en todo el cuerpo.
En torno a la misma Operación Tifón se presentó otro requerimiento fiscal por los delitos de abuso de autoridad, vejámenes y detención ilegal en el municipio de Marcala, La Paz, en el cual se acusa a los policías preventivos Eleodoro Gómez Hernández y Nolvez Pérez, quienes supuestamente propinaron una golpiza a un joven en la aldea El Carrizal, municipio de Santa Elena en la Paz.
Al consultarle el joven a los policías porque lo golpeaban, argumentaron que sabían que él vendía droga y que venía de robar porque portaba ropa y zapatos femeninos en su mochila, sin embargo, el joven se dirigía al Hospital de La Paz donde había dado a luz su compañera de hogar.
Cabe destacar que la Fiscalía de Derechos Humanos durante la Operación Tifón ejecutó varias actividades como inspecciones en hospitales, en postas policiales y los respectivos requerimientos fiscales presentados.
