Ginebra – Un Comité de la ONU expresó hoy su preocupación por las crecientes «medidas represivas», los ataques, el hostigamiento y las campañas de difamación contra mujeres activistas en Honduras, especialmente dedicadas a la protección medioambiental y los proyectos de desarrollo de tierras.
En su informe sobre la situación de la mujer en el país centroamericano que analizó el 3 de noviembre, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) se muestra preocupado por las intimidaciones, la violencia sexual y las represalias que sufren las mujeres activistas en Honduras.
Integrado por expertos independientes, el Comité en particular se inquieta por estos ataques «en el contexto de proyectos de desarrollo de tierras, la defensa de la protección medioambiental y la defensa de los derechos humanos de mujeres de comunidades indígenas y afrohondureñas».
En este sentido destaca el Comité la muerte de las defensoras de los derechos humanos de Margarita Murillo en 2014 y de la ambientalista Berta Cáceres este año, «pese a las reiteradas denuncias de la situación de riesgo y del acoso que enfrentaban y las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Cáceres, que se oponía al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, fue asesinada el 3 de marzo pasado.
Murillo, una destacada líder del movimiento campesino, fue atacada a tiros por tres hombres el 27 de agosto de 2014 en el departamento de Cortés, en el norte del país.
Los expertos independientes destacan además la «falta de protección eficaz de las defensoras de derechos humanos y la impunidad de la que gozan los autores» de ataques contra las activistas, ante la «ausencia de investigaciones, enjuiciamientos y condenas efectivas por delitos» contra estas mujeres.
Asimismo, subrayan la «criminalización de protestas sociales y las restricciones al derecho a la libertad de reunión pacífica de defensoras de derechos humanos» en Honduras.
Por todo ello el Comité recomienda a Tegucigalpa adoptar y aplicar, sin demora, «medidas efectivas para la protección de defensoras de derechos humanos, a fin de permitirles el ejercicio libre de su importante labor, sin miedo o bajo la amenaza de violencia o hostigamientos».
También aconseja al Gobierno hondureño que aplique la Ley sobre la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y trabajadores de la Justicia, y desarrolle un protocolo con una perspectiva de género para investigar, enjuiciar y castigar ataques y otras formas de abusos cometidos contra activistas mujeres.
Pide además que se investigue de manera eficaz, se enjuicie y se castigue adecuadamente «todos los casos de violencia contra mujeres activistas, también en casos de violencia contra mujeres que defienden el derecho a la tierra o los recursos naturales, y que despenalice las protestas sociales y las reuniones pacíficas».
Los expertos por último instan a Honduras a «poner fin al enjuiciamiento de activistas mujeres por sus actividades, a través de las cuales ejercen sus derechos humanos».
