Tegucigalpa – Las economías negras en Honduras, siguen siendo melladas por el desbaratamiento de estructuras criminales que han generado una falsa prosperidad en vastas regiones hondureñas.
-Una empresa incautada, cultivadora de Ocra en el sur hondureño, tiene tres mil empleados y según la OABI es solvente y sana con varios contratos de exportación a futuro que garantizan la sostenibilidad.
La generación de empleos y obras de bienestar social, hasta casi sustituir la acción del Estado, es una realidad con la que han convivido, hasta casi sentirse tutelados, pobladores del occidente, atlántico y sur de Honduras. Otros poblados del interior también han experimentado similares beneficios.
El Sur
En este contexto, un futuro incierto prima entre unos tres mil trabajadores que laboran en una impresionante plantación de ocra, localizada en Choluteca, zona sur de Honduras, la que ha sido asegurada y traspasada a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), tras la Operación Sultán, ejecutada por el Ministerio Público.
Según autoridades del Ministerio Público(MP), esta acción, como decenas realizadas simultáneamente y comprendidas en la Operación Sultán, busca desarticular la presunta organización criminal denominada “Los Pinto” a la que vinculan al cartel de los Valle Valle, cuyos cabecillas principales fueron extraditados a Estados Unidos.
Pocas horas después de los aseguramientos, los trabajadores de las plantaciones de ocra realizaron protestas públicas exigiendo el restablecimiento de sus empleos y derechos laborales.
Los pobladores relatan cómo los dueños del emporio agrícola incautado, iniciaron los cultivos hace más de cinco años, primero sembrando sandia y melón, y luego exploraron mercados asiáticos y de allí empezaron únicamente a sembrar ocra.
También fue asegurada una hacienda con cientos de cabezas de ganado de primera calidad que generaba abundantes empleos.
El patrón de las protestas
A inicios de abril de 2014, similares protestas realizaron trabajadores que se desempeñaban en las empresas del cartel de los Cachiros en el atlántico hondureño.
Los trabajadores y sus familias se tomaron entonces las principales calles de la pujante ciudad de Tocoa en Colón y sus marchas fueron constantes, cargadas de reclamos y defensa de aquellos hombres a los que elevaban a una especie de modernos Robín Hood.
Justo a inicios de ese abril de hace poco más dos años, el Ministerio Público y otras fuerzas del orden, aseguraron en esa región más de 80 propiedades valoradas en entre 600 y 800 millones de dólares, según estimaciones oficiales.
El 27 de agosto de 2014, los trabajadores de los Valle Valle, en el sector del Espíritu, Copán, también salieron a las calles y marcharon para mostrar su solidaridad con la familia designada como narcotraficantes por los EEUU.
“El Espíritu, Copán, los necesita familia Valle, Digna, Reynel, Luis, Arnulfo, los queremos…” decía la pancarta que cargaba una mujer.
“No apoyamos la corrupción apoyamos a gente que da empleos” se leía en otro rótulo.
Como en estos casos, también los pobladores de otras regiones del interior hondureño han protestado en las calles tras capturas de alcaldes o personajes regionales, presuntamente vinculados al crimen y que tienen con ellos ligues de protección y amparo, ya sea por los trabajos que generan o por las acciones sociales y solidarias.
La mutación del narco economías
En lo que va de este milenio la mutación de la economía del narcotráfico en la región es evidente, Centroamericana y no solo el Triángulo Norte, sino también Nicaragua y con un brutal repunte, Costa Rica. Estos países han pasado de ser zonas de tránsito para convertirse en bodegas, áreas de procesamiento, consumo y sobre todo de lavado de activos.
La metamorfosis de los carteles obedece a los nuevos hilos que mueven el tráfico de la droga en México y a el replanteamiento de Colombia y otros países del Sur del continente, algunos más afectados, actualmente, que otros.
Si bien la región centroamericana, cerrará 2016 con el mayor crecimiento económico regional, se prevé un alza del producto interno bruto regional del 2.5 por ciento, también es cierto que la inequidad impera en el istmo, donde la violencia, producto, en gran parte del narcotráfico, sigue marcando una terrorífica huella.
La desarticulación de organizaciones criminales ha dado paso al surgimiento de nuevas generaciones de capos, con visiones del manejo de la economía más frescas e impregnadas de modernidad.
De hecho, un nuevo elemento en las estructuras criminales, dijo una autoridad antinarcóticos que trabaja en Honduras, actualmente puede verse la movilidad de los carteles, como migran de ciudades y hasta de países. Aquí en Honduras puede verse su desplazamiento”, apostilló.
Drama socioeconómico
Al reflexionar sobre las realidades que enfrentan los trabajadores que han prestado sus servicios a empresas incautadas a presuntos narcotraficantes y el drama socioeconómico que viven, el representante del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y catedrático universitario, Hugo Noé Pino, opinó que cualquiera que sea la acción que realice la Oficina Administradora de Bienes Incautados, debe garantizar los derechos que tienen los trabajadores.
Arguyó que, en todos los casos, como sucede con la quiebra de las empresas, existen convenios internacionales en donde se establece que los derechos de los trabajadores deben ser una prioridad.
El problema es que los trabajadores, tras estar laborando para una empresa que es incautada, se queden sin respuestas a sus necesidades y sin derechos laborales.
Noé Pino dijo desconocer si la Ley de la OABI, contempla este aspecto, pues si no lo contiene debería hacerse una reforma a esa legislación para que no ocurran casos de desprotección laboral.
Llamado a cooperar
Respecto a empresas aseguradas durante la operación Sultán, la portavoz de la OABI, Claudia Solórzano, remarcó que esa dependencia ha tomado posesión de los bienes que el Ministerio Público incautó y que ahora va a administrar esa oficina.
Solórzano también indicó que son más de tres mil trabajadores los que laboran en esa empresa.
Detalló que, tras los allanamientos, toca a esa dependencia enfrentar la administración de bienes que en muchas ocasiones requieren especial atención ya que presenta el desafío de lidiar con personal, trabajadores y mantener un control dentro de lo que dictan las atribuciones de las normas establecidas.
Por ello Solórzano pidió la colaboración de los trabajadores en el sur hondureño al decir que “en la medida que se coopera con la OABI en el traspaso de la empresa, en esa misma medida se va a continuar con la operatividad de la misma y esta dependencia puede proceder a hacer sus pagos, a revisar las planillas y darle un curso normal a la empresa que en este caso es una empresa muy consolidada, muy fuerte económicamente porque tiene cuentas bancarias a nombre de la empresa que permite hacer el pago de las planillas”, arguyó.
No obstante, indicó que es un proceso que se debe seguir por lo que pidió a los trabajadores alejar preocupaciones, no tener temor y dejar que el personal de la OABI haga su trabajo al interior de la empresa.
Añadió que en Choluteca los trabajadores se tomaron la carretera por el temor normal de las personas de perder su trabajo y la incautación se realizó en el momento que correspondía hacer los pagos de planillas, pero los empleados deben colaborar con la OABI, pues esa dependencia lo que menos quiere hacer es perjudicarlos ni dejarlos sin empleo.
Aseveró que a todo el personal ya le fue cancelado su salario el viernes pasado, aunque todavía estaban molestos debido al desconocimiento en cómo la OABI actúa una vez que se le traspasa un bien.
